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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) decomisó el celular al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Cristhian Arroyo Gamboa, tras los allanamientos efectuados en Mora y la empresa Rahso.
La información fue confirmada a crhoy.com por la Oficina de Comunicación del Ministerio Público durante este jueves 13 de febrero.
Aunque Arroyo Gamboa no fue detenido por las autoridades tras las diligencias judiciales de este miércoles, la Fiscalía confirmó que el funcionario está bajo investigación en el expediente 24-000152-1218-PE.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que ordenó el decomisó (del celular) del señor Arroyo, quien figura como investigado dentro de la causa“, indicó el Ministerio Público tras consulta de crhoy.com.
Previo a su designación como director ejecutivo de Conavi en julio de 2024, el funcionario se desempeñó entre 2021 y 2024 como director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, según consta en su currículo.
En la hoja de vida se señala que Arroyo fue responsable del mantenimiento de la red vial cantonal, y tuvo a cargo una cuadrilla cercana a 25 personas. Además, enfatiza que su labor estuvo a cargo de obras de reparación y rehabilitación de la red vial en lastre, concreto y mezcla asfáltica en caliente.
Crhoy.com trató de localizar directamente al director ejecutivo de Conavi, además envió consultas al correo de prensa de la entidad y se está a la espera de una respuesta.
Las autoridades judiciales detuvieron al alcalde de Mora, Alfonso Jiménez Cascante y la vicealcaldesa Ariun Cabal Lombodorzh, a quienes se les detuvo este miércoles por aparentes pagos irregulares en contratos a una empresa.
Los funcionarios quedaron en libertad y hoy, en una transmisión en vivo, indicaron que siguen trabajando en beneficio de la comunidad.
“Nos parece importante agradecerle a las personas que han estado pendientes. Nosotros estamos bien y seguiremos trabajando por el bien de nuestro cantón. En esta investigación pondremos a disposición de las autoridades todo para que se vea la realidad de las cosas”, dijo Cabal.
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El caso se investiga por los supuestos delitos de pago irregular de contratos, peculado e incumplimiento de deberes.
Además de los funcionarios municipales, fue detenido un proveedor de la institución de apellidos Chaves Marín.
A las personas se les investiga por una serie de licitaciones, las cuales se adjudicaron a empresas específicas con el presunto fin de beneficiarles.
Las autoridades judiciales consideran que en uno de los casos se efectuaron pagos totales de las obras, pese a que no estaban terminadas, mientras que se otorgaron dineros sin ningún tipo de permiso o licitaciones.
Source
Greivin Granados
