Sede central del INVU en San José. (Imagen con fines ilustrativos).
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) no realizó la solicitud de rebajo automático de cuotas correspondientes a préstamos suscritos con funcionarios de distintas instituciones del Estado para algunos meses de los años comprendidos entre 2019 y 2023, generando un monto de planilla no deducida superior a los ₡277 millones en ese lapso.
Así lo advierte el documento “Estudio sobre evaluación del estado de morosidad y atraso en las carteras de crédito (INVU-SAP)”, elaborado por la auditoría interna de la entidad y publicado en diciembre de 2024.
El análisis revisó aspectos de control interno y cumplimiento de la normativa relacionada con la cartera de crédito, para el periodo comprendido de junio a diciembre de 2023 y se amplió en aquellos casos en los que se consideró pertinente.
Según la Auditoría Interna del INVU, “se detectaron importantes deficiencias que comprometen la gestión financiera, operativa y de control interno de la institución”.
El instituto tiene convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial o el Ministerio de Hacienda para que se apliquen rebajos automáticos en las planillas de esas entidades sobre los montos de cuotas de préstamos que tienen funcionarios.
El análisis fiscalizador detectó que, en algunos meses de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, no se realizó el rebajo automático, acumulando un monto superior a los ₡277 millones en cuotas no cobradas (capital más interés).
Por ejemplo, en el caso de la CCSS, los rebajos automáticos no se aplicaron en las planillas de los meses de marzo y mayo de 2019, enero de 2020, julio y diciembre de 2021, marzo de 2022, y abril de diciembre de 2023. También, la deficiencia se detectó en junio de 2021 con el Poder Judicial y en los meses de junio, mayo y abril con el Ministerio de Hacienda.
Cuadro contenido en el informe de auditoria. CRH/Auditoría Interna INVU
¿Qué sucedió? La Unidad de Finanzas – Cobros alegó a la Auditoría Interna que la situación descrita ocurrió por las siguientes causas:
Que la planilla de mayo de 2022 no se envió por el problema que se presentó con el hackeo a los sistemas de esas instituciones.
Que para junio de 2021 el Ministerio de Hacienda realizó un cambio en el sitio web y que impidió realizar el rebajo de las planillas.
Que los casos restantes no se enviaron por una omisión en el proceso administrativo.
La Unidad de Finanzas – Cobros insistió en que se generaron planes de acción para evitar dichas situaciones. Detallaron la creación de un procedimiento, la publicación en redes sociales para informar a los clientes que debían realizar los pagos por otros canales y la gestión de cobro a los clientes que consultaban sobre los correspondientes rebajos.
Dicha dependencia explicó que para los casos con la CCSS y Hacienda durante 2023 no se enviaron los reportes a deducción automática por “problemas de comunicación con el patrono” y porque “se realizó el cambio de cartera de un funcionario a otro”. En tanto, para el Poder Judicial en 2021 el problema se presentó por “omisión por parte de la persona encargada de enviar la respectiva planilla a deducción.”
La Auditoría Interna del INVU consultó sobre el procedimiento elaborado para solventar la problemática y encontró que no está oficializado (o incorporado a documentos oficiales). Tampoco está divulgado en cumplimiento con la Ley General de Control Interno (8292).
“Se consultó a la Unidad de Finanzas – Cobros sobre la efectividad de las acciones implementadas (publicaciones o gestión de cobro), a lo que respondió que no es posible identificar los clientes que pagaron a raíz de dicha gestión“, detalla el informe.
Incluso, esa unidad agregó que “es importante mencionar y aclarar que el cliente es el único responsable de verificar mes a mes que la deducción sea efectiva” y que “cualquier cuota o fracción de ella, que no sea deducida del salario deberá ser cancelada a través de los diferentes medios de pago establecidos por el INVU”.
“Como se puede observar, las acciones implementadas no han logrado que la problemática se elimine, puesto que, en el año 2023, se volvió a presentar la situación“, enfatizó el informe de la auditoría.
