Fotos: Casa Presidencial
Un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo pretende que se asuma la defensa judicial de jerarcas de superintendencias, con dinero del Estado, en caso de que sean denunciados penalmente por alguna situación relacionada con sus funciones.
La iniciativa llamada Reforma al Marco de Resolución y Garantía de Depósitos, bajo expediente N.°24.256, añade un nuevo artículo relacionado con la protección a los superintendentes.
En caso de verse inmersos en un problema judicial, podrán recurrir a fondos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para poder plantear su defensa y hasta asumir los costos de las condenas en caso de una sentencia en su contra.
Se trata de una adición al artículo 55 del proyecto, en el cual se incluye el artículo 36 BIS al que nombran “Deber de defensa”.
El escrito señala además que quienes ocupen esos puestos estarían cubiertos por un tipo de protección especial, con la que no cuenta actualmente ningún funcionario público, porque incluso de ser aprobada la ley, se librarían de un proceso a nivel personal, es decir, nadie podría demandarlos.
“No será admisible la demanda en lo personal contra funcionarios de la Sugef y del Fondo de Garantía de Depósitos, resolutores designados y miembros y funcionarios del Conassif, por actos o conductas relacionadas con el ejercicio de cualesquiera de sus deberes, funciones o atribuciones, contemplados en el ordenamiento jurídico en el marco de los procesos de resolución en toda su extensión”, detalla el artículo.
Esa misma protección aplica para quienes hayan participado en los procesos aún y cuando ya no estén en la función pública.
“Las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que los terceros formulen frente a las personas indicadas en el párrafo anterior, por las acciones u omisiones realizadas por estos en el marco de resolución, serán cubiertas patrimonialmente por el Banco Central de Costa Rica. También facilitará los fondos para la constitución de las fianzas, medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse en dichos procesos y asumirá la completa defensa judicial, misma que incluirá honorarios de abogados y notarios externos y peritos”, plantea el gobierno en el proyecto.
Añaden que en caso de una sentencia condenatoria contra el Estado en la que se vea obligada a pagar daños o perjuicios, el BCCR “solo podrá subrogarse contra el funcionario o persona cubierta, cuando se haya demostrado, en sentencia o en el procedimiento administrativo correspondiente, que actuó con dolo o culpa grave”.
Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico del Banco de Costa Rica (BCR), fue citado junto a Douglas Soto, gerente general del BCR, para conocer detalles sobre esa propuesta.
Sáenz calificó de inapropiado el plan que tiene el Poder Ejecutivo, pues se le estaría dando un fuero especial a estos jerarcas.
“El proyecto tiene muchas aristas pero llamamos la atención al artículo 55 del proyecto que pretende adicionar un 36 BIS, este es un régimen de irresponsabilidad de parte de las autoridades supervisoras y del Consejo de Supervisión de Sistema Financiero. Se está creando un régimen de inmunidad que ni siquiera los miembros de los supremos poderes en Costa Rica lo tienen, está diciendo que las autoridades supervisoras no serán responsables de lo que hagan, digan o dejen de hacer. Más allá de eso dice que el Estado será el responsable de pagarles la defensa y representación en cualquier litigio.
(…) Consideramos que es completamente inapropiado, como autoridades y funcionarios somos responsables de los que hacemos correcto o incorrecto y si alguien denuncia y toma acciones judiciales debemos asumir la responsabilidad y defenderlo como corresponde.
(…) Esto no tiene que ver como garantía de depósitos, con liquidación de entidades, no tiene que ver con fondo de garantía, es un régimen que se pretende otra vez crear, personalmente discrepo de este tipo de regímenes“, dijo.
Montserrat Ruiz, diputada de Liberación Nacional, señaló que esta idea es similar a la “póliza de la vergüenza” que planteó el Ministerio de Hacienda.
Se trata de un plan con el cual se pretende contratar al Instituto Costarricense de Seguros (INS) para que se paguen los honorarios de abogados que asuman las defensas de miembros del gabinete en caso de que sean demandados en hechos relacionados con la función pública.
“Sería bueno buscar el expediente pasado para saber desde cuando se quieren poner estas pólizas de la vergüenza y de la impunidad”, dijo.
Ruiz lo calificó como “un anillo de alto quilataje hecho a la medida para funcionarios de superintendencias” e instó a al Departamento Técnico de la Asamblea Legislatica a valorar si es constitucional su aplicación.
Por su parte, Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, dijo sentirse consternada con la propuesta, tomando en cuenta que no se admitirá la demanda en lo personal contra los funcionarios de la Sugef y Conassif.
“Tienen una inmunidad, es un fuero más allá de la inmunidad. Es algo más, no se puede ni siquiera ir a presentar la demanda porque no es admisible, eso es algo que me deja absolutamente consternada, pero no solamente para los funcionarios de la Sugef y Conassif, si no además para todos aquellos que hayan sido parte del proceso aunque ya no sean funcionarios. Para mí que soy abogado es algo absolutamente incongruente con toda lógica”, dijo.
Añadió que son privilegios excesivos similares a los que se buscan con la póliza que el gobierno quiere pagarle al INS.
“Cada colón que se use para esto, es un colón que se le saca del bolsillo a los costarricenses”, dijo.
También pidió que se considerara si es inconstitucional el proyecto, porque a su criterio haría que el sistema judicial solo funcione para algunas personas y se excluya de responsabilidades a otras.
Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, insistió en que esto es una idea que busca crear una casta privilegios, además que sería completamente inviable.
“Ese artículo del deber de defensa es para crear una casta y aumentarle los privilegios a las élites de la superintendecia, es para aumentarle privilegios a la casta que está en las superintendencias. El Poder Ejecutivo es consciente de lo que está haciendo”, señaló.
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Carlos Castro
