El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada, elaboró un informe en diciembre del año pasado, en el que detallan el registro de 25 visitas de 7 personas investigadas en el caso Madre Patria a diputados de la Asamblea Legislativa y otras 2 instituciones. Dicho informe ya está en poder del Ministerio Público.
El análisis fue elaborado a partir de las bitácoras de ingreso a la Asamblea Legisaltiva, solicitadas por la entidad judicial. Las visitas se dieron entre el 1 de mayo del 2022 y hasta diciembre del 2024 a los despachos de: María Marta Carballo (Unidad Social Cristiana), Kathia Rivera (Liberación Nacional) y Luis Diego Vargas (Liberal Progresista).
A los 3 congresistas los visitó el abogado y miembro de una cámara de autobuseros, de apellidos Jiménez González, quien es investigado, junto a los otros, por legitimar capitales a través de fraudes registrales con propiedades de alto valor.
González actualmente está sujeto al proceso penal bajo medidas cautelares: cumple arresto domiciliario y no puede comunicarse con otros imputados, testigos y ofendidos. Las medidas vencen el 25 de junio 2025 y el Ministerio Público podría solicitar una prórroga.
En el expediente es descrito como uno de los “principales notarios públicos encargados de otorgar las escrituras presuntamente fraudulentas a favor de la organización criminal”.
Estas son las bitácoras de ingreso que confirman la presencia del imputado en los despachos de los 3 diputados:
Elaborado por crhoy con bitácoras oficiales de la Asamblea Legislativa
Los registros adjuntos confirman que se reunió con la diputada Carballo Arce el 23 de agosto del 2022. Este medio tuvo acceso a las bitácoras oficiales del despacho y corroboró detalles del encuentro que inició a las 9:43 a.m. y terminó a las 12:11 p.m.. El ingreso al despacho fue autorizado por una de las asesoras de la congresista.
La legisladora confirmó la reunión y dijo que se produjo a solicitud del sector autobusero. González llegó como invitado por parte de estos empresarios.
“La razón de dicha reunión fue analizar el expediente 22.230, Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por el COVID-19. Este proyecto en ese momento estaba en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos, de la cual formo parte.
Respecto a lo señalado en el expediente, del registro de tres reuniones, es un error del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para lo cual procedí a solicitar la corrección correspondiente días atrás mediante el oficio AL-MMCA-OFI-035-2025. El OIJ reconoció el fallo y que tomará las medidas necesarias para rectificar, como se señala en el Oficio 91-DG-2025 del organismo.
La información sobre la visita del señor González, puede verificarse en la documentación oficial emitida por la Jefatura de Seguridad y Vigilancia de la Asamblea Legislativa AL-ASEG-OFI-0031-2025, emitida luego de mi solicitud”, explicó Carballo.
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La liberacionista Rivera Soto recibió a González en 1 ocasión el 26 de agosto del 2022. La cita transcurrió entre las 11:34 a.m. y la 1:10 p.m., datos que fueron corroborados por este medio en los registros oficiales del edificio legislativo.
Rivera dijo que, efectivamente, en una ocasión mantuvo contacto con este sujeto como parte de un grupo de personas que tenía un interés común relacionado con el mismo tema que mencionó la legisladora Carballo.
“La reunión se dio en el marco de un proyecto de ley del sector transporte que vimos en la Comisión de Asuntos Económicos y recibí en esas a varias cámaras y grupos de transporte, él no llegó solo, llegó con un grupo de gente, pero fue en ese contexto de la iniciativa que lideró doña Olga Morera (diputada) para que se aumentara la vida útil de los buses, al menos a mí como jefa de fracción y miembro de esa comisión me tocó recibir a varios autobuseros de Occidente, del centro, no era una sola cámara y él como que representaba a uno de los grupos, pero si usted me lo pone al frente no lo ubico”
Acotó que a parte de ese encuentro puede dar fe de que no puede existir otro porque no se reune con gente fuera de la Asamblea Legislativa.
