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Seis jueces y juezas de la República han sido capturados a lo largo de este 2024: principalmente se ha develado su posible implicación en actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, a través de 4 importantes investigaciones.
Los hechos más recientes fueron dados a conocer el pasado martes 10 de diciembre, con la detención de Jean Carlo Sandí Chaverri, el juez penal quien labora en la provincia de Limón y que figura como sospechoso de recibir un soborno de unos $15 mil para autorizar que un sujeto investigado por narcotráfico saliera de la cárcel.
Otros expedientes sonados como el caso Topo y el caso Madre Patria, cuyos operativos ocurrieron a mediados del año en curso, han demostrado la posible cercanía de la delincuencia con funcionarios del Poder Judicial, institución que ha sido penetrada.
La primera detención ocurrió el pasado 20 de junio, cuando un juez apellidos Mora Ramírez de Limón, fue detenido por almacenar marihuana y pipas. Esta fue la menos mediática de las capturas.
Tan solo horas después, dos jueces apellidos Cabezas y Sánchez, así como una jueza de apellido Padilla, fueron arrestados porque presuntamente filtraban información de expedientes al abogado y exjuez Luis Diego Ulloa, quien se dedicaba a defender legalmente a criminales conocidos de Cartago.
Cuatro días después, un juez llamado Luis Venegas Marín fue uno de los objetivos del segundo operativo más grande en la historia de la policial: el caso “Madre Patria” descubrió que en apariencia, el funcionario asesoró y participó en transacciones por hasta $500 mil con banda que se dedicaba a ejecutar fraudes registrales y legitimar las ganancias.
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Randall Zúñiga, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó a crhoy.com que es muy posible que otros casos se destapen durante los próximos meses, dado que mantienen varias investigaciones en curso.
“Hay muchos casos más, no solamente estos. Hay casos que están en investigación y que seguramente en algún momento se van a develar. La lucha siempre es continua y constante”, manifestó el jefe policial.
Además, el director del OIJ considera que estos acontecimientos salgan a la luz pública, más allá de demostrar las posibles debilidades en el Poder Judicial, muestra también que ni altos funcionarios como los jueces quedarán impunes.
“Evidentemente el Poder Judicial es susceptible a actos de corrupción, pero más allá de eso lo importante es que hay una policía y hay una Fiscalía que están velando porque situaciones como esta puedan ser perseguibles y puedan ser castigables.
El hecho de que un juez decida pasarse de forma ilegítima a un bando, eso nos da una motivación mucho más fuerte para intentar perseguirlo y hasta el final poder detenerlo, como fue en estos casos”, señaló Zúñiga.
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Caso Jet (ח)
El juzgador Jean Carlo Sandí Chaverri, es señalado de cometer los supuestos delitos de procuración de impunidad y cohecho, dado que a través de Jorge Ramírez Salas, el exabogado del jefe de sicarios Tony Peña Rusell, habría negociado y ejecutado un millonario pago a cambio de facilitar la salida de la cárcel de Marco Herrera, alias “Banano”.
Herrera, el beneficiado, descontaba prisión preventiva y según la investigación, logró sobornar al juez con el fin de que le cambiara la medida cautelar, de forma que no estuviera más encarcelado y tuviera más libertad. Además, habría asesorado de previo en cómo argumentar la petición.
Al parecer, fue un monto de unos ₡7,5 millones (al tipo de cambio actual) para que el juez facilitara y hasta asesorara cómo se debía buscar la liberación de alias “Banano”, quien descontaba prisión preventiva mientras aguarda un juicio por hechos vinculados al trasiego y comercialización de droga y quien tras ejecutar un pago, quedó con restricciones más flexibles.
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Crhoy.com pudo constatar que Jean Carlo Sandí trabaja en el Poder Judicial desde hace unos 20 años y está nombrado como juez 3, una plaza con un rango salarial fijado en ₡3.015.582, de acuerdo con la escala de salario global definitiva de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Este funcionario consiguió en julio y setiembre anteriores dos designaciones importantes en juzgados penales del Caribe, órganos a cargo de tramitar medidas cautelares, conocer expedientes y acusaciones de delitos, y realizar trámites en las etapas preparatoria e intermedia del proceso judicial.
El 11 de julio de 2024, fue ser nombrado en propiedad como Juez 3 en el Juzgado Penal de Sarapiquí, designación que rigió a partir del 1 de agosto de 2024, con un periodo de 3 meses que venció el 21 de octubre.
Posteriormente, este juez ahora cuestionado logró regresar a los Tribunales de Limón centro tras asumir en propiedad la plaza N.º 45138 de juez penal. Fue específicamente el 1.º de noviembre que retornó. Así se despliega del Acta de Consejo Superior N.º 091.
Sandí Chaverri se vio beneficiado para obtener esta vacante, con el voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. Así se desvela de las actas del Consejo Superior N.º 091 y 094 consultadas por este medio.
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Caso Topo
Tres jueces identificados los apellidos Cabezas, Sánchez, Padilla, así como los tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa, todos funcionarios del Poder Judicial en Cartago, fueron detenidos como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y posiblemente hasta legitimación de capitales.
Las pesquisas del caso Topo iniciaron con la muerte del exjuez apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago.
Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y después se dedicaba presuntamente, a ejercer la defensa de estructuras criminales conocidas y trascendentes en la Vieja Metrópoli.
Se cree que previo a su muerte, sacaba provecho de la amistad y relación hasta familiar con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
La incautación y posterior revisión del teléfono de Luis Diego Ulloa fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales. Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo, confirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El volumen de trabajo fue tal, que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información.
La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial que de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.
A finales de julio anterior, los funcionarios fueron suspendidos con goce de salario.
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Caso Madre Patria
La mañana del 25 de junio, Costa Rica amaneció con la noticia del segundo operativo más grande en la historia del OIJ: fueron 54 allanamientos simultáneos que tenían como fin capturar a 42 personas vinculadas con un megacaso de fraudes registrales, corrupción y lavado de dinero.
Un total de 516 agentes tenían como objetivo desarticular a una organización criminal que en apariencia se dedicaba a arrebatar propiedades a adultos mayores y personas en el extranjero, para apropiarse de ellas a nombre de testaferros y luego generar hasta $35 millones en ganancias.
La lista de imputados estaba conformada por extranjeros conocidos por la justicia internacional por estafar, abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español.
Entre ellos estaba el juez de la República, al parecer realizó reuniones en su vivienda con otro investigado a fin de brindar asesoramiento y redactar documentos para la defensa penal en los procesos en contra de los integrantes de esta organización.
De acuerdo con el informe judicial, esto ocurrió contrario a su deber de objetividad e imparcialidad esperado en un Juez de la República y denotando su intención de favorecer los intereses de los miembros del grupo criminal.
Según reveló crhoy.com, el juzgador habría pactado y realizó actos preparatorios para la entrega de dinero, que según las llamadas ronda entre $300 y $500 mil dólares con Fernando Gómez, correspondientes a los rendimientos de la esperada inyección de capital (dinero en efectivo) procedente de actividades ilícitas.
A él se le atribuyen un delito de asociación ilícita, legitimación capitales, un delito falsificación público y auténtico. Descuenta un año de prisión preventiva.
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Tenencia de droga
El 20 de junio anterior, un funcionario que trabaja en el Juzgado Penal de los Tribunales de Justicia, en Limón. Al hombre le encontraron marihuana, una pipa, una computadora, celulares y papelería con el membrete del Poder Judicial.
Se trata del juez apellidos Mora Ramírez de 32 años, capturado en Batán. Allí será indagado y posteriormente se valorará la solicitud de medidas cautelares. El juez figura como sospechoso de infringir la Ley de Psicotrópicos.
Fueron cuatro allanamientos ejecutados por el OIJ en tres en propiedades ubicadas en Guácimo, Limón y Talamanca, propiamente en las comunidades de Siglo XXI, Limón Centro y Bribrí, así como en los Tribunales del Caribe.
La investigación en contra de Mora inició el 11 de junio anterior, luego de que la policía judicial se enteró de que el juez tendría drogas en su poder, por lo que se inició un proceso penal bajo la causa 24-001028-0063-PE.
La Inspección Judicial, órgano que vigila el comportamiento de los funcionarios del Poder Judicial, confirmó que tiene un proceso disciplinario sobre el juez de Limón.
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¿Comprados o coaccionados?
De acuerdo con Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, el denominador común en todos los casos es la ‘compra de consciencia’: es decir, grupos criminales intentan de alguna forma obtener información privilegiada de causas en procesos, que les sirva o convenga para mantener la actividad delictiva.
Todavía el OIJ no ha encontrado casos donde exista algún tipo de intimidación o señalamiento similar, para que bajo coacción los funcionarios entregan información sensible.
Cuando recordamos casos tan importantes como “Cochinilla”, habían también otras motivaciones no solo económicas sino también sexuales que facilitaban estos grupos criminales. No solamente es el dinero lo que le motiva a la persona para caer en la corrupción.
El involucramiento de funcionarios judiciales obligó al Ministerio Público a emplear tácticas completamente diversas para evitar que se fugara la información y que el caso no fuera visualizado por personas que vinieran a consultar.
En ocasiones como el más reciente megacaso de corrupción y fraudes ‘Madre Patria’, los fiscales manejan los expedientes de forma secreta y hasta entregando las solicitudes en las manos a los jueces, para reducir la fuga de datos. Así lo detalló semanas atrás el fiscal general, Carlo Díaz.
Para que las personas involucradas en esta investigación no se alertaran tuvimos que manejar algunas estrategias, para que no se revelara a terceras personas esa información de que estábamos investigando este caso y que no era simplemente 24 casos aislados. Parte de ese secreto que mantuvimos es lo que logra visualizar que al menos 4 funcionarios consultaron si existía específicamente una causa al respecto.
Pese a los recientes casos, en junio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, negó la existencia de una crisis sistemática de corrupción dentro de la administración de justicia, sino que considera son casos alejados.
A mí me provoca mucha tristeza cuando en estos señalamientos que el mismo Poder Judicial realiza, vemos involucrados funcionarios. Es importante recalcar que nosotros estamos comprometidos con la probidad y estaremos implacables en la investigación y persecución de cualquier hecho indebido.
Source
José Adelio Murillo
