Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, presidente y ministro de Hacienda. Archivo CRH/Casa Presidencial
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, fue convocado por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el proyecto de ley que presentó junto al presidente Rodrigo Chaves Robles, llamado Reforma al Marco de Resolución y Garantía de Depósitos.
Dicha propuesta incluye un artículo que protege a los jerarcas de superintendencias y los acredita para que puedan disponer de dinero del Estado en caso de ser demandados por acciones relacionadas con sus labores como funcionarios.
Los legisladores Vannesa Castro, Sofía Guillén, Montserrat Ruiz, Manuel Morales, Katherine Moreira y Olga Morera acordaron llamar al ministro para que exponga los motivos por los cuales incluyeron en el proyecto bajo expediente N.°24.256, el artículo 55 en el cual se añade el artículo 36 BIS nombrado “Deber de defensa”.
Ese numeral indica que en caso de verse inmersos en un problema judicial, los jerarcas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y los de Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), puedan disponer del dinero del Banco Central de Costa Rica (BCCR), para pagar abogados durante el proceso y asumir costos como fianzas o pago de condenas.
El escrito señala además que quienes ocupen esos puestos estarían cubiertos por un tipo de protección especial, porque incluso de ser aprobada la ley, se librarían de un proceso a nivel personal; es decir, nadie podría demandarlos.
“No será admisible la demanda en lo personal contra funcionarios de la Sugef y del Fondo de Garantía de Depósitos, resolutores designados y miembros y funcionarios del Conassif, por actos o conductas relacionadas con el ejercicio de cualesquiera de sus deberes, funciones o atribuciones, contemplados en el ordenamiento jurídico en el marco de los procesos de resolución en toda su extensión”, detalla el artículo.
Esa misma protección aplica para quienes hayan participado en los procesos aún y cuando ya no estén en la función pública.
“Las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que los terceros formulen frente a las personas indicadas en el párrafo anterior, por las acciones u omisiones realizadas por estos en el marco de resolución, serán cubiertas patrimonialmente por el Banco Central de Costa Rica. También facilitará los fondos para la constitución de las fianzas, medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse en dichos procesos y asumirá la completa defensa judicial, misma que incluirá honorarios de abogados y notarios externos y peritos”, plantea el gobierno en el proyecto.
Añaden que en caso de una sentencia condenatoria contra el Estado en la que se vea obligada a pagar daños o perjuicios, el BCCR “solo podrá subrogarse contra el funcionario o persona cubierta, cuando se haya demostrado, en sentencia o en el procedimiento administrativo correspondiente, que actuó con dolo o culpa grave”.
Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico del Banco de Costa Rica (BCR), fue citado junto a Douglas Soto, gerente general del BCR, para conocer detalles sobre esa propuesta. Sáenz calificó de inapropiado el plan que tiene el Poder Ejecutivo, pues se le estaría dando un fuero especial a estos jerarcas.
“Se está creando un régimen de inmunidad que ni siquiera los miembros de los supremos poderes en Costa Rica lo tienen, está diciendo que las autoridades supervisoras no serán responsables de lo que hagan, digan o dejen de hacer. Más allá de eso dice que el Estado será el responsable de pagarles la defensa y representación en cualquier litigio.
(…) Consideramos que es completamente inapropiado, como autoridades y funcionarios somos responsables de los que hacemos correcto o incorrecto y si alguien denuncia y toma acciones judiciales debemos asumir la responsabilidad y defenderlo como corresponde”, dijo.
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Carlos Castro
