El Ministerio Público investiga presuntas anomalías en los permisos de tala otorgados a un empresario cercano al presidente Chaves. Archivo CRH
El Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José agilizar la fecha para la audiencia de apelación de medidas cautelares en el caso “Gandoca”.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apelaron desde agosto el rechazo por parte del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José de las medidas cautelares que habían sido solicitadas para los imputados en la causa.
En principio, la audiencia de apelación estaba pactada para realizarse el 4 y el 5 de noviembre. No obstante, por petición de la defensa de algunos de los imputados fue pospuesta sin que hasta la fecha se haya reprogramado de nuevo.
“El tribunal (penal del I Circuito Judicial de San José) consultó a las partes por sus agendas para enero y febrero de 2025, previo a señalar la vista. Ambas fiscalías pidieron al tribunal señalar lo más pronto posible, preferiblemente para enero. Dado el tiempo transcurrido, desde la presentación de la apelación y en virtud de los daños ambientales que se pretenden evitar con la medida cautelar solicitada. No obstante, aún se está a la espera de la notificación”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público, a través de un correo electrónico.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental investiga a un empresario de apellidos Pacheco Dent y a jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y a la regente ambiental (Camacho Calvo) por presuntos delitos en las autorizaciones brindadas al empresario para talar 29 árboles en 2 propiedades ligadas a Pacheco.
Las propiedades bajo la lupa serían parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Regama), ubicado en Talamanca de Limón.
Tras allanamientos y detenciones realizados a mediados de julio, el Ministerio Público solicitó girar medidas cautelares contra todos los imputados en la causa. No obstante, Félix Castellón Ruiz, juez penal del II Circuito Judicial de San José rechazó la petición alegando que no existían los suficientes elementos probatorios para atender la solicitud.
En la apelación planteada ante el tribunal a principios de agosto, la Fiscalía Ambiental alegó presuntas contradicciones en el actuar de la regente Camacho Calvo, contratada por el empresario para tramitar autorizaciones de aprovechamiento forestal (corta de árboles) en las 2 fincas.
En la resolución dictada el 5 de agosto, el juez Castellón alegó que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para argumentar el posible dolo en las actuaciones investigadas en este caso y rechazó las medidas cautelares solicitadas.
Según expuso el fiscal Hernández en el documento de apelación, fechado el 9 de agosto, en cuestión de 3 meses, Camacho emitió informes contradictorios y habría “desaparecido” 7 hectáreas de bosque en una de las propiedades investigadas con tal de propiciar las autorizaciones de aprovechamiento forestal a favor de Pacheco.
El Ministerio Público sostiene que dichas gestiones tendrían como objetivo final un proyecto urbanístico frente al mar.
La Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Fiscalía Agrario Ambiental investigan presuntas anomalías en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar 29 árboles en 16 hectáreas ubicadas en 2 fincas (7-48141-000 y 7-59699, plano catastrado número L-110409-1993) propiedad de Playa Manzanillo S.A., representada por Pacheco, quien tiene relación con Rodrigo Chaves, presidente de la República, y con la Casa Presidencial.
El terreno es parte de un área de 188 hectáreas de zona boscosa que pertenecían al refugio hasta 2014, cuando una ley las desafectó. Sin embargo, desde 2019, la Sala Constitucional ordenó al Sinac demarcarlas nuevamente como parte del refugio, tal como lo habían sido concebidas originalmente. Esto último aún ha sido concretado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Según consta en la apelación presentada por el fiscal Hernández, contenida en el expediente 24-000003-1851-PE, Camacho habría actuado dolosamente al -aparentemente- introducir información falsa en documentos públicos y al presuntamente participar en delitos ambientales.
En la causa se investigan posibles delitos de falsedad ideológica, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
La fiscalía sostiene que existen 3 informes periciales hechos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que acreditan que el territorio donde se efectuó la tala era bosque y, por tanto, impedía que esta se realizara.
Para el fiscal Hernández, existen contradicciones entre la información plasmada independientemente por el funcionario del Sinac, Salas Rodríguez, y la regente Camacho, en diferentes documentos preparados por ellos mismos.
Allanamientos de OIJ y Fiscalía en Sinac, oficinas centrales, el 16 de julio de 2024.
Lo que pidió Fiscalía
En julio, en la audiencia de solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía pidió contra Pacheco Dent depositar el pasaporte e impedir la salida del país. Además, firmar periódicamente ante autoridades judiciales de Pococí.
Contra los funcionarios de Sinac, la Fapta solicitó suspender del cargo a la administradora del Regama de apellidos Cruz Torres; al biólogo apellidos Campbell Lindo, quien se desempeña como jefe de la Subregión ACLAC y al ingeniero forestal Salas Rodríguez. Funcionario que en mayo aseguró que la tala de árboles en la zona estaba en regla.
Además de la separación por 6 meses, la Fapta urgió que no se acercarán a las oficinas del Sinac-Aclac, ni tener contacto o perturbar a testigos.
En contra de la regente forestal, la fiscalía solicitó inhabilitación del cargo y prohibir la emisión de certificaciones sobre cobertura forestal.
La inhabilitación tendría que ser comunicada ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sinac. Sobre ella, también se requirió: firmar una vez al mes, entregar su pasaporte y no salir del territorio nacional, mientras avanza la investigación.
La Fiscalía Ambiental pidió detener cualquier tipo de actividad en las propiedades del empresario y suspender todo aprovechamiento forestal en las fincas intervenidas, así como el transporte de madera proveniente de estas propiedades. También, se solicitó poner un alto a todo movimiento de tierra y a cualquier obra civil.
La Fiscalía pretendió impedir el movimiento de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles, o corresponda a humedal. Otra de las restricciones gestionadas procuró retirar a todos los trabajadores, maquinaria pesada y residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles, adicional a remover el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas.
En la petitoria se solicitó abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque y no realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
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Pablo Rojas
