Migrantes en condición irregular deportados desde EE.UU. hacia Colombia por las políticas de Donald Trump. Archivo CRH/Con fines ilustrativos. Foto AFP
Los 200 asiáticos que serán deportados hacia Costa Rica desde EE. UU. recibirán un permiso legal para permanecer en el país por un plazo de hasta 30 días naturales.
Este martes, en el diario oficial La Gaceta, se publicó la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que establece los lineamientos asociados a la deportación de extranjeros provenientes del territorio estadounidense.
Las deportaciones masivas forman parte del agresivo plan de Donald Trump, presidente de EE. UU., para expulsar de ese país a extranjeros en condición migratoria irregular.
Parte del proyecto consiste en gestionar las deportaciones hacia terceros países que aceptaron colaborar con el gobierno estadounidense.
La Casa Presidencial anunció este lunes 17 de febrero que Costa Rica aceptó y acordó con EE. UU. la recepción de migrantes deportados que, en primera instancia, deberían regresar a sus países de origen.
En el documento publicado en La Gaceta, la Administración Chaves Robles (2022-2026) confirma que, tras una negociación entre ambos gobiernos, Costa Rica “aceptó recibir extranjeros que serán deportados desde EE. UU. con el fin de materializar el retorno hacia los países de origen o el destino final que tengan”.
Mauricio Claver-Carone, enviado especial de EE. UU. para América Latina, envió al gobierno costarricense una carta este mismo lunes 17 de febrero, confirmando que el grupo de 200 extranjeros oriundos de Asia Central e India llegará al país este miércoles 19 de febrero en un vuelo comercial.
Los extranjeros serán movilizados en autobuses, bajo resguardo de la Policía Profesional de Migración (PPM), hasta el Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera sur (Catem), en Corredores, frontera con Panamá.
“El permiso de permanencia podrá ser autorizado por una única vez y tendrá validez por un plazo de 30 días naturales, con el fin de que las personas beneficiadas puedan abandonar el territorio nacional. Sin embargo, la PPM podrá prorrogar de manera casuística ese plazo, conforme a los trámites pertinentes para lograr que la persona extranjera abandone el territorio nacional. Esa prórroga únicamente permitirá la permanencia mientras desaparezcan los motivos que impiden a la persona continuar con su viaje. La PPM deberá implementar los mecanismos operativos necesarios para el registro y control de este tipo de excepciones, para lo cual podrá coordinar lo que corresponda con agencias internacionales”, puntualiza la resolución.
Mauricio Claver-Carone, enviado especial de EE.UU. para América Latina, estuvo en mayo de 2022 en Costa Rica, donde se reunió con el presidente Rodrigo Chaves cuando era presidente del BID. Archivo CRH/Casa Presidencial.
El otorgamiento del permiso que regula la presente resolución está sujeto a las siguientes condiciones:
Que la persona extranjera no cometa un delito en el país ni incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera beneficiada con este permiso incurra en la comisión de algún delito, conducta o antecedente que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público, se revocará de inmediato el permiso otorgado y se procederá con los trámites legales correspondientes. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona beneficiada con este permiso sea trasladada o conducida por el territorio nacional por parte de organizaciones de crimen organizado o terceras personas que, con fines delictivos, faciliten este tipo de migración.
Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución no podrán permanecer en el territorio nacional de forma irregular, sino que deberán egresar dentro de la vigencia de su autorización; en caso contrario, se harán acreedores a las sanciones pertinentes, según la legislación costarricense.
Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que no podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia.
En caso de que la Administración detecte anomalías en el uso del permiso, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme al ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes. Además, en caso de encontrarse a la persona laborando, también podrá multarse al patrono, conforme a los artículos 174 y siguientes de la Ley 8764.
Casa Presidencial aseguró que todo el proceso de deportación será financiado por el gobierno de Trump y que la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) se encargará de cuidar a estos extranjeros, mientras estén en el país.
Costa Rica es el tercer país centroamericano, tras Panamá y Guatemala, que acepta colaborar en estas repatriaciones desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero.
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Pablo Rojas
