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Al menos 107 investigadores, agentes y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) renunciaron a la institución en 2024. Así lo demuestran las estadísticas recopiladas hasta el pasado 30 de noviembre.
Esta situación ha ido en crecimiento: mientras que para el periodo entre 2011 y 2017 en promedio se iban solo unos 20 trabajadores por año, entre 2018 y 2021 se promediaron 40 anuales, pero a partir de 2022 son alrededor de 100 funcionarios al año que se escapan.
Pese a que han podido mitigarlo un poco, la fuga de personal continúa como una de las problemáticas más fuertes que afronta la policía judicial, según explicó su director Randall Zúñiga, en entrevista con crhoy.com el pasado viernes.
“107 son muchos, es demasiado personal que tienen un conocimiento y una valía superimportante.
Cuando uno ve que OIJ resuelve un montón de casos rapidísimo, es porque tenemos personal de experiencia. La experiencia no se encuentra en cualquier lado, es través del conocimiento y del tiempo.
Personal que investigue fraudes o estafas financieras no es cualquiera. Homicidios, crimen organizado, narcotráfico es muy complicado.
Los que investigan eso es personal que tiene aquí por lo menos 10 años de experiencia, que ya ha trabajado robos, asaltos o lo que sea, y ya está en la capacidad de dar ese salto hacia estas investigaciones más técnicas“, recalcó el jefe policial.
Desde el 2017, ya se suman alrededor de 435 bajas de profesionales, médicos, trabajadores especializados y agentes.
En este periodo, pero sin contar 2024, el OIJ ya perdió 287 investigadores, 19 funcionarios de Medicina Legal y 22 personeros de Ciencias forenses, según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Afecta investigaciones
El principal problema que esto provoca es que el personal que se mantiene o que se contrata para sustituir al personal que se fuga, carece del mismo bagaje, experiencia y competencias para conducir investigaciones judiciales importantes.
Esto se suma a los altos costos económicos que pierde el Organismo en toda la capacitación y entrenamiento que se otorga a los empleados, sin contar los largos plazos y gastos en los que se incurre en los procedimientos de reclutamiento.
Por ejemplo, para contratar a alguien primero se realizan una serie de pasos como la revisión de antecedentes, los cursos básicos y las prácticas, toda una gestión que puede tardar hasta 2 años, en caso de que una persona pase todos los filtros.
Después de 2 años iniciará el trabajo de campo pero sin experiencia, sin informantes y sin la pericia de alguien con más tiempo en labores. De allí pasará por lo menos unos 3 años para trabajar en delitos con menor complejidad de resolver.
Solo si continúa y el agente logra crecer, podrá pasar a investigar casos mucho más complejos, como lo pueden ser un asesinato o una banda criminal.
De acuerdo con el director general del OIJ, este proceso tan desgastante además es sumamente oneroso, porque la institución pierde ₡125 mil millones en reclutamiento, contratación y capacitación, más ₡81 mil millones que se han pagado en remuneraciones a oficiales que terminan principalmente en el sector privado.
“No tenemos tanta capacidad de especialización como quisiéramos. Habrá gente que se dedicará porque tiene más competencias para delitos contra la propiedad comunes, y habrá gente que tenga esas capacidades extraordinarias para homicidios, narcotráfico o crimen organizado.
Un ejemplo muy claro es el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). Sus miembros son los agentes más top que tenemos en esa área. Perder un oficial es perder años de experiencia, y la seguridad que da el ingreso del SERT a una casa o edificación, que no habrá bajas o víctimas colaterales.
Nunca se les ha ido un disparo ni alguna situación sobre cómo se atiende una escena del sitio para que salga bien. Siempre ha salido todo exacto, limpio y puro.
Es como cuando Estados Unidos pierde a un piloto de guerra. Un avión F15 puede costar $100 millones, que ellos prefieren perder el costo del avión a perder el piloto, porque no es cualquiera que puede llegar a ese nivel”, indicó el director del OIJ.
Algunas medidas implementadas por el OIJ como dotar de planes alimenticios y físicos entre otros beneficios, así como el avance de algunas leyes han evitado que la situación sea peor.
Para 2024 se proyectaba la salida de al menos 120 agentes judiciales. No obstante, la institución continúa siendo de máxima preocupación.
“Cuando se la aprobación en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico de la ley que excluye al OIJ del Marco de Empleo Público, eso favorece en algo. Otro proyecto de ley que presentó un sindicato para que las personas del OIJ puedan jubilarse a los 55 años, ha ayudado en algo a detener esa fuga masiva”, detalló Zúñiga.
Source
José Adelio Murillo
