Este miércoles finalizó la audiencia preliminar para definir si el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro altos exfuncionarios más deben afrontar un juicio por el caso Bancrédito. La diligencia estuvo en curso desde el pasado lunes 11 de noviembre.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el exmandatario supuestamente fue parte de una serie de maniobras para evitar la eventual quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Esto mediante el traslado de montos por ¢100 mil millones y $50 millones del Ministerio de Hacienda al banco estatal entre marzo y abril del 2017, con el fin de “salvarlo” de la quiebra.
La audiencia preliminar estaba programada para extenderse hasta el próximo viernes. Sin embargo, finalizó ayer luego de una intervención de Luis Guillermo Solís, quien tomó la palabra y habló ante el Juzgado Penal de Hacienda, a cargo de la diligencia.
Ahora el juez que tramita el caso en etapa intermedia, deberá remitir una resolución por escrito para informar si el caso Bancrédito se eleva a juicio o la persecución penal llega a su final. Así lo confirmó a crhoy.com el abogado Marvin Carvajal, uno de los miembros de la defensa del expresidente.
Tenemos plena convicción y tranquilidad de que las acciones desarrolladas por todas las personas investigadas en este proceso se desplegaron con la única finalidad de evitar un daño al sistema financiero, lograr que se honraran las cuentas del banco.
Que no se cayera en una cesación de pagos y que no se produjeran las consecuencias negativas y nefastas que se dieron como por ejemplo, con el cierre del Banco Anglo Costarricense hace ya varias décadas o recientemente con Coopeservidores o Desyfin, cuyos cierres fueron bastante más traumáticos y generaron daños en algunos ahorrantes o inversionistas.
En cambio, el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago finalizó con un pago absoluto de todas sus deudas, incluidas las deudas con el Ministerio de Hacienda, un pago a los derechos laborales de todos sus trabajadores y con la devolución de todos los ahorros e inversiones que se hicieron en este banco. Carvajal insistió en que considera el cierre de Bancrédito fue “ordenado y a costo cero”, dado que el Estado no sufrió lesiones en sus finanzas. Por esa razón, consideran innecesario llevar a juicio el caso.
“Está más que comprobado con la prueba documental y pericial existente, que no se cometió ningún delito y que más bien se actuó con la finalidad de proteger el interés patrimonial de la Hacienda Pública”, añadió el jurista.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusa a Solís Rivera de cometer el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. El Ministerio Público presentó la acusación desde el pasado 6 de julio del 2023, con la petición de apertura a juicio.
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Por esa misma razón figuran como imputados el entonces vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, el exministro de Presidencia, Sergio Alfaro Salas, la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez.
En la pieza acusatoria también figura el ex subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera, a quien se le achaca tanto el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública como el de posible falsedad ideológica.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al banco estatal ya extinto, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja.
El movimiento supuestamente ocurrió con el objetivo de que la entidad financiera aparentara contar con un índice de liquidez suficiente.
Al parecer, la maniobra era para impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco tras serios problemas de liquidez, y por ende evitar un impacto en la imagen de dicho gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Al caso se le asignó el expediente 20-000115-1218-PE. La Contraloría General de la República (CGR) en su momento interpuso una acusación privada, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a la presentación de una acción civil resarcitoria contra los imputados.
¿Qué dice expresidente Solís?
Tanto el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, como el exministro de la Presidencia Sergio Alfaro de su administración, decidieron romper el silencio ante el juez, según confirmó el jurista Marvin Carvajal.
Aunque la audiencia es privada y, por lo tanto, no es posible acceder a las justificaciones que brindaron, el abogado sí confirmó que ambos “explicaron cuáles fueron sus acciones en relación con el cierre” de la entidad financiera.
No obstante, crhoy.com pudo conversar con el exgobernante el pasado 12 noviembre, cuando defendió que fueron decisiones “adecuadas y responsables con la intención de salvaguardar el interés general”.
Como he dicho tantas veces en el pasado, como ciudadano y como exfuncionario público he venido a rendir cuentas en una audiencia preliminar como debe ser, creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar.
Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza.
“Ahora deberá el juez que tuvo a su cargo la audiencia preliminar, analizar todos los argumentos dados por el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría General de la República y por las personas que están siendo investigadas en este proceso y sus defensores; para tomar la decisión que corresponda, decisión que puede ser elevar a juicio o dictar un sobreseimiento”, detalló Carvajal.
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Source
José Adelio Murillo
