Fotografía: Gobierno de El Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó un proyecto de ley anticorrupción al Congreso, con el objetivo de fortalecer las medidas contra la corrupción en el país. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde la corrupción es un tema recurrente en la política salvadoreña, generando desconfianza entre la ciudadanía.
La propuesta incluye medidas que buscan no solo sancionar a los corruptos, sino también prevenir que estos actos se repitan en el futuro. Asimismo, generó expectativas en diversos sectores de la sociedad, desde organizaciones de la sociedad civil hasta partidos políticos. Sin embargo, también generó dudas sobre su viabilidad y la disposición para aprobarlo.
La propuesta de ley anticorrupción de Bukele
El proyecto de ley anticorrupción presentado por Bukele incluye una serie de disposiciones que buscan fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar actos de corrupción.
Entre las principales características de la propuesta se encuentran:
Creación de una unidad especial: se propone la creación de una unidad especializada en la investigación de casos de corrupción, que operará de manera independiente y contará con recursos suficientes para llevar a cabo su labor.
Protección a denunciantes: la ley contempla mecanismos de protección para quienes denuncien actos de corrupción, garantizando su seguridad y confidencialidad.
Transparencia en la gestión pública: se establecerán obligaciones de transparencia para las instituciones públicas, incluyendo la publicación de información sobre contratos, gastos y procesos de contratación.
Fortalecimiento de sanciones: se prevé un endurecimiento de las sanciones para los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, así como para aquellos que faciliten o encubran estos delitos.
Construcción de un Centro Nacional Anticorrupción
El Centro Nacional Anticorrupción (CNA) es una iniciativa como parte de una nueva Ley Anticorrupción enviada a la Asamblea Legislativa. Este centro estará bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR) y se encargará de realizar labores de inteligencia utilizando tecnología avanzada. Tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos y otros, con el objetivo de detectar y actuar de manera inmediata ante actividades sospechosas de corrupción.
También se propone la creación de una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el uso de prestanombres, así como el establecimiento de un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía, para perseguir a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
Reacciones y expectativas ante la propuesta
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de contar con un marco legal para combatir la corrupción. Sin embargo, también surgieron críticas sobre la falta de claridad en algunos aspectos de la propuesta y la necesidad de garantizar que se implementen mecanismos efectivos de control y supervisión.
Por otro lado, algunos sectores políticos manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la ley sea utilizada como una herramienta política para perseguir a opositores. En este sentido, el debate será crucial para determinar el futuro de la iniciativa y su capacidad para generar un cambio real.
*Con información de La República, Perú.
