El informe final del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la investigación de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que ya está en poder del Ministerio Público, señala al presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero de cometer presuntos delitos penados con cárcel en el Código Electoral.
Las conclusiones de la investigación elaborada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE evidencian la presunta comisión de delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del PPSD, en contra de lo que establece el Código Electoral, a partir de 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento. Los delitos investigados son penados, en algunos casos con hasta 6 años de cárcel.
El informe señala también a otras 8 personas investigadas, por hacer y recibir presuntas donaciones ilegales.
En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a las espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
El TSE encontró que este delito se pudo cometer cuando Chaves, en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, invitó a recibir depósitos a las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso investigado. También al canciller de la República Arnoldo André.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de “una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político”. Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
Por este mismo delito también está siendo señalado el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso Costa Rica Próspera y no lo denunció.
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A los otros investigados se les señala por hacer supuestas donaciones ilegales que también se tramitaron por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera, según la siguiente lista:
Coto Quesada: Por sus donaciones al fideicomiso del grupo CRP, entre el 25 de junio y 16 de setiembre de 2021, por $13.000.
Soto Clausen: Por sus donaciones al fideicomiso del grupo CRP, entre el 12 de marzo y el 20 de agosto de 2021, por $5.500.
Jiménez Chavarría (empresario arrocero): Por su donación al fideicomiso del grupo CRP, registrada el 24 de marzo de 2021, por ₡300.000.
Torrealba Navas: Por sus donaciones al fideicomiso del grupo CRP, a título personal y de la empresa Facio & Cañas S.A., entre el 17 de marzo y el 26 de mayo de 2021, por $15.000.
Robles Aguilar: Por sus donaciones al fideicomiso del grupo CRP, entre el 4 y 19 de mayo de 2021, por $10.000.
Loeb Casanova: Por su donación al fideicomiso del grupo CRP, registrada el 6 de agosto de 2021, por $1.500.
Yock Fung: Por su donación al fideicomiso del grupo CRP, registrada el 30 de agosto de 2021, por ₡1.000.000.
Dos estructuras paralelas
La primera fue precisamente el fideicomiso Costa Rica Próspera, que operó a partir del 25 de febrero de 2021.
El TSE determinó que este fideicomiso, creado el 25 de febrero de 2021 nació con el objetivo de potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves y, con intención o no, sirvió como estructura paralela de financiamiento en beneficio del PPSD, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022.
“De previo a la ratificación de la candidatura presidencial de Chaves para los comicios (acto efectuado el 4 de julio de 2021), durante el proceso de la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían por objetivo favorecer el accionar político de esa agrupación, indica el informe.
En las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A., desde las que operó el fideicomiso, se recibió entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021 la suma de ₡62.010.239 y $348.182, de los cuales se usaron para pagar gastos electoral las sumas de ₡47.733.108 y $98.741.
La segunda estructura fue creada por el empresario Jack Loeb y la hija del diputado Agüero, Sofía Agüero. En esta, se indica que Loeb habría hecho una donación de $200.000 a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, por medio de la intermediación de Sofía (quien recibió los fondos en sus cuentas) y al margen de la tesorería del partido político. Operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
En el caso de Chaves y el diputado Agüero, el TSE indica que se les señala en la medida en que pudieron conocer del hecho, pero no lo denunciaron.
Dicha estructura recibió ₡12.431.317 y $208.844, usados en gastos de naturaleza político-electoral para las aspiraciones de Chaves y Agüero. Dichos movimientos no fueron incluídos en los estados financieros del PPSD.
En las 2 presuntas estructuras paralelas hubo personas que depositaron dinero y luego esos recursos se usaron para pagar gastos como: pauta en medios de comunicación y redes sociales, alquiler y servicios de la sede de campaña ubicada en el barrio La California. También, otros rubros como viáticos, salarios del personal de la campaña y mobiliario de oficina.
Eventos usados para captar fondos
El TSE inició la investigación, una vez que tuvieron conocimiento de actividades desarrolladas por el PPSD para recaudar fondos que financiaran la candidatura de Chaves, una de ellas llamada “¡Almorcemos y Conversemos!”, el 5 de agosto de 2021, en el Club Unión.
Ese día cobraron $1.500 por persona para interactuar con el entonces aspirante a la presidencia, dinero que debía ser depositado en dos cuentas bancarias del Banco Nacional de Costa Rica (BN).
Para promover la actividad usaron 2 perfiles de redes sociales, en el primero divulgaban que su estrategia de financiamiento se basaba en recaudar fondos con apoyo de donantes en encuentros privados señalando que “el tema de transparencia y manejo de las finanzas es primordial”.
Tomando en cuenta esa premisa dieron a conocer que habían creado un instrumento económico administrado por un tercero en la figura de un fideicomiso, mismo que generó alerta en el TSE por el supuesto “manejo oscuro” que se le dio al mismo.
El segundo perfil difundía información sobre el quehacer del candidato, también externando que “no contaba con la cantidad de recursos económicos con los que sí disfrutan otras agrupaciones, por lo que su financiamiento lo hacían “(…) con absoluta transparencia y sobre la mesa. En [su] fideicomiso queda registrado (sic) cada persona y no recibí [en] efectivo (…)”.
Ante estas publicaciones, el Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE hizo varias consultas el 6 de agosto de 2021 a la entonces presidenta del partido Luz Mary Alpízar (hoy diputada e investigada), para aclarar “inquietudes en torno al quehacer financiero partidario, el financiamiento de las campañas internas de sus respectivas precandidaturas y candidaturas, así como la gestión del fideicomiso al cual refirió el señor Chaves Robles en sus comunicados oficiales”.
La actual diputada respondió el 30 de agosto que no realizarían contienda interna para definir a su candidato, por lo que no brindarían información sobre precandidatos, contactos de los encargados de finanzas, ni cuentas bancarias habilitadas para recepción de contribuciones.
La actividad se realizó el 5 de agosto del 2021, pero a esa fecha el PPSD no tenía cuentas bancarias abiertas, fue hasta el 28 de agosto del mismo año que se reportó la apertura de una en el Banco de Costa Rica (BCR) a nombre de esa agrupación política. Requisito indispensable para la recepción legal de donaciones.
Secuestro de información
El viernes 17 de enero el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, se apersonó al TSE para secuestrar el informe del que se desprende la información citada en este reportaje, acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral de Chaves.
Este último informe secuestrado el viernes 17, según el fiscal Díaz, consta de 10 tomos y otra documentación digital, la cual contiene datos que fueron recolectados mediante el levantamiento del secreto bancario y tributario de varias personas involucradas en el caso.
Sanchez explicó que, por contener este informe este tipo de información y porque entre los imputados por este caso hay miembros de los Supremos Poderes de la República, fue necesario que antes de su secuestro el Ministerio Público contara con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Añadió que ahora que este informe está en manos del Ministerio Público se procederá con su análisis para determinar si hay hechos delictivos que ameriten elevarse a juicio.
Source
Carlos Castro
