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El gobierno, por medio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), mantiene vigentes al menos cinco licencias de pesca para embarcaciones de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca y su esposa, además de recibir gasolina subsidiada para esas lanchas.
A Bell esta semana se le abrió una tercera causa por robo de combustible, como parte del Caso Huachicoleros, en la que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo señala como uno de los presuntos cabecillas de tres organizaciones criminales que operaban en ese ilícito negocio.
Según datos de Incopesca, el empresario detenido desde el pasado 11 de octubre y con sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por señalamientos relacionados con narcotráfico, tiene una lancha a su nombre con permisos activos de operar, mientras que su esposa posee autorización estatal para operar cuatro embarcaciones.
La primera está registrada con la matrícula L01692 y el nombre Johana 2, a la cual se le extendió el permiso de pesca a pequeña escala hasta el 19 de marzo del 2030, tomando en cuenta que tiene como sede de operación Portete de Limón. Esta licencia se había vencido este año.
La descripción incluida en el registro de licencias señala que tiene autorización de operar con un motor fuera de borda de 150 caballos de fuerza (hp) y con estado de licencia activa.
A esa se suman la embarcación Baula VI, a la cual se le concedió la licencia hasta el 18 de agosto del 2029, misma que aparece como activa en el registro de Incopesca, sin embargo, tenía como fecha de vencimiento del canon anual el 18 de agosto pasado.
Pese a que el empresario y su esposa son vecinos de Limón, esta lancha de diésel con motor de 360 hp, tiene registro de operación en Puntarenas.
También cuentan con el permiso de operar para pesca la embarcación Dos Hermanos II, a la cual se le autorizó el uso de licencia hasta el 7 de julio del 2028 y se mantiene activa, pero de igual forma que la anterior, el canon anual venció en agosto y la documentación más reciente que publicó Incopesca no muestra si hubo renovación.
La lancha matrícula P010294, funciona en Portete, tiene un motor de 250 hp y trabaja con diésel.
Además cuentan con permiso para pesca del bote don Quincho, matrícula P08669, con sede en la misma zona de Limón. A esta se extienderon la licencia hasta el 6 de junio del 2029, no obstante el canon anual venció en junio pasado, sin que se conozca por datos oficiales si se le otorgó uno nuevo hasta 2025. Al igual que las anteriores, usa un motor con diésel, pero tiene una potencia de 360 hp.
Finalmente registran la matrícula P12403, llamada Challenger, a la cual se le autorizó la navegación para pesca avanzada en Portete de Limón hasta el 10 de abril del 2030, misma que se encuentra inactiva, de igual manera el canon, el cual está vigente hasta abril del 2025. Cuenta con características idénticas de motor que la anterior.
“Bell Fernández, aparte de sustraer el combustible y venderlo a otras personas para colocarlo al mercado nacional, también tiene permisos concedidos por Incopesca con el cual se le facilitan hasta 7 mil litros de combustible para utilizarlo en sus embarcaciones. De acuerdo a la investigación estos litros, e incluso más, provenían de la sustracción ilegal que se le hacía a Recope”, dijo Randall Zúñiga en declaraciones relacionadas con los allanamientos del Caso Huachicoleros.
Manrique González, abogado de Bell, insistió en que no tiene vínculo las investigaciones de robo de combustible con el beneficio que su cliente recibe del Estado con el combustible subdisidiado y el otorgamiento de permiso para realizar pesca a pequeña y avanzada escala.
“Este es un tema totalmente legítimo que procede desde hace décadas, no hay ningún procedimiento abierto respecto a eso. Sobre el manejo de los asuntos de las licencias y subsidio de gasolinas para él no tengo conocimiento, pero si se abre un procedimiento sobre esto sería ilegítimo. No entiendo que relación puede tener una cosa con la otra (causas penales y beneficios de Incopesca), las embarcaciones siguen con su operación de trabajo y con los permisos”, dijo.
Incopesca confirmó a crhoy desde febrero del 2024, que a Bell y su esposa, así como a otras cuatro vinculadas con causas de narcotráfico a nivel nacional, se les había subsidiado el combustible desde el 2019.
Se trata de una pareja de apellidos Umaña y Moreno, así como el hermano del primero, a quienes relacionan con el Caso Catanos. Esta investigación acabó con la detención de los cónyuges en Golfito por presunto lavado de dinero.
También figuró como beneficiario de gasolina a precio preferencial, Leonardo Joseph Méndez, alias Chombo, a quien asesinaron hace un año en Limón y figuraba como imputado en una causa por lavado de dinero, aparentemente proveniente del narcotráfico.
El Incopesca notificó que se encuentran en un proceso de revisión de procedimientos para el control y fiscalización que ejerce sobre los beneficios que se otorgan a la flota pesquera nacional.