Incumplimientos legales
Los hallazgos del informe auditor comprenden incumplimientos en lo estipulado en el Artículo 8 de la Ley General de Control Interno sobre la obligatoriedad de proteger y conservar el patrimonio público y garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones.
Asimismo, se incumple lo indicado en las normas de control interno para el sector público en lo concerniente a la supervisión constante.
La supervisión constante exige que el jerarca y los titulares subordinados, según las competencias, ejerzan una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.
“A razón de la no solicitud de reducción de las planillas correspondientes, no se envió a cobro en su momento la suma de ₡277.293.263,04 (doscientos setenta y siente millones doscientos noventa y tres mil doscientos sesenta y tres con 04/100 colones), acumulado durante los años y meses correspondientes”, subrayó, textualmente, el informe.
Para la Auditoría Interna, el no realizar la deducción del rebajo salarial por convenio de planilla con patrones en el momento que corresponde resulta en:
Aumento significativo del riesgo de morosidad en las operaciones.
Impacto financiero: pérdida de ingresos monetarios que en su momento afectan el flujo de efectivo, afectación en inversiones.
Incertidumbre sobre la recuperación de ₡3 millones.
Impacto operativo: aumento de carga laboral, retraso en procesos.
Impacto en la satisfacción del cliente.
Riesgos derivados de una inadecuada supervisión del personal.
El análisis fiscalizador concluyó que existe una gestión insuficiente en la administración de los convenios de rebajo de planilla, con omisiones significativas en la solicitud de deducción de cuotas.
“Estas fallas generan un impacto negativo en la recuperación de la cartera y exponen a la institución a mayores niveles de riesgo crediticio. Este problema se agrava al identificar operaciones con altos niveles de morosidad que no han sido sometidas a acciones de cobro administrativo o judicial, lo que evidencia incumplimientos de las políticas institucionales y debilidades en la supervisión de estas actividades críticas”, finaliza el documento.
La Auditoría Interna recomendó que, a más tardar el 31 de marzo de 2025, la Unidad de Finanzas – Cobros documente un plan de acción para revisar todos los clientes que cuenten con convenio de rebajo de planilla y que se encuentren en estado de morosidad, con la finalidad de realizar las respectivas gestiones de cobros (administrativos o judiciales según corresponda).
Desde el 30 de enero, este medio solicitó a la oficina de prensa del INVU una entrevista para abordar las temáticas planteadas en los documentos elaborados por la Auditoría Interna. Sin embargo, pese a que se dio acuse de recibido de la gestión desde ese mismo día, hasta este 11 de febrero no se había recibido respuesta.
El INVU brinda facilidades de financiamiento para planes de vivienda. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Otros hallazgos generales del informe
Falta de procedimientos estandarizados para el cálculo de la morosidad, lo que afecta la confiabilidad de la información presentada a la Junta Directiva y dificulta la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos.
Inconsistencias detectadas en el sistema Abank’s (plataforma que permite a las instituciones financieras gestionar y controlar procesos y actividades esenciales) reflejan una falta de supervisión y control en el manejo de los datos operativos, con errores que afectan la precisión de los reportes y proyecciones financieras.
La presencia de operaciones de crédito con antigüedad considerable y sin gestión de cobros adecuada y oportuna que pueden resultar en riesgos de prescripción que comprometen la recuperación de fondos y deterioran la posición financiera institucional.
Ausencia de un seguimiento sistemático y actualizado a los riesgos inherentes a la Unidad de Finanzas – Cobros pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno. Esta situación limita la capacidad de la institución para anticiparse y mitigar amenazas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la sostenibilidad financiera.
Debilidades de control interno identificadas revelan la urgencia de implementar medidas correctivas que fortalezcan la gestión de la cartera de crédito, aseguren el cumplimiento de las normativas aplicables y optimicen los procesos internos para garantizar la protección del patrimonio institucional y la eficacia operativa.
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Pablo Rojas
