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El subjefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, acusó a los diputados del oficialismo de bloquear el avance del proyecto de ley que pretende trasladar la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Casa Presidencial al Ministerio de Seguridad Pública.
Campos Cruz cuestionó que los oficialistas hayan “inundado” con 65 mociones un proyecto de apenas dos artículos y que dilaten la discusión de estas enmiendas en el plenario legislativo.
El proyecto de ley tiene dispensa de trámite desde el 29 de octubre de 2024, lo que significa que su discusión no se lleva a cabo en una comisión legislativa mediante un trámite ordinario, sino que se discute directamente en el plenario.
“Los diputados tienen cada uno hasta 10 minutos para discutir esas mociones presentadas por el gobierno. Si multiplicamos ese tiempo por la cantidad de mociones, es fácil concluir que la intención es obstruir el avance de un proyecto que cuenta con la venia de una mayoría de diputadas y diputados preocupados por la permanencia de la UEI bajo el mando de un presidente de la República que no ha escondido su estilo totalitarista y vengativo contra quienes se opongan a sus intenciones”, dijo Campos Cruz.
Los legisladores que impulsan el traslado de la UEI al MSP consideran que este cuerpo policial especializado bajo la Presidencia “ha generado una serie de inconvenientes en materia de coordinación” con otros cuerpos policiales, así como una duplicidad de costos y estrategias, lo que afecta su eficiencia operativa.
Por otra parte, los congresistas aseguran que esta policía “requiere de un mando técnico especializado en seguridad y no de una autoridad política”.
Los diputados sostienen también que, bajo una dirección política, la UEI podría generar “tensiones y conflictos
La Ley General de Policía establece que la UEI es un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. También define que sus funciones incluyen proteger a los miembros de los Supremos Poderes de la República y a presidentes de otras naciones durante sus visitas al país, desactivar explosivos y realizar operativos contra el terrorismo y el narcotráfico. Asimismo, estipula que el Presidente de la República deberá autorizar, previa y expresamente, la participación de los miembros de la UEI en cualquier operativo.
En la actual Administración de Rodrigo Chaves Robles, la UEI ha estado envuelta en constantes cuestionamientos. A inicios de año, por ejemplo, se criticó que desde la Presidencia de la República se ordenara que este cuerpo policial brindara protección a la presidenta suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, para asistir a una comisión legislativa donde debía rendir cuentas por presuntas irregularidades en su gestión.
Recientemente, también se cuestionó que los efectivos de la UEI utilizaran para su entrenamiento una finca de la familia del empresario Allan Pacheco Dent, a quien la Fiscalía investiga por presuntos permisos ilegales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Talamanca), con el fin de desarrollar un proyecto urbanístico en esta zona de la costa sur de Limón.
Además, se cuestiona que el pasado jueves 21 de noviembre, el presidente Chaves y la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, firmaron un decreto para modificar las funciones de la UEI. El decreto, actualmente bajo investigación judicial, le otorga a este cuerpo policial facultades para investigar y planificar allanamientos, entre otras funciones.
A su vez, le confiere a Chaves potestades que antes no tenía, como la promoción de los cargos policiales dentro de la UEI, los cuales antes eran otorgados únicamente por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), siempre y cuando los candidatos cumplieran con los requisitos establecidos por la ley.
Source
Carlos Mora
