En una decisión que ha encendido el debate político y jurídico en la región, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que declara como propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras. La normativa fue impulsada por diputados sandinistas y sus aliados, y se aprobó de forma expedita este martes, sin pasar por consulta en comisión.
¿Qué establece la nueva Ley de Territorio Fronterizo?
El texto legal, que ya entró en vigor tras su publicación oficial, establece que todo el territorio comprendido entre la línea fronteriza y los 15 kilómetros hacia el interior del país será considerado “territorio fronterizo” bajo propiedad exclusiva del Estado. Esta franja estará sujeta a un régimen de control especial y será resguardada por el Ejército de Nicaragua.
Argumentos del oficialismo: soberanía y seguridad nacional
Según la exposición de motivos presentada por el oficialismo, esta delimitación busca fortalecer la soberanía, prevenir injerencias extranjeras y frenar actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.
“Al establecer un área claramente delimitada desde el límite fronterizo convencional, el Estado reafirma su control sobre una zona estratégica”, justificaron los legisladores.
Además, se señala que la medida es “vital para la paz” y para proteger la integridad territorial del país, en línea con los principios de autodeterminación promovidos por el gobierno.
Derogación de ley anterior y nueva zona de control
Con la entrada en vigor de esta legislación, queda derogada la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, la cual había establecido un marco especial para la administración de estas áreas, tanto terrestres como marítimas y aéreas.
La nueva ley elimina ese modelo de gobernanza y centraliza el control en el Estado, otorgando al Ejército de Nicaragua un papel protagónico en la vigilancia de esta franja limítrofe.
Reacciones y consecuencias
Aunque el Parlamento nicaragüense celebró la aprobación unánime como un “compromiso firme con la soberanía”, críticos y observadores internacionales han señalado que la ley podría tener efectos colaterales sobre poblaciones locales, derechos de propiedad privada e incluso relaciones bilaterales con países vecinos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades internacionales aún no se han pronunciado oficialmente, pero se espera que la nueva legislación genere reacciones a nivel diplomático y regional en los próximos días.
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