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Este viernes el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, secuestró el informe final que elaboró la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Díaz Sánchez precisó que dicho informe consta de 10 tomos y otra documentación digital, la cual contiene datos que fueron recolectados mediante el levantamiento del secreto bancario y tributario.
El fiscal explicó que, por contener este informe este tipo de información y porque entre los imputados por este caso hay miembros de los Supremos Poderes de la República, fue necesario que antes de su secuestro el Ministerio Público contara con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Díaz dijo que ese aval de la Sala Tercera se emitió este jueves y que por eso este viernes procedió con el secuestro de la información.
Añadió que ahora que este informe está en manos del Ministerio Público se procederá con su análisis para determinar si hay hechos delictivos que ameriten elevarse a juicio.
El fiscal además confirmó una vez más que por este caso bajo investigación figuran como imputados el presidente Chaves; el canciller, Arnoldo André y los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar.
Esta investigación, el TSE la abrió en diciembre de 2021, hace ya más 3 años. En junio de 2022 el órgano electoral remitió a la Fiscalía General un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
El TSE abrió esta investigación por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.
El informe preliminar que se envió a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
El informe advirtió de la existencia de un “esquema oscuro de financiamiento” electoral.
De acuerdo con las conclusiones del TSE en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema “oscuro de financiamiento”, auspiciado en estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Una de estas estructuras consistía en la existencia del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado por Arnold André Tinoco, actual canciller de la República, y Alonso Vargas, a través de la firma de abogados ATA Trust Company (propiedad de André), por medio del cual se recibieron las donaciones para impulsar la campaña electoral de Chaves.
Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.
También, se menciona una aparente denuncia de falsificación de firmas que habría sido interpuesta ante el TSE por un ciudadano de apellidos Vargas Rivera, quien el 21 de enero de 2022 denunció el hecho en la solicitud de inscripción del PPSD ante el Registro Electoral.
A su vez, se menciona una supuesta legitimación de capitales tras una denuncia anónima presentada ante el TSE en la que se señala al presidente Chaves, al canciller, Arnoldo André; al empresario; Jack Loeb y a otras personas como parte del manejo financiero del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera.
El informe también señala que el Banco de Costa Rica emitió alertas al DFPP ante el ingreso de ¢100 millones de colones por medio de cheques a la campaña del PPSD, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprado de bonos serie B de dicha agrupación política.
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Carlos Mora