Reforma al Régimen disciplinario del Poder Judicial
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- Publicado: Martes, 01 Octubre 2024 11:48
- Embajada de los Estados Unidos y autoridades judiciales presentan propuesta de proyecto de ley, elaborado mediante cooperación internacional.
La Corte Plena recibió formalmente la propuesta de proyecto de Ley del Régimen Disciplinario del Poder Judicial, la cual, comenzará a analizar para su aprobación y posterior envío a la Asamblea Legislativa, con la finalidad de que se pueda convertir en ley de la República. Esta iniciativa refuerza el debido proceso en las investigaciones administrativas, da la posibilidad de acogerse a una solución anticipada del conflicto y permite la justicia restaurativa en sede disciplinaria con plazos que se amplían hasta los 3 años. También introduce un conjunto de institutos procedimentales con la finalidad de luchar contra la corrupción, por ejemplo se podrá trasladar prueba recabada legalmente en el proceso penal, o acceder a información privada, por medio de un proceso sumario de garantías, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La iniciativa de Ley del Régimen Disciplinario del Poder Judicial o Código de Conducta se entregó de forma oficial en la sesión de Corte Plena de este lunes 30 de setiembre de 2024, por parte de la Embajada de los Estados Unidos, el Presidente de la Sala Segunda Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y el magistrado de la Sala Primera Jorge Leiva Poveda.
“Esta propuesta de ley disciplinaria judicial incorpora reformas de procedimiento y de fondo. Se fortalece el proceso de investigación disciplinaria con institutos novedosos, con la finalidad de recabar prueba y fortalecer la investigación administrativa”, afirmó el magistrado Sánchez Rodríguez.
La iniciativa contemplaría únicamente dos tipos de faltas, leves y graves, unificando en una sola norma 38 conductas dispersas en diferentes leyes del país, como faltas graves y 17 como faltas leves. Las faltas graves se sancionarían con seis meses de suspensión y hasta el despido sin responsabilidad patronal y las leves con hasta 3 meses de suspensión.
Se incorpora el concepto de despido sin responsabilidad, derogando la nomenclatura de revocatoria de nombramiento, y dispone la prohibición de reingreso por hasta 10 años. Se fortalece al Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública para que puedan imponer sanciones de hasta un mes de suspensión con recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Disciplinario de Apelación. También se elimina la potestad disciplinaria a cargo de las jefaturas de despacho, manteniendo únicamente la capacidad de emitir advertencias.
Para la Embajadora de los Estados Unidos, Cynthia Telles, “…esta iniciativa es sumamente importante para luchar contra la corrupción y reforzar la confianza del pueblo en el sistema de justicia costarricense. Este nuevo código permitirá contar con un sistema de justicia más efectiva, cuyo pilar clave es la consolidación de un régimen disciplinario más robusto dentro de la institución y permitirá que los mecanismos de aplicación de justicia se ajusten a los más altos estándares de transparencia y buenas prácticas internacionales, respetando los derechos de los funcionarios judiciales”.
El magistrado Jorge Leiva resaltó que sería la primera norma con rango legal no solo a nivel costarricense, sino a nivel regional, que incorpora un sistema de garantías del debido proceso en materia disciplinaria, expresamente positivizadas en un texto legal.
“Este producto contiene un muy robusto catálogo de institutos del debido proceso en materia disciplinaria; se regula expresamente el tema de la Independencia Judicial de las personas juzgadoras en el ámbito disciplinario, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, imparcialidad y gratuidad. Se regula legalmente en ley ordinaria el estatus que tiene la Secretaría de Género en materia disciplinaria, igualmente se atiende la especificidad en materia indígena e incorpora muy novedosos e importantes institutos en materia de lucha contra la corrupción, como la posibilidad de trasladar prueba recabada en el proceso penal, con todas las garantías, en el tanto no ponga en riesgo el proceso en esa materia”, detalló Leiva Poveda.
Este producto del Grupo de Reformas al Régimen Disciplinario en el Poder Judicial contó con la cooperación del National Center for States Courts y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Embajada de los Estados Unidos.
A este evento asistieron el Fiscal General de la República Carlo Díaz Sánchez, el Director de la Defensa Pública Juan Carlos Pérez Murillo, así como funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica.
