El Gobierno se ha opuesto a la construcción del nuevo hospital de Cartago, y Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se suma a los diferentes intentos por frenar el avance del proyecto.
Debido a que la empresa adjudicada para la construcción retiró la oferta, los directivos analizan la posibilidad de readjudicar el contrato.
Taylor expresó este lunes, en sesión de la Junta Directiva, que ahora le preocupa el tema financiero, pese a que Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, fue claro al señalar que la institución cuenta con los fondos para la readjudicación.
Uno de los temas que más me preocupa es la razonabilidad de los precios y la disponibilidad presupuestaria. Precisamente, viendo este panorama, una diferencia de $80 millones, obviamente no es poca cosa.
Aquí nosotros todavía no hemos determinado si la segunda oferta es la idónea, si es el proveedor idóneo. Sobre todo porque ni siquiera hemos analizado a fondo por qué una diferencia tan determinante, como lo es casi $80 millones, implicaría que nosotros, como administración activa, tomemos una decisión, a pesar de que contamos con un criterio de la Gerencia Financiera que establece que hay disponibilidad presupuestaria.
Son dos temas distintos: una cosa es la razonabilidad del precio de la oferta en segundo lugar, cuya diferencia con la adjudicación original es de $80 millones, y otra es la disponibilidad presupuestaria con la que contamos, dijo Taylor.
La Gerencia Financiera presentó su criterio el 13 de febrero sobre si la CCSS tiene los recursos para pagar la segunda oferta, cuyo precio es superior al de la compañía originalmente adjudicada. Cabe resaltar que la Gerencia de Infraestructura declaró la segunda oferta como razonable y elegible, además de cumplir con los requisitos técnicos, administrativos y legales.
El gerente financiero aseguró que la institución ha logrado aumentar sus reservas financieras a lo largo de los años y que cuenta con el dinero para la readjudicación, ya que dispone de recursos por ¢226.000 millones.
La suma adicional por financiar puede ser solventada con la capitalización de intereses del principal invertido. Los recursos adicionales no implican la suspensión de otros proyectos o iniciativas, detalló Picado.
Este jueves 20 de febrero, los representantes del sector patronal y del Estado frenaron el avance del hospital de Cartago.
El bloque patronal adujo que el criterio jurídico de cómo proceder con el retiro de la empresa adjudicada se pidió en octubre de 2024 y se excusan en la necesidad de uno más actualizado, pese a que nada cambió.
Taylor se excusó en que al sector del Gobierno “le preocupan los plazos”.
No porque sea un tema urgente, nosotros vamos a pasar por encima la legalidad, dijo Taylor.
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Ambar Segura
