Países aprueban las reglas para transacciones de carbono entre Estados

(AFP)
(AFP)- Los países ricos podrán cumplir con sus objetivos climáticos pagando a países de África o de Asia en lugar de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, tras la adopción de unas nuevas reglas en la COP29 este sábado.
La decisión, tomada este sábado por los países reunidos en la conferencia de la ONU sobre cambio climático, en Bakú, fue recibida con aplausos y llegó tras años de un espinoso debate sobre el comercio de créditos de reducción de emisiones de carbono.
Hasta ahora, los créditos de carbono los utilizan sobre todo empresas que quieren anular sus emisiones, con el fin de presentarse como compañías con un balance de emisiones de carbono neutral, y lo hacen en un mercado ajeno a toda normativa internacional y marcado por numerosos escándalos.
Pero, a partir de ahora, para alcanzar sus objetivos en materia climática, los países -sobre todo, los ricos, más contaminantes- podrán comprar créditos de carbono o firmar transacciones directamente con otros países que actúen mejor incluso que en lo marcado en sus propios objetivos.
Esta posibilidad estaba prevista en el artículo 6.2 del acuerdo de París de 2015, y la decisión de este sábado la hace efectiva. Varios expertos afirmaron temer que estos mecanismos permitan que los Estados se declaren menos contaminantes de lo que realmente son, creando un “greenwashing” a gran escala.
No obstante, los países en desarrollo, principalmente africanos y asiáticos, cuentan con esas transacciones para obtener financiación internacional.
Suiza, pionera
Los países ricos financiarían actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en los países más pobres: plantar árboles, sustituir vehículos con motores a combustión por eléctricos o reducir el uso del carbón. Luego, registrarían en su propio balance de carbono la reducción correspondiente de emisiones.
Antes incluso de la aprobación de los países miembros de la ONU ya se habían firmado 91 acuerdos bilaterales, especialmente por Japón, Corea del Sur y Singapur, para 141 proyectos piloto, según cifras de la ONU del 7 de noviembre.
Suiza firmó un acuerdo con Ghana para reducir las emisiones de metano procedentes de residuos, y un pacto con Tailandia para financiar una flota de autobuses eléctricos en Bangkok. Esta es la única transacción realizada de momento.
“Si tenemos la posibilidad de una reducción [de emisiones] en el extranjero y, al mismo tiempo, ayudar [a esos países] es una [operación] en la que todos ganan”, dijo en la COP29 el ministro de Medio Ambiente de Suiza, Albert Rösti.
“Amenaza”
Los promotores de las transacciones de carbono subrayan que permiten generar ingresos en los países en desarrollo. Pero sus detractores temen que, con ellas, los países se dediquen a firmar cheques en lugar de reducir las emisiones en sus territorios.
“Esta es la mayor amenaza contra el acuerdo de París”, dijo a AFP Injy Johnstone, investigadora especializada en la neutralidad de carbono en la Universidad de Oxford y que siguió de cerca las negociaciones finales en Bakú. Su temor: que muchos países “se apoyen en él para alcanzar” sus objetivos.
Proyectos en espera
En paralelo a este sistema descentralizado, de Estados a Estados, existirá otro sistema -centralizado- de intercambios de créditos de carbono, abierto tanto para los Estados como para las empresas, conocido con el nombre de “artículo 6.4” en la jerga de la ONU.
En el primer día de las COP29, los Estados adoptaron nuevas normas que enmarcan ese mercado, con lo que presentaron como estándares mejorados, bajo la supervisión de un órgano de Naciones Unidas.
“El mercado podrá echar a andar, hay muchos proyectos que esperan”, explicó a AFP Andrea Bonzanni, del organismo IETA (International Emissions Trading Association), que reúne a más de 300 miembros, incluyendo a empresas de energía como BP y TotalEnergies.
Pese al impulso que se le ha dado en la COP29, varios expertos dudan que la calidad de los créditos de carbono vaya a aumentar realmente en estos mercados regulados.
Según Erika Lennon, abogada en el Centro para el Derecho Internacional del Medioambiente (CIEL, por sus siglas en inglés), habrá que ver si esos mercados “no crean aún más problemas y escándalos que los mercados voluntarios de carbono”, es decir, los mercados no regulados entre empresas.
Varios estudios han demostrado la ineficacia de muchos proyectos que habían sido certificados por organismos privados poco rigurosos, a veces en detrimento de las poblaciones locales.

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Agencia

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