Poder Judicial de Costa Rica

“La independencia del Poder Judicial debe ser considerada por todos los y las ciudadanas”

  • Afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro rinde informe de labores en Inauguración del Año Judicial 2022.

Las labores emprendidas por el Poder Judicial durante el 2021, los retos y prioridades, así como el ejercicio de la función constitucional de administrar justicia, fueron los ejes centrales del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2022.

El acto tuvo lugar en la sesión solemne de Corte Plena celebrada este viernes 25 de marzo en la que participaron representantes de los Supremos Poderes, Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte; Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; Carlos Avendaño Calvo, Presidenta a.i de la Asamblea Legislativa y Max Esquivel Faerrón, Presidente a.i del Tribunal Supremo de Elecciones.

La actividad se realizó de forma presencial, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia y se trasmitió de forma virtual por los canales oficiales del Poder Judicial.

“La independencia del Poder Judicial debe ser considerada por todos los y las ciudadanas como una garantía de control, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin injerencia de otros órganos estatales o privados.  El equilibrio de los poderes, en su dimensión social e individual, gravita en la judicatura.”, destacó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, quien rindió su cuarto informe de labores desde su gestión.

Tecnología y continuidad del servicio judicial

Durante el 2021 el Poder Judicial, frente a la cuarta ola que afectó al país por la pandemia del Covid-19, se potenció el uso de las tecnologías, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales. 

“Estos facilitaron a las personas usuarias la realización de una serie de trámites sin que tuvieran que trasladarse a los distintos despachos judiciales del país.  El uso de los avances tecnológicos presentes en lo que ha sido caracterizado como “la sociedad 4.0” permitieron a los usuarios no sólo un acceso a la justicia de manera virtual, sino la tramitación y resolución de los procesos judiciales”, destacó el jerarca judicial.

Se emitieron más de 500 mil hojas de delincuencia durante el 2021, se tramitaron vía electrónica más de 240 mil demandas y más de 2 300 000 mil escritos en línea. Desde el Sistema de Depósitos Judiciales se inyectó a la economía nacional más de ₡277 mil millones.

Actualmente se trabaja en el denominado tipificador de documentos, que es una herramienta capaz de leer escritos para clasificarlos de forma automática, sin intervención del personal del despacho.  Actualmente, un  plan piloto  se emprende en el Jugado de Cobros de Pérez Zeledón y se registra una precisión global del 80% actualmente.

Al finalizar el 2021, el Poder Judicial finalizó con un circulante activo de 1 353 897 asuntos, un 1,81% más que en el 2020 y  527 821 expedientes se resolvieron.  En el caso específico de la materia cobratoria, el circulante al final del año pasado fue de 247 892 casos activo, que representa el punto más bajo de asuntos pendientes en los últimos 22 años, muestra de las acciones institucionales emprendidas.

Prioridades institucionales

“Conscientes de la difícil situación económica del país y como es característico del Poder Judicial, se realizaron los mayores esfuerzos para hacer un uso eficiente y efectivo del presupuesto asignado, lográndose una ejecución presupuestaria del 98,55% del presupuesto, que  atendieron las necesidades de la Judicatura, del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, de la Defensa Pública y del ámbito administrativo”, puntualizó el Presidente de la Corte.

En esta línea de la transparencia y rendición de cuentas, destacó el lanzamiento del Observatorio Judicial, por ser una plataforma virtual que pone el Poder Judicial a disposición de la ciudadanía, con información sobre el funcionamiento y los servicios que se brindan.

Se suma el avance en la construcción de la Política Anticorrupción del Poder Judicial como herramienta orientadora que norme e impulse las acciones coordinadas de este Poder la República, para la prevención, detención, mitigación y reacción de los actos de corrupción en la gestión pública judicial, aprobado por Corte Plena.

Se destacó la labor emprendida por la Oficina de Cumplimiento en la identificación de amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas a la ética y la probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción, desde la capacitación interna a la población judicial, asesoría y atención de consultas referentes al Reglamento de Conflicto de Interés del Poder Judicial; así como la puesta en funciones del simulador de conflictos de interés, que pretende ser un instrumento de construcción de conocimiento, así como de consulta y valoración, de uso voluntario.

Las acciones afirmativas en esta materia, permitió al Poder Judicial alcanzar en el 2021 el segundo lugar en el Índice de Transparencia Institucional, al obtener una evaluación de su sitio web de 99,77 puntos, de 256 instituciones públicas.  Resaltó el primer y tercer lugar obtenidos por el Ministerio Público y el OIJ respectivamente.

En gestión ambiental, este Poder de la Repúblico obtuvo una nota de 98.68% en el índice anual que desarrolla la Dirección de Gestión y Calidad del Ministerio del Ambiente y Energía.

En el tema de proyectos constructivos, la labor de la Comisión de Construcciones permitió hacer realidad la puesta en funciones del edificio Torre Judicial, que alberga las

materias laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y justicia restaurativa. Obra que se desarrolló bajo la figura del fideicomiso.  Con este mecanismo financiero, en noviembre del 2021 se inició la construcción del edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, con un costo de $39 millones y albergará una población judicial de 368 personas servidoras, con un área de construcción de aproximadamente 23 000 m2 y un área externa de 6 200 m2.

Retos judiciales

Para el 2022, el Poder Judicial mediante un esfuerzo presupuestario logró incluir la suma de ₡511 276 926,79, destinados a acondicionar un espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y que albergará a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (judicatura, Ministerio Público y Defensa Pública.  “Esos recursos permitirán la construcción y remodelación de salas de juicio, que se adapten a las condiciones particulares de seguridad que son necesarias en causas de gran complejidad, en las que intervienen numerosas partes y testigos, tal y como es característico en esta jurisdicción”, explicó Cruz Castro, de cara a la preparación de la institución para la puesta en marcha de esta jurisdicción y que se sumaría a los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal fin.

Fortalecer el gobierno judicial desde la reforma de la estructura administrativa de la Corte Plena se mantiene latente, para darle eficiencia y celeridad. “La modernización real y profunda de la institución y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en uno de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad, en el sistema de gobierno y gestión del servicio de Administración de Justicia. Tiene que existir un generoso desprendimiento de parte de los magistrados y las magistradas, un desapego hacia el modelo tradicional.”, expresó el magistrado Fernando Cruz.

A estos retos, el Presidente de la Corte sumó la imperiosa labor de fortalecer el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y magistradas propietarios y suplentes, con criterios objetivos y de transparencia a fin de que se nombre a las mejores personas juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.

“La construcción y el fortalecimiento de la independencia de la judicatura, debe ser un propósito de todos los poderes, en el respectivo ámbito de sus competencias. La voluntad de poder de los partidos políticos, del parlamento y del Poder Ejecutivo, pueden barrer y socavar la independencia de Poder de la judicatura, por eso la construcción de la independencia judicial es una exigencia que no es exclusiva de la judicatura, sino que es un imperativo para los actores políticos, de lo contrario, el poder de la judicatura siempre será letra mojada, una denominación sin relevancia para la vigencia de la democracia”, determinó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, en su discurso.

 

 

 

 

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