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Una jueza de apellidos Baltodano Hernández, quien tiene un alto puesto en los Tribunales de Puntarenas e inclusive es directora de un despacho judicial, es investigada a nivel disciplinario y penal por supuestas anomalías con incapacidades y nombramientos, según pudo constatar crhoy.com.
Esta juzgadora es la coordinadora judicial propietaria del Juzgado de Ejecución de la Pena, una instancia a cargo de temas como cumplimientos de condenas por parte de los criminales en las cárceles.
Así consta en el Oficio N.° 8381-2022, enviado por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal de la Inspección Judicial, órgano disciplinario de la institución.
Según una denuncia recibida por este medio de comunicación, en apariencia Baltodano tiene su plaza como coordinadora judicial y ha hecho ascensos de jueza en el juzgado de Ejecución de la Pena de Puntarenas.
La juzgadora le habría comprado incapacidades al psiquiatra Alberto Mora Ávila, un médico del hospital de Puntarenas quien fue detenido el pasado miércoles como sospechoso del delito de concusión.
El doctor, quien fue suspendido de su cargo por un periodo de 6 meses, presuntamente cobraba hasta ₡450 mil a funcionarios públicos para otorgar incapacidades de meses. Inclusive, de acuerdo con la investigación él tenía cómplices y todo un esquema para “vender” las licencias médicas.
Al parecer, el Dr. Mora Ávila ha ido extendiendo incapacidades a la jueza Baltodano Hernández. Según la denuncia recibida por este medio, la funcionaria comenzó a incapacitarse en el hospital Calderón Guardia, en San José.
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Luego habría comenzado a mandar las boletas de incapacidad con firma y sello del doctor Mora Ávila. De ello existe constancia, dado que en apariencia se subían copias escaneadas de las boletas al sistema de proposición de nombramientos para registrar dicha incapacidad.
Otro de los aspectos que se investiga, es que esta funcionaria a la fecha se seguiría incapacitando. Mediante la revisión de boletines judiciales, se pudo constatar que este año la funcionaria ha estado incapacitada hasta en fechas como el 30 de octubre.
Por ejemplo, en los boletines N.° 01, el N.° 24 y el N.º 203 de 2024 disponibles en la plataforma Nexus, consta que Baltodano no está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Socorro Mutuo, debido justamente a incapacidades por enfermedad.
Además del presunto uso irregular de las incapacidades, también existen dudas en torno a una serie de nombramientos o designaciones realizados a partir de la falta de presencia de la jueza, avalada por estas licencias médicas.
Esto porque se deben nombrar a sustitutos en su lugar para que se desempeñen en dicho puesto. Esto consta también en el oficio N.º 8381-2022, en el cual quedó demostrado que Baltodano Briceño tuvo que ser reemplazada por otros funcionarios debido a que la juzgadora estaba fuera.
Dicho documento muestra que hace dos años, la Inspección Judicial incluso ha realizado visitas para verificar lo que ocurre en ese despacho y elevó una serie de advertencias.
En ese documento consta que tras una revisión en abril de 2022, la jueza coordinadora tenía 380 asuntos pendientes de tramitar. La denuncia recibida por este medio, indica que supuestamente ella no cumpliría con el requisito del examen de juez de ejecución.
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Investigación
Tras conocer sobre estos hechos, este medio preguntó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio Público y al Tribunal de la Inspección Judicial si existen expedientes en curso.
El órgano disciplinario confirmó la apertura de causa administrativa sobre el caso de incapacidades. No obstante, se está en proceso de asignar número para proceder con la investigación.
Adicionalmente, la policía judicial confirmó la apertura de una investigación ante estas anomalías. Por su parte, la Fiscalía indicó no conocer los hechos, pero procedieron con la apertura de una causa penal ante las consultas de crhoy.com.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Puntarenas, indicó que desconocía los hechos expuestos.
Sin embargo, a partir de su solicitud de información, se procederá con la apertura de la causa, para determinar si lo denunciado corresponde a la comisión de un delito o no.
Cabe destacar, que de acuerdo con la investigación sobre venta de incapacidades por parte del psiquiatra del hospital Monseñor Sanabria, destaca que una funcionaria judicial está en la lista de personas que habría comprado al menos una irregularmente.
Fuentes judiciales confirmaron que al menos en la investigación que desencadenó en los allanamientos esta semana, la funcionaria judicial se trataría de una jueza laboral. Por ende, la juzgadora Baltodano sería otra “clienta” más que no está mapeada en el expediente judicial principal.
En total, son al menos 22 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Poder Judicial, al parecer llegaron a pagar ₡150 mil para conseguir incapacidades mensuales.
En el primer escenario, acudían al consultorio privado del psiquiatra de la Caja y allí los atendía su esposa, quien enviaba a los pacientes a emergencias del hospital Monseñor Sanabria para que el doctor especialista de emergencias, los remitiera al psiquiatra con una referencia.
La alternativa era acudir directamente a urgencias del centro médico porteño y buscar directamente a otro doctor apellido Solís, quien de nuevo, referenciaba a los pacientes al servicio de psiquiatría, pese a que no se registraba la consulta en el servicio de emergencias.
De forma más directa, había funcionarios que de una vez acudían a psiquiatría sin cita, donde en apariencia el encargado administrativo de apellido Ibrahain, les asignaba una consulta sin respetar la lista de espera.
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La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) junto a la Sección Anticorrupción del OIJ, ejecutaron 7 allanamientos para desarticular una red de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que en apariencia, lucraban con un ilícito negocio de licencias médicas.
Todo esto para conseguir una incapacidad, pese a que muchos pacientes no debían ser atendidos allí porque no son vecinos de Puntarenas.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también impuso la medida cautelar de prohibirle al psiquiatra de separarlo del cargo, así como la prohibición de tener contacto con testigos. La resolución dictada anoche rige por el plazo de 6 meses.
Mora Ávila goza un salario que ronda los ₡3.5 millones, de acuerdo con los datos públicos de la CCSS. Tiene al menos 30 años de trabajar para el sistema de salud público e ingresó desde el año 1995 a la institución, según su perfil de la red social LinkedIn.
Se ha desempeñado en tratamiento en rehabilitación para trastornos psicológicos y drogadicción, así como consulta externa, hospitalización y emergencias. Además, tiene un consultorio médico privado, localizado en El Roble de Puntarenas.
Otros 2 trabajadores del centro médico también son investigados: un emergenciólogo de apellidos Solís Blanco y vecino de Esparza, quien tiene un salario de casi ₡3.3 millones. En apariencia él habría pedido dádivas para referir a usuarios que consultaban por privado al psiquiatra, para que fueran atendidos en el servicio público de salud.
A ellos se suma un tercer imputado de apellido Ibrahain, era el encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS. Al parecer se otorgaba las citas de los casos referidos en tiempo récord, para que fueran atendidas por Mora. Solo el psiquiatra será detenido, informó FAPTA.
En cuanto a estos dos investigados, la Fiscalía señaló que se requiere de analizar la prueba recabada en los operativos, para proceder De momento, no han sido detenidos ni tampoco se les ha indagado.
Source
José Adelio Murillo
