El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que eleva a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la figura de “copresidenta” y aumenta su control sobre la sociedad, según un documento al que tuvieron acceso medios de comunicación, incluida la AFP.
La propuesta, que aumenta el periodo presidencial de cinco a seis años, fue sometida a la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) por lo que previsiblemente será aprobada sin problema.
“La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, que se designarán en elecciones que se celebrarán “cada seis años”, no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, es señalado por Estados Unidos, la Unión Europa y países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.
La reforma consigna que “los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad tras las protestas de 2018.
Ortega y su poderosa esposa acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”, y en el caso de las entidades económicas para que no apliquen las sanciones como las que ha impuesto Estados Unidos.
“El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.
Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, agrega el texto.
Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.
En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad.
Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.
Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN.