El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tuvo “plena conciencia y participación activa” en un frustrado plan de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, según una investigación policial divulgada este martes.
Bolsonaro también tenía “pleno conocimiento” de un supuesto plan para matar a Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de octubre de 2022, de acuerdo con la pesquisa de la Policía Federal (PF) de Brasil. El expresidente “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” sobre una trama golpista que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”, dice el informe policial.
El documento fue elevado el martes a la Fiscalía General de Brasil, que debe decidir si acusar penalmente a Bolsonaro. La Policía sostiene que el exmandatario también tuvo “pleno conocimiento de la planificación” de la operación Puñal Verde y Amarillo, orquestada supuestamente por un grupo de militares para asesinar a Lula, a su candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.
Además de Bolsonaro, la Policía recomendó inculpar a otras 36 personas por los hechos indagados, entre ellas, varios militares y asesores cercanos al expresidente. La indagación concluye que, en diciembre de 2022, el plan golpista se “abortó” en último momento por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
Diccionario
El exgobernante, de 69 años, niega las acusaciones y se considera un “perseguido” por la Justicia. “La palabra ‘golpe’ nunca estuvo en mi diccionario”, declaró Bolsonaro el 25 de noviembre al defenderse de las acusaciones ante periodistas. “Tienen que estar involucradas todas las Fuerzas Armadas, si no, no existe golpe. Nadie va a dar un golpe con un general de reserva y media docena de oficiales”, agregó.
Por su parte, Moraes envió este martes a la Fiscalía el documento de la investigación de la PF, de 884 páginas, y levantó el secreto de sumario para que fuera publicado.
El fiscal general, Paulo Gonet, debe decidir ahora si imputa al expresidente y los demás sospechosos por los presuntos delitos señalados por la Policía. Bolsonaro podría ser culpado por los crímenes de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”. Estos delitos pueden implicar hasta 28 años de cárcel, según las penas previstas en la ley brasileña.
Operación 142
El exmandatario acusa a Moraes -a quien considera su enemigo político y un “dictador”- de actuar “fuera de la ley” para impedir su regreso al poder, ya que Bolsonaro pretende ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026, pero se encuentra inhabilitado por la Justicia debido a una condena en otro proceso por haber cuestionado, sin pruebas, la fiabilidad del sistema electoral.
Según la PF, Bolsonaro participó en la construcción de una “narrativa” para generar dudas sobre el sistema de voto electrónico, lo que serviría como base para cuestionar los resultados de los comicios de 2022. El entonces presidente también habría elaborado un decreto que serviría para una ruptura institucional a través de la imposición de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral.
En diciembre de 2022, esa alternativa fue presentada por Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas, pero sólo obtuvo la venia del jefe de la Marina, Almir Garnier, sostiene la indagación. Al mismo tiempo, el exmandatario tuvo conocimiento de la existencia de un plan para “envenenar” a Lula, tramado por oficiales de las fuerzas especiales del Ejército.
Entre las pruebas reunidas por la PF, figura un manuscrito hallado en la sede del Partido Liberal de Bolsonaro, entre las pertenencias de un asesor del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones de 2022. Bajo el título Operación 142, el documento menciona alternativas como “interrupción del proceso de transición”, “anulación de las elecciones” y “prorrogación de los mandatos”.
Aunque el golpe de Estado no ocurrió, el 8 de enero de 2023, pocos días después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas asaltaron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso en Brasilia. Bolsonaro, que unos días antes había viajado a Estados Unidos, es objeto de otra investigación para determinar si instigó esos disturbios.
