Una medida de emergencia bajo la lupa
Durante el 2024, la Administración Chaves Robles evaluó una polémica solución para atender el hacinamiento carcelario: la instalación de carpas temporales para privados de libertad. Aunque inicialmente se pensó que la propuesta se limitaba al complejo penitenciario La Reforma, documentos oficiales revelan que el plan incluía también los centros de Pérez Zeledón, Pococí y Liberia.
La iniciativa quedó registrada en el informe “Edificaciones livianas y mampostería como medida inmediata para albergar personas privadas de libertad”, elaborado por el Departamento de Arquitectura del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes (PCIAB), dependencia del Ministerio de Justicia y Paz.
Origen de la propuesta y primeros obstáculos
El interés por las estructuras livianas surgió tras una sugerencia de la empresa Datasys, que compartió experiencias similares implementadas en España. La idea fue acogida por el ministro Gerald Campos Valverde, y discutida al interior del ministerio durante el primer semestre de 2024.
Las carpas eran similares a las utilizadas por fuerzas armadas en campamentos temporales, y la inversión inicial se estimaba en más de ₡3.000 millones. Sin embargo, la propuesta generó divisiones internas. El entonces viceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, manifestó su desacuerdo por considerar que el modelo era inseguro, efímero y vulnerable, y fue destituido el 11 de julio de 2024, en medio de la controversia.
Riesgos técnicos y advertencias del PCIAB
El informe técnico del PCIAB, fechado en julio de 2024, fue contundente en sus observaciones. Se identificaron múltiples debilidades operativas y legales que desaconsejaban el uso de carpas como solución penitenciaria:
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Alta vulnerabilidad al vandalismo y posibles fugas.
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Condiciones inadecuadas para una estancia prolongada, especialmente ante cambios climáticos extremos.
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Dificultades de acceso a servicios básicos como agua, electricidad y desechos.
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Impacto potencialmente negativo en la salud mental de reclusos y personal penitenciario.
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Incumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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Riesgo de acciones legales por parte de defensores de derechos humanos y jueces de ejecución de la pena.
Además, se advirtió que el país carece de los materiales adecuados para mantenimiento o reparación de este tipo de estructuras, y que su implementación requeriría terrenos planos con infraestructura básica instalada.
Alternativas más seguras y cambios en la estrategia gubernamental
Ante los señalamientos técnicos y legales, se valoró como opción alterna la construcción de módulos en mampostería, los cuales aportarían mayor seguridad, mejor durabilidad y condiciones más dignas para la población penitenciaria.
Las carpas proyectaban añadir entre 912 y 1.260 nuevos espacios, mientras que los módulos de mampostería permitirían incorporar poco más de 700 plazas. En el caso de La Reforma, la propuesta de carpas contemplaba 224 cupos adicionales.
No obstante, el proyecto recibió un golpe decisivo en octubre de 2024, cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para impedir que el Ministerio de Justicia destinara recursos a este fin en el presupuesto de 2025.
Giro hacia una mega cárcel al estilo salvadoreño
Aunque las carpas fueron descartadas oficialmente, el Ejecutivo no abandonó del todo la idea de aplicar medidas carcelarias no convencionales. Durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre de 2024, el mandatario Rodrigo Chaves Robles expresó admiración por el modelo penitenciario salvadoreño, particularmente por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Ahora, el enfoque se dirige a construir una “mega cárcel” costarricense con capacidad para 5.000 reclusos y un presupuesto estimado de $35 millones. La meta es concluir la obra el 7 de mayo de 2026, un día antes de que finalice el actual periodo presidencial.
