El Ministerio de Justicia y Paz lanzó una nueva directriz que podría cambiar radicalmente la forma en que se gestionan los centros penitenciarios de máxima seguridad en Costa Rica. La medida, impulsada por el ministro Gerald Campos, propone eliminar las visitas conyugales y restringir el ingreso de encomiendas a estos recintos, como parte de un endurecimiento en los controles carcelarios.
El anuncio se dio en medio de una expansión sin precedentes del sistema penitenciario de máxima seguridad, que pasó de albergar 80 personas a contar ahora con capacidad para 1.000 privados de libertad. Esta ampliación, según las autoridades, busca enfrentar con mayor firmeza el crimen organizado y los delitos cometidos desde las cárceles.
“El objetivo es reforzar la seguridad y eliminar los privilegios que no deberían existir en un régimen de máxima seguridad. Se trata de mantener el orden y garantizar los derechos básicos, como la salud, sin comprometer la seguridad del país”, declaró el ministro Campos.
La medida ya genera reacciones tanto dentro como fuera del sistema judicial, pues algunos sectores consideran que la eliminación de visitas íntimas podría tener efectos en la estabilidad emocional y el comportamiento de los reclusos. Por otro lado, hay quienes respaldan con firmeza la iniciativa, argumentando que muchos beneficios son utilizados para burlar los controles y facilitar acciones delictivas desde los centros penales.
El proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación, pero se espera que las nuevas reglas entren en vigor en los próximos días. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para cerrar los canales de comunicación y logística que muchas veces terminan siendo aprovechados por estructuras criminales.
Con este paso, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de transformar el sistema penitenciario costarricense en uno más estricto y seguro, donde el cumplimiento de la pena se ajuste a estándares más rigurosos. El debate, sin embargo, apenas comienza.
