Rocío Aguilar Montoya, exjerarca de la Sugef y la Supen. (Cortesía).
Rocío Aguilar Montoya, quien dejó sus cargos de Superintendente General de Entidades Financieras y Superintendente de Pensiones el 31 de diciembre anterior, asegura que la independencia de la supervisión puede verse amenazada por distintas fuentes.
Así lo sostiene en su informe final de rendición de cuentas, tras casi cinco años al frente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Según Aguilar, también exministra de Hacienda, uno de los mayores desafíos que enfrentan las superintendencias es la presión externa que puede debilitar su independencia técnica, fundamental para garantizar que las decisiones regulatorias y de supervisión se basen en análisis objetivos, criterios técnicos y en un enfoque orientado al bien común.
La independencia técnica, explica, asegura la adopción de normativas alineadas con estándares internacionales, protege a los sistemas supervisados de influencias políticas o económicas coyunturales y prioriza las necesidades reales de las personas sobre intereses de corto plazo.
Esta independencia puede verse amenazada por diversas fuentes, como las entidades supervisadas, el Poder Ejecutivo, el Banco Central y el Conassif. Estas presiones, aunque a menudo nacen de intenciones legítimas, pueden comprometer la estabilidad y efectividad de los sistemas financieros y previsionales si no se gestionan con cuidado.
En el documento, la exjerarca de las dos superintendencias, quien dejó sus puestos de forma anticipada, afirma que la dependencia administrativa y presupuestaria del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y de las superintendencias respecto del Banco Central de Costa Rica (BCCR) “es una limitación a su autonomía y capacidad para avanzar al ritmo que el entorno financiero exige”.
En esa línea recomienda como algo imprescindible revaluar ese modelo para dotarles de mayor independencia, permitiendo decisiones más ágiles y estratégicas en la ejecución de proyectos y reformas, y cita un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) como un buen punto de partida para definir esos límites.
Le corresponderá al Conassif y a los próximos superintendentes discutir el alcance de dicho pronunciamiento. No se trata de desdeñar las ventajas competitivas que pueda significar el BCCR como prestador de servicios, de lo que se trata es de que se ejecute de la manera más eficiente y sin opacidad alguna, para la definición de precios, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
Delimitar prioridades
Hazel Valverde, gerente del Banco Central de Costa Rica. (CRH).
Aguilar, cuyo nombramiento vencía el 15 de abril de 2025, afirma que la relación de las superintendencias con el Banco Central, aunque es vital para la coordinación del sistema financiero, requiere una delimitación clara de prioridades y enfoques regulatorios.
En este contexto, es importante retomar las ideas de Eduardo Lizano acerca de la relación entre el Banco Central y los entes supervisores, quien al respecto escribe: …el BCCR conforma una extensa red de relaciones públicas y despliega un amplio programa de actividades. La persuasión por parte del BCCR no debe verse como una interferencia en las actividades de otras entidades, sino más bien como un acto de presencia, indispensable para fomentar su credibilidad. De hecho, se puede discrepar del BCCR, pero no temérsele. Se le debe respetar y tomársele en cuenta.
La relación del Banco Central con Aguilar estuvo marcada por tensiones y diferencias de criterio desde que Róger Madrigal asumió la Presidencia de la entidad monetaria y Hazel Valverde la Gerencia.
Uno de los momentos más ácidos ocurrió en agosto de 2023 cuando el BCCR demandó penalmente a la exjerarca de la Sugef por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, tras negarse ella a entregar datos sin anonimizar de deudores a la entidad monetaria.
La querella la presentó Valverde y el caso condujo a sendas investigaciones en sede judicial y legislativa.
La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público del Congreso concluyó en abril de 2024 que el Banco Central violó la protección legal sobre los datos personales de los costarricenses al presionar a la Sugef para que le entregara la información.
La Procuraduría resolvió en abril pasado que tanto el Conassif como la Sugef, Supen, Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) tienen independencia respecto al BCCR.
En su resolución PGR-C-069-2024 del 22 de abril de 2024, la Procuraduría concluyó que esos órganos, aunque están adscritos al Banco Central, gozan de desconcentración máxima, lo que les da independencia absoluta en sus funciones.
Restablecer canales
Rocío Aguilar, exjerarca de la Sugef y Supen. (CRH).
Según Aguilar, es crucial restablecer los canales de comunicación y coordinación con actores clave como el Conassif y el Banco Central, estableciendo mecanismos de diálogo que respeten la autonomía de las superintendencias y permitan alinear intereses estratégicos sin comprometer principios técnicos.
La independencia técnica no es una opción deseable, es un requisito indispensable para la efectividad, legitimidad y sostenibilidad de las superintendencias. Su fortalecimiento y garantía son esenciales para promover la estabilidad, la transparencia y el desarrollo económico y social del país.
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Alexánder Ramírez
