El contexto actual, marcado por una creciente efervescencia política y un discurso público orientado a movilizar voluntades electorales, nos exige actuar con extrema responsabilidad. Resulta claro que este debate, aunque formalmente presentado como un ejercicio democrático podría generar en la ciudadanía una valoración de participación inapropiada, conforme a nuestra naturaleza y función jurisdiccional.
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