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Un operativo en conjunto entre Fuerza Pública, Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) permitió el rescate de una mujer y sus 2 hijos (3-6 años), quienes permanecían retenidos dentro de una vivienda ubicada en Calle Naranjo, en La Unión de Cartago.
Según la información compartida por las instituciones, estas personas permanecieron en cautiverio por al menos 2 años en un dormitorio. En apariencia, estaban sometidos a restricciones severas, como estar en un dormitorio sin acceso a teléfonos y pocos alimentos.
Erick Calderón, el director regional de la Fuerza Pública de Cartago reveló a crhoy.com que las autoridades consideraron que era oportuno hacer un abordaje de forma inmediata.
“Un cautiverio es donde una persona tiene privada su libertad principalmente, pero también su comunicación, educación, comida, entre otros“, comentó.
Calderón explicó que, para una persona externa a la situación, es casi imperceptible un incidente de retención.
“En esas condiciones es muy difícil que la gente sepa lo que está pasando. Inclusive para los mismos familiares si no viven en esa casa”, aseveró.
De acuerdo con el director policial, las instituciones se dieron cuenta del caso por “un descuido“, donde la mujer pudo comentarlo con la docente de una escuela a finales del ciclo lectivo del 2024.
Fue ahí donde ella reveló lo que estaba pasando. Además, este 2025 volvió a comunicarse con la docente, indicándole que la situación “estaba peor” y que requería “ayuda urgentemente“. La víctima es de nacionalidad hondureña y en condición migratoria irregular.
La maestra se comunicó con el PANI, quienes hicieron un abordaje el año pasado. Sin embargo, no pudieron ingresar a la vivienda, según Calderón.
Ante esto, el Patronato se puso en contacto con la Fuerza Pública de Cartago, para hacer un segundo contacto con la familia.
Erick Calderón detalló que las autoridades actuaron porque la víctima manifestaba que el hombre apellidado Bon, tenía armas de fuego en la casa. Además, decía que ella estaba amenazada y que si comentaba algo, iba a ser expulsada del país y los hijos quedarían con el PANI.
El director policial indicó que en el lugar encontraron una vivienda que no pertenece a pobreza o pobreza extrema. Además, las víctimas no presentaban agresiones físicas visibles.
Por su parte, el PANI indicó que no brindaría más detalles del caso, ya que la intervención “es privada“. Asimismo, expusieron que ellos participaron para garantizar la atención integral de manera coordinada.
Source
Daniel Córdoba
