El régimen de Ortega y Murillo consolidó un entramado jurídico para la persecución de la población nicaragüense, mediante graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y hasta terrorismo de Estado. En el país se instauró un régimen policial del terror donde las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son una pŕactica común del Estado. Este régimen también ha golpeado especialmente la esfera religiosa mediante la persecución y represión de la religión y personas religiosas. Por ejemplo, solo en agosto del 2024 se cancelaron 881 colectivos de índoles religiosa, siendo el mayor número de cancelaciones desde el 2018, según datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica.
Actualmente existe por parte del régimen de Ortega y Murillo una campaña de persecución, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, difamación, prohibición de celebraciones religiosas, criminalización de servicios religiosos, cierre de medios de comunicación religiosos, confiscación de bienes y cuentas bancarias, expulsión de personas y órdenes religiosas, religiosos detenidos arbitrariamente, desnacionalizados arbitrariamente, desapariciones forzadas, entre otros hechos, sin precedentes en la historia del país.
Ya desde la nueva llegada al poder del Frente Sandinista en 2007 comenzaron las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Por ejemplo, en 2009 se calificó a los obispos nicaragüenses de corruptos y se les llamó a rezar en vez de opinar sobre política. En 2014 la Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió una reunión con Ortega donde le pidieron garantizar en las elecciones del 2016 un proceso electoral transparente y abierto e hicieron un llamado a la reconciliación, el respeto a los derechos humanos, la democracia, y el Estado de derecho.
Sin embargo, la actual crisis nicaragüense se inició en abril del 2018 producto de la represión y violencia policial con la que respondieron Ortega y Murillo frente a las masivas protestas por la reforma del sistema de salud y pensiones. En los primeros meses se reportaron golpizas a sacerdotes y ataques por parte de policías y paramilitares usando armas de guerra y de grueso calibre en contra de parroquias y jóvenes atrincherados en ellas que buscaban refugio frente a la represión autoritaria. Ortega acusaba entonces a los obispos de ser partícipes de una conspiración golpista para sacarlo del poder y llegó a calificar al Papa Francisco de nazi, dictatorial, antidemocrático, racista, antipopular e hipócrita.
El 2023 inició con la prohibición de la procesión de Jesús Sacramentado, que se realizaba desde 1968, y al mes siguiente los viacrucis de cuaresma se debieron realizar en el interior de cada parroquia, ya que el régimen había prohibido todas las actividades religiosas públicas. La misma suerte corrieron todas las actividades religiosas durante Semana Santa. El régimen estableció un estado policial de facto con el objetivo de recuperar el espacio público perdido (“recuperar la calle”). En 2023 el régimen hizo extensiva ese estado policial a las procesiones religiosas. Esta acción, ejecutada también como una forma de castigo a las diócesis y parroquias críticas, dejó en evidencia el temor del régimen nicaragüense a cualquier aglomeración popular. Estas comenzaron a ser vistas como un riesgo para la estabilidad del régimen. Este control se extendió a la esfera de las organizaciones de sociedad civil con enfoque religioso, siendo víctimas de cierres incluso masivos y en algunos casos acompañados de confiscaciones de sus bienes.
Desde 2018, la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ido aumentando, afectando tanto a los medios independientes como a aquellos vinculados a diferentes denominaciones religiosas siendo las más afectadas la iglesia evangélica y la católica. Estas violaciones alcanzaron un nuevo nivel con el cierre arbitrario de más de 56 medios de comunicación, la cancelación de permisos de transmisión, confiscación de equipos y la criminalización de periodistas, y dentro de este grupo, aquellos vinculados con alguna iglesia o denominación religiosa.
La persecución a la libertad de religión y creencia en Nicaragua representa una de las expresiones más alarmantes del autoritarismo del régimen de Ortega y Murillo. Al atacar a comunidades religiosas, líderes espirituales y espacios de fe, el gobierno no busca sofocar voces críticas y debilitar los lazos sociales. Este asedio, que ha escalado hasta convertirse en política de Estado, viola los principios fundamentales de los derechos humanos, garantizados tanto en la Constitución nicaragüense como en tratados internacionales.
Internacionalista, activista y consultor de derechos humanos
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