La UEI apoya al OIJ en los allanamientos que así lo requiera. Captura de pantalla/Casa Presidencial
Una serie de oficios intercambiados entre Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, y Natalia Díaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, confirman que la propuesta de ajustes en la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita al Ministerio de la Presidencia, se planeó en el seno del Ministerio de Justicia y Paz.
Casa Presidencial publicó el decreto ejecutivo 44637-MP, denominado “Reglamento de organización y funcionamiento de la UEI”, el 21 de noviembre. Firmado por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández Delgado, actual ministra de la Presidencia.
El decreto puntualiza y amplía las atribuciones que ostenta la UEI, la cual nació como un cuerpo policial especializado en brindar protección a jerarcas y a participar en intervenciones táctico-policiales, principalmente sobre narcotráfico y terrorismo.
Según documentos aportados por Casa Presidencial a petición de este diario, el 26 de octubre de 2023 la entonces ministra Díaz remitió al jerarca Campos la propuesta de reestructuración de la UEI. En esa comunicación, la funcionaria aportó un oficio del 17 de octubre de ese mismo año donde la Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de la Presidencia emitió un pronunciamiento sobre las reformas propuestas.
El 1° de noviembre de 2023, 5 días después, el ministro Campos respondió a Díaz otorgando el aval a los ajustes planteados en la UEI señalando que la competencia como “rector en Seguridad Ciudadana y Justicia”.
Precisamente, el 13 de junio de 2022, el presidente Chaves firmó el decreto ejecutivo que reglamentó la distribución orgánica del Poder Ejecutivo. La norma estableció 13 sectores estratégicos gubernamentales con sus respectivos ministros rectores y secretarías sectoriales a cargo, donde se han incorporado a la totalidad de entes y órganos de la Administración Central y Descentralizada, los cuales se agrupan en 4 consejos presidenciales: Social, Económico, Ambiente y Seguridad, presididos de manera directa por el presidente y el vicepresidente de la República. En esa distribución, al ministro Campos le fue asignada la rectoría del sector de Seguridad Ciudadana y Justicia.
“De acuerdo con el Decreto N.º 43864-PLAN Reglamento para el trámite y resolución de reorganizaciones administrativas y los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) como ministro rector del Seguridad Ciudadana y Justicia, he conocido el Estudio Técnico de Reorganización Administrativa Parcial de la UEI adscrita a la Presidencia de la República, y se avala en todos sus alcances.
“Dicho aval se sustenta además en el informe técnico MJP-SPSI-UPS-2023-06-0053 emitido por la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del Ministerio de Justicia y Paz. Favor avanzar con el debido proceso ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica”, detalló Campos, en el oficio enviado a Díaz.
El ministro Campos desarrolló la mayoría de la carrera profesional en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y desde 2013 fungió como subdirector de ese cuerpo policial.
Chaves confirmó el pasado 27 de noviembre que el decreto ejecutivo sobre el nuevo reglamento de la UEI procura que ese cuerpo policial obtenga más información previa sobre los allanamientos en que participará.
La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia.
Históricamente, se especializa en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.
El texto del nuevo decreto, que deroga uno existente desde 2005, agrega y detalla que departamento de Operaciones de la UEI tiene como funciones planificar, supervisar y participar en los diferentes operativos policiales de alto riesgo, en los cuales se requiere de la del equipo policial.
Entre estos, se citan textualmente: allanamientos; vigilancias especiales por motivos de narcotráfico, terrorismo; operaciones encubiertas y de montaña. Protección a los miembros de los Supremos Poderes y dignatarios que estén visita oficial dentro del país, atender las acciones de violencia, fuga de reos; búsqueda y rescate de rehenes; persecuciones que sean espontáneas y generen un alto grado de violencia; colaborar en la detección y desactivación de explosivos; buscar y rescatar en caso de calamidad y/o conmoción pública, a personas y bienes en coordinación con grupos organizados de ayuda humanitaria.
A través de un video, Casa Presidencial alegó que la “UEI siempre ha realizado investigaciones y planificado allanamientos”. No obstante, antes del decreto firmado por Chaves, la palabra “planificar” allanamientos no estaba contemplada entre las funciones asignadas a la UEI.
Cualquier cuerpo policial que exista en el país requerirá de una orden de un juez para realizar un allanamiento. Así sucede con los casos gestionados desde el OIJ, la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o el Ministerio Público.
