Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS. Foto: Grupo INS
Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó que acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo (TAA) para revertir la suspensión de 20 días sin goce salarial confirmada por la Contraloría General de la República (CGR).
Chacón Fernández, en el cargo desde mayo de 2024, fue sancionada por el ente contralor por incumplimientos en la tramitación de 2 contrataciones directas efectuadas por la entidad entre 2021 y 2022. Para entonces, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), fungió como asesora de la presidencia ejecutiva ocupada por Gabriel Pérez Salguera.
La jerarca alegó que las imputaciones hechas por la CGR son “infundadas” y que la sanción es “desmedida”, por lo cual continuará el proceso de defensa ante el TAA del Poder Judicial.
La investigación por este caso se abrió en 2023 y concluyó en mayo de 2024 con sanciones impuestas contra Chacón Fernández y 4 funcionarios más: Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS y Katherine Phillips Quesada, subjefa del departamento de Proveeduría.
La CGR confirmó este lunes 13 de enero que notificó al INS el acto final en firme correspondiente al procedimiento administrativo con el propósito de que el INS proceda a la ejecución de las sanciones impuestas conforme a derecho. Es decir, que se aplique la suspensión contra los funcionarios señalados.
La resolución se concretó tras resolver los recursos planteados por los funcionarios señalados.
“Se trata del expediente administrativo: CGR-PA-2023004188 por presuntas contrataciones irregulares de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral, promovida por el Instituto Nacional de Seguros mediante los procedimientos de contratación números: 2021CD-0000403-0001000001 y 2022CD-000073-0001000001.
Se determinó la responsabilidad administrativa mediante acto final N.° 8849-2024 (DJ-0966), luego se resolvieron los recursos correspondientes interpuestos contra dicha resolución, misma que mantuvo las sanciones impuestas”, citó la CGR, a través de un correo electrónico.
Chacón Fernández fue nombrada en el puesto el 8 de mayo de 2024, cuando se anunció la salida de Mónica Araya Esquivel, tras destituida por Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República.
La sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial es extensiva al expresidente ejecutivo Pérez Salguera (en el cargo entre el 8 de junio de 2021 y el 7 de mayo de 2022), a González Ramírez y a Gamboa Ramírez. En tanto, contra Phillips Quesada, se resolvió suspensión sin goce salarial por espacio de 15 días.
El caso
La primera contratación investigada por la CGR fue adjudicada al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones el 15 de enero del 2022. La segunda, recayó en José Paulino Hernández, el 2 de marzo del 2022, por ¢16 millones.
DPI Legal tenía como tarea valorar una denuncia anónima contra el auditor general con el afán de establecer si existía mérito para abrir un proceso disciplinario en su contra. Una vez superada esa etapa, el asunto fue trasladado a José Paulino Hernández, quien desarrolló la investigación.
El ente contralor puntualizó que cuando se desarrollaron las investigaciones, Chacón fungía como asesora de la presidencia ejecutiva del INS (a cargo de Pérez Salguera) y que promovió y gestionó la contratación directa de dichos proveedores sin apegarse a las reglas de contratación administrativa vigentes y que tampoco contó con la fundamentación técnica y jurídica para realizar contrataciones extraordinarias.
La investigación de la CGR determinó que Chacón firmó varios oficios en los que ordenó a la proveeduría institucional avanzar con las contrataciones, sin contar con estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que sustentaran la decisión.
Ambos procedimientos, según la autoridad contralora, fueron contrataciones directas, en las que, no se habría realizado un concurso público de por medio.
Las sanciones impuestas por la CGR responden al Artículo 96 bis inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa (vigente al momento de los hechos) y Artículo 39 inciso b) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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Pablo Rojas
