El año 2023 fue el más violento en la historia de Costa Rica, ya que se registró un incremento significativo en el número de homicidios intencionados. ¡La cifra de homicidios intencionados aumentó en 250 muertes! Esto quiere decir que aumentaron de 656 casos en 2022 a 906 en el año 2023. Para el año 2024, aunque se observó una ligera disminución, el país cerró el año con un total de 880 homicidios. Hemos vivido los dos años más violentos de la historia de nuestro país y la crisis de inseguridad persiste.
Lo más grave es que la evidente crisis no es una situación de la delincuencia asesinándose entre sí, como una vez dijo Rodrigo Chaves. Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que en el 2023 se triplicaron las muertes colaterales hasta llegar a las 52 víctimas. En la actual crisis, personas completamente inocentes están perdiendo la vida mientras el gobierno tiene un enfoque irresponsable e insuficiente. Continuamente vemos en la prensa historias de personas asesinadas que nada tenían que ver con la lucha entre grupos criminales; incluso niños y niñas están siendo asesinadas sin que el gobierno entienda la gravedad de la situación.
Hay que partir del reconocimiento que el fenómeno delictivo es alimentado por múltiples causas, es un desafío sumamente complejo que afecta la estabilidad social y la calidad de vida de las personas. Frente a esta realidad, resulta fundamental comprender que la implementación de políticas públicas efectivas requiere un enfoque integral e interinstitucional, capaz de articular esfuerzos entre distintos sectores y niveles de gobierno, con el objetivo de atacar las raíces del problema y promover soluciones sostenibles a largo plazo. Esto, lamentablemente, no lo ha entendido quienes nos gobiernan.
Jorge Torres, ex ministro de Seguridad, nunca formuló una política pública dentro de la institución que lideraba. Él fue quién pronunció aquella propuesta célebre de: “Si al barrio suyo llega alguien y se pone a vender, por qué no ir y tocarle la puerta y decirle aquí en este barrio no se vende ¿Porque lo van a matar? No, no va a pasar eso, nunca”. Su gestión estuvo más llena de penas que de glorias y, aún así, se le premió con un puesto liderando la Dirección de Inteligencia y Seguridad (la policía política del Estado). Volviendo al Ministerio de Seguridad, luego de Jorge Torres llegó Mario Zamora y aunque hizo dos intentos de presentar una política pública, lo cierto es que la Contraloría General de la República certificó que el gobierno no cumplió con las disposiciones de elaborar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana con enfoque de corto, mediano y largo plazo, que responda a una visión país sostenible en el tiempo y no circunscrita únicamente a períodos de cuatro años.
La respuesta del gobierno ante la crisis es irresponsable e insuficiente pero, lo que es peor, intenta lavarse las manos y culpar a otros de su fracaso. La Constitución Política señala claramente que la seguridad pública es responsabilidad del presidente de la República y su jerarca de Seguridad. No solo huyen de su responsabilidad, también entorpecen el trabajo del Poder Judicial.
¿Por qué? Primero hay que entender que la leve reducción de los homicidios en el año 2024 fue producto de las operaciones del Organismo de Investigación Judicial. Durante el tiempo que tardó la Operación Caribe en Limón no se cometió un sólo homicidio por sicariato en la zona y eso se refleja en las cifras. Ante la inacción del gobierno, el OIJ debió intervenir y hasta consumió tres meses de presupuesto solo en Limón en partidas de viáticos y horas extra que tenían presupuestadas a nivel nacional. El Poder Judicial, si el gobierno continúa sin asumir su papel, necesita más recursos para sacar la tarea. ¿La respuesta del gobierno? ¡Bloquear recursos ya aprobados!
El Ministerio de Hacienda comunicó que no girará 9.000 millones de colones que ya están presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa para que el Poder Judicial pueda mejorar su gestión y, por ende, mejorar la situación de inseguridad del país. Rodrigo Chaves llegó a decir que girar ese presupuesto era “desagradable, para no decir asqueroso”. Lo realmente desagradable y asqueroso es que el OIJ diera un paso adicional al frente, consiguiera resultados claros y verificables con datos y ahora el gobierno intente bloquear su trabajo.
Lo cierto es que Rodrigo Chaves no solo no se comió la bronca de la inseguridad, la creó, la ha alimentado y ahora trabaja en contra de cualquiera que pretenda solucionar su creación. No gobierna para la gente, gobierna para la criminalidad y mientras tanto, las víctimas aumentan e incluso niños y niñas están siendo asesinadas.
Internacionalista, activista y consultor de derechos humanos
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