La UEI está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Archivo CRH/Casa Presidencial
Potestades del presidente
Según el nuevo decreto, el departamento de Operaciones deberá estar conformado por las oficinas de Armería, Explosivos, Comunicaciones, transportes, Materiales Radioactivos, Inteligencia Táctica, oficina canina, anfibios, Tiradores de alta precisión (TAP o francotiradores), Operadores Tácticos, capacitación, Tecnologías de la Información y, se abre la puerta a crear “cualquier otra que requiera para el debido funcionamiento”.
El decreto ejecutivo obliga a que los funcionarios del departamento de Operaciones acaten y ejecuten directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República (Rodrigo Chave Robles, en la actualidad). Así lo define el artículo 9 del reglamento sobre las competencias y competencias del departamento de Operaciones de la UEI.
El artículo 9 del reglamento, que delimita las funciones y competencias del departamento de Operaciones, señala que esa oficina debe “acatar y ejecutar las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector general de la UEI, o en su defecto, las indicadas por el presidente (a) de la República y el ministro (a) de la Presidencia”.
Además, según ese mismo artículo, esta oficina deberá “atender y resolver las solicitudes y consultas técnico-tácticas y administrativas” que sean presentadas por el presidente de la República, el jerarca del Ministerio de la Presidencia o las demás jerarquías de la UEI.
Gerald Campos, ministro de Justicia y el mandatario Rodrigo Chaves, durante programa semanal televisado. Foto: Casa Presidencial.
¿Qué es la UEI y qué hace?
La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia.
Históricamente, se ha especializado en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.
Según el nuevo reglamento, la UEI mantiene como objeto la competencia de los operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo texto también amplía y puntualiza algunas de las atribuciones que ya tenía la dependencia según un decreto ejecutivo publicado en 2005 durante la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006).
La organización administrativa de la unidad será la siguiente: dirección general, asesoría jurídica, departamento de Operaciones, departamento de Recursos Humanos, departamento Financiero y de Adquisiciones, departamento de Protección Presidencial, Unidad de Archivo Institucional y “cualquier unidad que se requiera para el debido funcionamiento, siempre en apego a las competencias”.
El artículo 2 del nuevo reglamento mantiene uno de los aspectos contemplados en el decreto de 2005 y que apunta que, por lo específico de las funciones, para la realización de un operativo, se deberá contar con la previa y expresa autorización del presidente de la República, la cual procurará obtener el director general de la UEI y en ausencia de éste, el subdirector o el encargado del Departamento de Operaciones.
“Esta autorización será girada por cualquier medio físico o digital que garantice la integridad y autenticidad de la prueba, de inmediato se hará constar en un libro especial llevado al efecto, en estricto orden cronológico, suscrito únicamente por quien obtuvo la autorización, quien también custodiará bajo la estricta responsabilidad de su oficina la prueba de autorización. Todo sin perjuicio de la necesaria movilización del personal para la pronta y efectiva atención de la situación de peligro, previo a la orden de ejecutar el operativo; sin la cual la Unidad no podrá actuar”, detalla ese artículo.
Artículo 2 del reglamento publicado este 21 de noviembre. Captura de pantalla/La Gaceta
Potestad discrecional
El nuevo reglamento recalca que el director y el subdirector general de la UEI serán nombrados exclusivamente por el presidente de la República. Un cambio relevante en comparación con el reglamento previo de 2005, el cual también daba la potestad de los nombramientos al ministro de la Presidencial.
Con el decreto nuevo se reforma el artículo 10 del decreto ejecutivo 41096-MP-SP, “Reglamento sobre grados policiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Unidad Especial de Intervención”, publicado el 3 de mayo de 2018, y se incluye la potestad para que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia de manera discrecional puedan otorgar el rango policial correspondiente vía Acuerdo Ejecutivo según la urgencia y la necesidad que posea la institución, en aras de garantizar la continuidad del servicio público”.
Artículo viejo
Artículo nuevo
El nuevo reglamento responde ala propuesta de reorganización de la UEI solicitada por Natalia Diaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, el 27 de octubre de 2023 y que respondió a un informe técnico remitido el 1° de noviembre de 2023 por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo jerarca es Gerald Campos Valverde, quien fue subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La “reorganización interna parcial” fue aprobada el 12 de diciembre de 2023 por el Mideplan dirigido por Laura Fernández Delgado, quien también ostenta el cargo de ministra de la Presidencia.
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Pablo Rojas
