El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles no desiste en su afán de trasladarle el pago de la cuestionada “póliza de la vergüenza y la impunidad” al bolsillo de los costarricenses. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, confirmó que el Poder Ejecutivo consultará la legalidad de pagar esta póliza con recursos públicos a la Contraloría General de la República (CGR), esto luego de que el jueves la Procuraduría General de la República (PGR) le respondiera al Ministerio de Hacienda que este tema debe ser definido por el ente contralor. “Nos abocaremos a realizar la consulta a la CGR”, dijo Acosta, quien según su lectura del pronunciamiento de la PGR, este ente habría dicho que el Estado estaría habilitado para contratar este tipo de seguro.“Efectivamente son dos riesgos completamente diferentes los que se están cubriendo. Uno es del funcionario frente al Estado, y otro es del Estado frente a terceros”, añadió.
La cuestiona “póliza de la vergüenza e impunidad” fue revelada por crhoy.com desde el 25 de octubre del año anterior.
La contratación del seguro costaría, en un inicio, ¢248, 3 millones y sería con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Con esta protección, financiada con fondos públicos, los jerarcas podrán cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas.
Además, la póliza cubre las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
La millonaria contratación fue frenada por el Poder Ejecutivo tras los cuestionamientos generalizados de los sectores políticos de que se intente pagar con recursos públicos.
Por esta póliza el presidente Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad.
Recientemente, el jurista y exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese Ruiz, aseguró que la cuestionada póliza es “un indicio claro de la penetración en el Gobierno” de grupos criminales y relacionados al narcotráfico.
El exfiscal coincidió con los detractores de esta póliza de que esta contratación es ilegal. Seguidamente, añadió que es motivo de alarma que en esta póliza se incluyera la cobertura para procesos de extradición, esto justo en momentos en que se aprobó en el Congreso una reforma constitucional para la extradición de personas señaladas por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
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Carlos Mora