Nelson Peña Navarro, presidente ejecutivo, afirmó que la institución siempre ha estado en disposición de colaborar con las autoridades judiciales y administrativas competentes para facilitar la información requerida en los casos donde se sospecha de abusos o de mal uso de estos beneficios con especial atención sobre la entrega de combustible a precio preferencial a la flota pesquera nacional.
“Además de las investigaciones conocidas que realizan las autoridades del Poder Judicial, esta semana recibimos un informe de la Contraloría General de la República que nos reitera la importancia de revisar y fortalecer los procesos de control para la entrega de combustible a la flota pesquera, con el fin de que este beneficio realmente sea para las familias pescadoras y tenga un impacto positivo en los costos productivos y en su economía”, dijo.
Según datos del Incopesca, existen aproximadamente 1.347 permisionarios, o pescadores, a los cuales se les otorga este beneficio.
Cuatro causas abiertas y sanción de EE. UU.
Con la última operación ejecutada por las autoridades judiciales, se confirmó que Bell ya cuenta con cuatro causas penales abiertas. Este es el detalle de cada una:
Causa 17-000913-0063-PE
Investigación por robo de combustible que se desarrolló hace 5 años en Limón, en la cual imputan a Bell, como uno de los miembros de un grupo de 14 personas al que se le atribuye la sustracción de gasolinas de oleoductos de Recope, generando pérdidas por ¢2 mil millones, entre noviembre del 2016 y febrero del 2018.
Causa 23-001265-0063-PE
Investigación por el presunto delito de contaminación de aguas. Sobre este caso, el Ministerio Público no reveló detalles, únicamente confirmaron que el empresario formaba parte de las personas investigadas, sin mencionar su rol en la presunta comisión de ese delito por el cual se abrió el expediente.
Caso PetroCoke: Causa 24-001772-0063-PE
Esta es la relacionada con los allanamientos del viernes 11 de octubre del 2024. Las autoridades ejecutaron varias diligencias en 4 predios, un hotel y varias casas de habitación, las cuales contienen maquinaria sofisticada para cometer posibles actividades delictivas. Una de esas es la de Bell, donde ubicaron autobuses, vagonetas, vehículos de carga, tanques de almacenamiento, camiones cisterna, mangueras de alta presión y hasta dispensadores de combustible.
Caso Huachicoleros: Causa 23-008666-042-PE
11 personas fueron detenidas el 11 de diciembre, entre ellas Bell, como sospechosas de robar combustible a la Recope. Según la Fiscalía, varias organizaciones criminales hacían tomas ilegales en las tuberías de Refinería. El OIJ detalló que Macho Coca se reunía con otros dos presuntos líderes conocidos con los alias de “Mafia” y “Gordillo” para supuestamente vender el combustible robado y legitimar capitales.
A nivel internacional también es seguido por las autoridades, pues en noviembre del año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó sanciones contra el costarricense, solicitando congelamiento de sus cuentas y bienes, alegando que es un “importante narcotraficante de Limón” y “uno de los mayores traficantes de Costa Rica, trasladando cocaína desde Colombia a lugares como Estados Unidos y Europa”.
Zúñiga confirmó que pese a no tener ninguna acusación por narcotráfico contra este hombre, conocen el historial y su crecimiento patrimonial, en apariencia utilizando sus compañías en esa trayectoria de aproximadamente 30 años.
Además reconoció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos tiene informes sobre el limonense, información de la que ya se tiene conocimiento en la policía judicial.
“Él comenzó como pescador y luego logra generar múltiples inversiones en construcción casualmente. Esta persona ha logrado permanecer inadvertido públicamente, porque tiene un rol de cabecilla, porque da las órdenes de un tercero, se cuida mucho en sus comunicaciones por celular y evita que se vincule con algunas personas, por eso es que ha sido difícil llegar, pero nosotros si sabemos de la evidencia que tiene la DEA de él“, dijo Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación del OIJ.
Pese a esto, la OFAC lo incluyó en su lista negra, reconociéndolo como un “narcotraficante violento” que según la autoridad estadounidense mueve grandes cantidades de cocaína.
Según el Departamento del Tesoro, esa designación ejecutiva se hizo por “el volumen de drogas que mueve y la violencia con la que opera”, pues aseguran que ha desempeñado un papel importante en la reciente transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos.
Posterior al anuncio Bell rechazó las aseveraciones expuestas por las autoridades costarricenses y estadounidenses en ese momento, aduciendo que no tiene ninguna relación con actividades ilícitas, debido a que todos sus activos provienen de “negocios absolutamente legales de muchos años de trabajo y esfuerzo”.
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a importante narcotraficante costarricense.
Source
Carlos Castro