Además estuvo en el despacho de Luis Diego Vargas Rodríguez del PLP el 8 de setiembre del 2022, a donde ingresó a las 10:31 a.m. para retirarse a las 11:56 a.m. En una revisión al registro oficial se confirmó las horas y fecha, mismos que coinciden con lo descrito en el documento judicial.
Vargas coincidó con las versiones de las otras 2 diputadas al explicar que el encuentro tuvo relación con el tema de transportistas y la preocupación por la vida útil de las unidades.
“Cuando llegamos en el 2022 estábamos escuchando muchas voces preocupada por la vida útil de los buses, recibí a bastantes grupos organizados como cámaras medianas y pequeñas de autobuseros y una que tuve muy cerca fue la de Atenas, porque tenían una flotilla que estaba cumpliendo con todas las condiciones pero se les vencía la vida útil, entonces en aquel momento mucha gente nos pidió cita bajo esa sombrilla. En algún momento me coordinan en el despacho una reunión el 8 de setiembre del 2022, ese día asistieron Stephanie Alpízar, Gilbert Ureña y Sergio González.
González se presentó como presidente de una Cámara de Pequeños Autobuseros, en ese momento estaban buscando que se la ampliara por dos años más la vida útil de los buses. Solamente esa vez me reuní y fue en mi despacho media hora por lo que recuerdo para ver el expediente 22.530, Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por el COVID-19.
Si me pregunta que hablamos todo fue sobre este proyecto de ley. Si usted me lo pone al frente y no sé quién es, ahora se hizo famoso porque está en este proceso. Con ese tema yo duermo tranquilo”, dijo Vargas.
Visitas a diputados de imputado en Madre Patria
¿Qué es el caso Madre Patria?
El caso Madre Patria investiga presuntes fraudes registrales con propiedades de alto valor. Presuntamente, los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
La presunta banda, desarticulada en junio de 2024, era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de numerosos abogados, notarios y funcionarios. La mayoría de los imputados cumple prisión preventiva desde entonces.
Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo “outlet”.
Rol del investigado
El expediente judicial recoge varias de las supuestas actuaciones del “abogado de la organización criminal”, en labores directas para colaborar con los 2 ciudadanos españoles en los presuntos traspasos fraudulentos de propiedades, así como en trabajos para las empresas de autobuses que estos manejaban junto a un empresario de apellido Herrera.
La documentación resalta que las esposas de estos sujetos, a sabiendas de las supuestas actividades que cometían sus parejas, se convertían en “supuestas compradoras de buena fe en los traspasos ilegales, para el uso y disfrute de estos bienes”, para lo cual reclutaban abogados y notarios públicos, entre ellos González Jiménez.
Antes de las detenciones del 25 de junio del 2024, el OIJ logró recopilar varias conversaciones del sospechoso con los lídedes del grupo donde quedó en evidencia la relación que tenía y la supuesta labor que ejercía en la organización.
En una de estas, el abogado alertó al español Gómez de un allanamiento en su oficina notarial, esto relacionado a la venta de una propiedad al Grupo Caribeños para explicarle que había realizado la protocolización de actas de la empresa Coffee Blue Farm con base a los libros mercantiles presentados por un colombiano de apellido Marín.
El informe 05-RCI-OECDO-2024 del OIJ apunta sobre esa comunicación que posteriormente se encontraron en la casa de Gómez, folios del tomo del protocolo del notario. Además, conversaron sobre el pasaporte de un estadounidense de apellido Fellner, a quien supuestamente habrían estafado usando un documento falso.
En otra llamada entre ambos, el 17 de agosto del 2023, el notario alertó del decomiso de información en su oficina por parte de agentes del OIJ por lo que le sugirió al presunto líder criminal borrar todo lo que tuviera en el teléfono.
