El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca prohibir la extensión de la vida útil de autobuses que no cumplen con la Ley 7600, la normativa que garantiza igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica.
El diputado Antonio Ortega explicó: “¿Sabía usted que si una empresa de transporte incumple con la Ley 7600, se le hace una excepción para prolongar la vida útil de esos autobuses?”. La iniciativa pretende cerrar este vacío legal y garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en el sistema de transporte público.
Contexto: situación de las personas con discapacidad
Según la Encuesta Nacional de Discapacidad, en Costa Rica 676.310 personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 17,2% de la población adulta del país. De este grupo, el 55,5% reportó sentirse discriminado, especialmente en el acceso a servicios de transporte, según datos del INEC.
Este proyecto busca atender la histórica desigualdad en el transporte público, asegurando que las personas con discapacidad puedan desplazarse de manera segura y digna.
Qué propone la reforma legislativa
El proyecto del Frente Amplio incluye medidas concretas para reforzar el cumplimiento de la Ley 7600:
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Suspender la circulación de autobuses no accesibles: Las unidades que no cumplan los requisitos de accesibilidad no podrán continuar operando, y su permiso de circulación se suspenderá de inmediato.
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Sanciones más severas a empresas incumplidoras: La reforma al Consejo de Transporte Público (CTP) permitirá inhabilitar temporalmente a empresas que violen la normativa. Además, si reinciden, no podrán recibir nuevas concesiones durante tres años.
El objetivo declarado por los proponentes es salir de la deuda histórica del Estado con las personas con discapacidad, garantizando un transporte público inclusivo, seguro y de calidad.
Impacto esperado
La iniciativa legislativa apunta a frenar la circulación de unidades obsoletas que no cuentan con facilidades para personas con movilidad reducida, asegurando mayor seguridad y accesibilidad. Además, busca generar un efecto disuasorio para empresas que priorizan el ahorro sobre el cumplimiento de la ley.
FUENTE ELMUNDOCR
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