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El Poder Ejecutivo ya presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la consulta acerca de si es legal o no que el Gobierno pague con recursos públicos de todos los costarricenses la llamada “póliza de la vergüenza e impunidad”, para proteger al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y a los jerarcas de su Gabinete de demandas y procesos judiciales.
La noche de este martes 26 de noviembre la Oficina de Prensa del Ministerio de Hacienda confirmó la presentación de la consulta sobre la legalidad ante la PGR. La consulta se presentó 13 días después de lo señalado por el ministro de esa cartera, Nogui Acosta Jaén, quien semanas atrás se había comprometido a presentarla desde el 13 de noviembre pasado.
La consulta ante el ente procurador se presentó por medio del oficio MH-DM-OF-1690-2024 con fecha del pasado 22 de noviembre. Sin embargo, no fue presentada por el ministro Acosta, sino por el viceministro de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, quien según el oficio el 22 de este mes estaba en el cargo de ministro a.i.
Molina consultó al procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas, las siguientes 3 preguntas:
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caución o garantía regulada en el artículo 13 de la Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos?
En el ejercicio de la potestad discrecional derivada del artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, ¿puede el Ministerio de Hacienda contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y oficiales a favor de jerarcas, tales como el Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros con el Instituto Nacional de Seguros?
¿Qué elementos debe contener el acto administrativo que justifique la decisión de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y oficiales a favor de jerarcas, como el Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros?
El documento completo de la consulta lo puede ver en este enlace Consulta Gobierno a PGR sobre póliza de la vergüenza
CRHoy intentó localizar al ministro Acosta para preguntarle el motivo por el cual él no presentó la consulta ante la PGR, pero no fue posible localizarlo. Su vocera de prensa dijo que el jerarca está fuera de país y que regresará este miércoles.
La cuestionada póliza para proteger a Chaves
Esta “póliza de la vergüenza e impunidad” fue bautizada así por la oposición y distintos sectores del país que censuran que el Gobierno traslade su pago al erario público, es decir, con la plata de los costarricenses.
En primera instancia, esa póliza tendría un costo de poco más de ¢248, 3 millones y sería contratada al Instituto Nacional de Seguros (INS).
La millonaria contratación fue revelada por CRHoy.com el pasado 25 de octubre. Tres días después, tras los cuestionamientos y el repudio generalizado, el Gobierno frenó la contratación alegando que presentaría la consulta ante la PGR sobre su legalidad.
Los diputados aseguran que el Gobierno debe de prescindir de esta contratación que intentan pagar con recursos públicos porque la ley es muy clara. La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado el que debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su Gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos. La CGR dejó claro que el pago de esas pólizas debe salir del mismo bolsillo del mandatario y de los jerarcas. Así lo respondió el ente contralor tras una consulta de este medio semanas atrás
La CGR dijo que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones”.
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La Contraloría dijo además que ya había pronunciamientos previos de su parte con relación a la obligación de los jerarcas de pagar estas pólizas de su propio peculio. Esos pronunciamientos fueron en mayo de 2022 cuando se le hizo la consulta desde la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y septiembre de 2019, cuando consultó en relación con lo mismo desde la Municipalidad de Cartago.
En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda, intentando insistir con la contratación, dijo que la PGR le había expresado al Gobierno que esta póliza supuestamente era legal. Esto, alegando que en febrero de este año la entonces ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, había consultado al respecto. Sin embargo, el ente procurador salió a aclarar que la consulta que había presentado la exministra no era con respecto a estas pólizas de responsabilidades civiles, la cual la ley dice claramente que deben de pagar los funcionarios de su propio bolsillo.
Por la llamada “póliza de la impunidad y la vergüenza” el presidente Chaves y el ministro Acosta -Hacienda- enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad. La semana pasada la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que el caso se encuentra en investigación bajo el expediente 24-000087-0033-PE.
La póliza para Chaves y su Gabinete, además, fue denunciada ante la CGR y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). A su vez, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Diputados acusaron intromisión del Gobierno en investigación
Paralelamente, en el Congreso la póliza es investigada por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. En ese foro ya compareció el vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quien admitió que él fue quien propuso al Gabinete que se hiciera esta contratación.
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La semana pasada los diputados de esta Comisión denunciaron una intromisión del Gobierno en la investigación sobre la polémica póliza. La denuncia surgió luego de conocerse que la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón Fernández, reveló a la diputada oficialista, Paola Nájera Abarca, una solicitud de información hecha por la exjerarca de la aseguradora estatal, Mónica Araya Esquivel, en relación con la póliza. La exfuncionaria pidió los datos como insumo para declarar ante la Comisión.
En próximas semanas, en esta comisión deberán de comparecer también Araya Esquivel y la actual jerarca de la del INS, Chacón Fernández.
Otro de los cuestionamientos que han surgido en la Comisión es que, aparentemente, el bufete de abogados Lexincorp, cuyo socio fundador es el actual canciller, Arnoldo André Tinoco, se vería beneficiado con el pago de “la póliza de la vergüenza o impunidad”.
Así lo advirtió el diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes. El congresista recordó que, en caso de que se apruebe la contratación de esta póliza, cada funcionario podría escoger al bufete y a los defensores de su interés para su defensa y que estos sean pagados con la millonaria póliza que se le quiere contratar al INS.
En ese sentido Robles recordó que el abogado de Lexincorp, Alonso Vargas, es el defensor del presidente Chaves, pues actualmente el representante del Mandatario en varios de las demandas judiciales que enfrenta ante la Fiscalía General de la República.
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Carlos Mora