“Con lo anterior, queda claramente en evidencia el conocimiento de González sobre posibles hechos irregulares en la protocolización de las actas, en vista a la urgencia que mantenían de eliminar el contenido de las conversaciones. Finalmente, y como se ha observado en otras diligencias de allanamiento, es costumbre de la organización criminal reagruparse posterior a la intervención policial, tratando de constituir planes de contingencia que les permita minimizar los riesgos en los procesos judiciales, como la reconstrucción de prueba documental y acordar elementos para prueba testimonial, ejemplo de ello fue que Gómez le indicó a González que se reunieran”, dice el expediente.
Ese mismo día conversaron sobre la preocupación que tenía el abogado sobre la falta de firmas en varias de las escrituras públicas que confeccionó debido a que conocía que de conocerse estaría bajo la figura del posible delito de falsedad ideológica en caso de establecerse que dichas comparecencias nunca existieron.
El abogado también figuró como imputado en otras dos causas penales que finalmente formaron parte del expediente Madre Patria.
Una es la 23-000290-1220-PE, conocida como caso Blue Coffee, la cual se abrió por una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, en perjuicio de la sociedad Blue Coffe Farm Operating S.A., representada por el estadounidense de apellido Fellner.
En este caso se abrió el proceso contra otras personas de apellidos Solano Zúñiga, Solano Soto, Zúñiga Quirós y González Jiménez. Todos notarios.
También, estuvo involucrado en el caso Connie, en el cual un abogado de apellido Pastrana denunció a otros profesionales en leyes por supuestos movimientos registrales de varias propiedades entre 2022 y 2023 por el traspaso de una finca bajo acciones ilegales.
Además de González están en la causa los notarios Loaiza Bolandi, Prendas Matarrita, Guevara Llado Martínez Parada, Rojas Olivero y Chaves Arias.
“La propiedad fue despojada de una costarricense adulta mayor que reside en los Estados Unidos (modus operandi de comparecencias falsas en adultos mayores fuera del país)”, detalla el documento.
González trabajó varios años en el Poder Judicial en el puesto de Auxiliar Proveedor de Apoyo 3, uno de los cargos que ocupó como funcionario público, pero luego se dedicó a labores independientes.
Leslye Bojorges, diputado del PUSC por Alajuela. Foto: Leslye Bojorges
Madre Patria-Richter
Madre Patria estalló el 25 de junio del 2024 cuando el OIJ y la Fiscalía realizaron 47 allanamientos para detener a 30 personas, por lo que la policía judicial lo denominó un megacaso en donde se investigan los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho, relacionados con la venta e inscripción de propiedades de alto valor.
20 sospechosos permanecen actualmente cumpliendo la medida cautelar de un año de prisión preventiva, mientras que otras nueve están bajo otras medidas distintas mientras avanza el proceso como arresto domiciliario o firmar periódicamente en una sede judicial, así como impedimento de salida del país, tal cual lo determinó el Juzgado Penal de San José.
El caso ‘Madre Patria’, como denominó el OIJ a esta causa, es el segundo más grande tramitado por la Policía Judicial, solo superado el caso Cochinilla.
Además, se convirtió en la primera causa penal que no está relacionada con narcotráfico o legitimación de capitales, que se remitió a la Jurisdicción Especializa sobre Delincuencia Organizada (JEDO). El fiscal general calificó este expediente como un megacaso de corrupción, legitimación y fraudes: aglutina lo que normalmente se tramitaría en unas 40 investigaciones grandes.
¿Cuál es la relación con caso Richter? Ambos casos se conectan una vez que los investigadores intervinieron comunicaciones y se dieron cuenta que el diputado Leslye Bojorges tuvo reuniones con los cabecillas de Madre Patria.
A partir de esto inician una investigación al legislador y se pudo encontrar posibles delitos en los que habría participado, así como la alcaldesa Jiménez y otros funcionarios públicos, por presunto tráfico de influencias y pago de dádivas.
Source
Carlos Castro
