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El Ministerio Público ya cerró el caso por el macabro crimen de Nadia Peraza Espinoza: la joven madre que fue cruelmente asesinada y descuartizada a inicios del 2024, en apariencia por su pareja, Jeremy Mauricio Buzano Paisano.
La Unidad de Género de Heredia de la Fiscalía, confirmó que finalizó la acusación, pero únicamente señaló al imputado por el delito de femicidio, pese a que al parecer, este cometió al menos otros 3 delitos más.
Para la familia de la muchacha, además del asesinato, el femicida habría cometido un robo agravado, una suplantación de identidad y la violación de medidas de protección.
Ellos consideran que estos hechos debieron ser incluidos en una acusación, para que Buzano afronte una pena mayor en un eventual juicio.
Según Joseph Rivera, el abogado de la familia, el robo agravado se justifica en que luego de acabar con su vida, el presunto asesino la despojó y se apropió del teléfono celular, el dinero y las tarjetas bancarias, con las cuales hasta hizo compras en comercios, según consta en el expediente policial de la investigación, que CR Hoy reveló el año anterior.
El sospechoso además, habría irrespetado las medidas de protección y alejamiento por violencia doméstica que se le impusieron, dado que existían reportes de que él cometía agresiones y maltratos contra su pareja.
Con respecto a la suplantación de identidad, consta en los informes policiales que Buzano Paisano escribía mediante la cuenta de WhatsApp y redes sociales, a familiares y amigos de Nadia, haciéndose pasar por ella para evitar que la buscaran.
Inclusive el día de los allanamientos, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, así lo señaló. “El sujeto empieza a engañar y manipular a la familia, diciéndole que estaba en otros lugares”, dijo entonces.
Las penas por femicidio van de 20 a 35 años de cárcel y las de robo agravado de 5 a 15 años, mientras que los castigos por suplantación de identidad oscilan entre 3 a 8 años y los de incumplimiento de medida de protección rondan entre los 6 meses y los 2 años.
Es decir, en el escenario que planteó la Fiscalía, el presunto asesino se expone a 35 años de cárcel como máximo, mientras que al añadir los demás delitos, podría afrontar una condena de hasta 60 años, que se tendría que reducir al máximo de 50 años de aprisionamiento que permiten las leyes costarricenses.
“Esto es muy grave, porque este fue un hecho muy aterrador. Solo 35 años y que los otros delitos los extraigan a favor del imputado es algo muy grave.
No fue que le causó lesiones, le quitó la vida a una persona y ustedes conocen qué pasó después de haberle quitado la vida. Es algo muy macabro, muy siniestro.
Si se aplica la ley del derecho penal mínimo, estos femicidas van a salir de aquí a 15 años y van a seguir matando mujeres, porque ese perfil criminalístico sigue ahí.
Tenemos que sacarlos de circulación pero no 10 o 15 años, tienen que estar por lo menos 20 años presos”, detalló Rivera.
El abogado insistió en que múltiples pruebas, 24 testigos y hasta reportes policiales demuestran el círculo de violencia, las compras en comercios y los mensajes de texto que permiten demostrar la comisión de los 3 delitos adicionales.
Tras ser consultado, el Ministerio Público confirmó que la acusación por el expediente 24-001572-0059-PE en este momento está en el plazo de comunicación, para luego remitir el caso al Juzgado Penal con la respectiva solicitud de apertura a juicio.
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Atroz crimen
Fue el jueves 16 de mayo de 2024, cuando dos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se toparon con el macabro hallazgo de restos humanos dentro de una refrigeradora, en una casa en San Pablo de Heredia.
Al día siguiente, la policía judicial retornó con todo un equipo de peritos, Unidad Canina, médicos forenses investigadores y agentes especializados para inspeccionar la vivienda y el electrodoméstico.
La joven tenía varias semanas desaparecidas previo al hallazgo, específicamente desde el 20 de febrero. Este sitio era de importancia para la policía judicial, porque allí fue donde se pasó a vivir Buzano Paisano, luego de dejar la casa donde convivía con Nadia.
Muy cerca de la entrada y la vía pública, estaba la refrigeradora en el jardín frontal. Allí detectaron partes del cuerpo de la víctima dispersas en diferentes lugares y contenedores, restos óseos y partes de tejido también.
El sospechoso usó ropa y bolsas plásticas para ocultar los restos. La mayoría de prendas de vestir estaban cortadas por “objetos filosos”, según describe el expediente al cual CR Hoy tuvo acceso.
Dentro de la propiedad, en un patio a la par donde estaba durmiendo, los investigadores dieron con un documento del Patronato Nacional de la Infancia en manos del sospechoso, así como un cuaderno y un libro sobre cómo dibujar el cuerpo humano.
En otra bolsa apareció la cartera de Nadia con dos tarjetas bancarias, su cédula, un carnet de manipulación de alimentos y una foto de su hija.
Horas después, en una segunda localidad, en Bajo Los Molinos en San Rafael de Heredia, los oficiales encontraron más restos de Nadia, dentro de bolsas plásticas y contenedores, lanzadas en una especie de lote baldío a 50 metros de la residencia. Por respeto a la víctima y a la familia, se omiten las descripciones aportadas en el informe.
Posterior a su extracción y análisis, algunos indicios fueron llevados a Medicatura Forense y al Archivo Criminal. Otros, como la refrigeradora, cobijas, pantalones, blusas y bolsos, fueron destruidos. Los canes, pruebas con luminol y tests Kastle Meyer fueron claves para inspeccionar las locaciones.
Source
José Adelio Murillo
