En menos de un día, Costa Rica vivió uno de los episodios más alarmantes de violencia de género, con tres mujeres asesinadas en diferentes puntos del país. Uno de estos casos, ocurrido en San Rafael de Heredia, ha despertado indignación, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por los antecedentes del sospechoso: un hombre con 15 detenciones previas que seguía en libertad.
Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que los responsables de dos de los casos ya fueron capturados. Sin embargo, uno de los agresores, de nacionalidad nicaragüense, habría salido del país y hasta el momento no ha sido localizado. Este dato refuerza las preocupaciones de la ciudadanía sobre las fallas en los sistemas de control y prevención de la violencia.
Una ola de crímenes que sacude al país
Las estadísticas son impactantes. Tres mujeres perdieron la vida a manos de sus agresores en un lapso de apenas 12 horas, lo que ha puesto nuevamente en el centro del debate la urgencia de reforzar las políticas de protección a las mujeres. Aunque el OIJ ha trabajado para dar con los responsables, la recurrencia de estos hechos plantea serias preguntas sobre las medidas preventivas y el seguimiento a los antecedentes penales de posibles agresores.
En el caso de Heredia, el agresor era conocido por su historial violento, con 15 denuncias previas que no lograron evitar el fatal desenlace. Este hecho deja en evidencia fallas en el sistema judicial y genera preocupación en una población que exige mayor seguridad para las mujeres y sanciones más severas para los agresores.
El caso del agresor prófugo
Uno de los femicidios recientes presenta un agravante adicional. El sospechoso, de origen nicaragüense, habría escapado del país antes de ser capturado. Esto complica aún más la situación, pues las autoridades deberán coordinar esfuerzos internacionales para localizarlo y traerlo ante la justicia.
Un llamado urgente al cambio
Estos acontecimientos no solo generan indignación, sino también una reflexión profunda sobre la necesidad de un cambio estructural en la manera en que se enfrentan los casos de violencia de género. Las voces de activistas y ciudadanos resuenan más fuerte que nunca, pidiendo que las leyes y las medidas de protección sean revisadas y fortalecidas.
Mientras tanto, las familias de las víctimas enfrentan un dolor irreparable, mientras el país busca respuestas y acciones concretas para detener esta ola de femicidios que empaña la seguridad de las mujeres en Costa Rica.
