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Hubert Fernández, catedrático y juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, considera que el Ministerio de Hacienda debe ser parte del proyecto de ley que busca incorporar la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
Así lo expuso este jueves en la mañana Fernández en una sesión de trabajo con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la que se debatieron los cambios que se le quieren hacer a esta propuesta de ley.
Este proyecto se aprobó en primer debate el pasado 14 de mayo, sin embargo, los diputados decidieron retrotraer la discusión nuevamente a primer debate porque discrepan en algunos puntos de la propuesta, entre ellos que el Ministerio de Hacienda sea parte de las instituciones que pueda solicitar esta medida cautelar.
El experto dijo a los diputados que, en su opinión, si el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) son actualmente las 4 entidades que pueden presentar una denuncia por un caso de bienes presuntamente no obtenidos de manera lícita, esas mismas instituciones deberían poder solicitar la medida cautelar anticipada de asegurar estos bienes.
“Quien es parte de un proceso tiene derecho a presentar cualquier medida cautelar. Sería muy extraño que una persona pueda denunciar un incremento de capital y pueda pedir una medida cautelar dentro del proceso y que no pueda pedir una medida cautelar anticipada. Lo lógico es que, quien es parte, pueda pedir las medidas cautelares también anticipadas. En todo el ordenamiento procesal, quien puede constituirse como parte, puede solicitar medidas cautelares. Al excluirla habría una distinción”, dijo Fernández.
Según dijo Fernández, en los últimos 15 años desde que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conoce este tipo de incrementos sospechosos, Hacienda ni el ICD han ejercido la posibilidad de denunciar estos temas. Mencionó que la CGR lo hizo solamente en una ocasión. La mayor parte de denuncias, según Fernández, provienen de la Fiscalía Adjunta contra legitimación de capitales.
Fernández dijo que la decisión de quienes podrán solicitar esta medida cautelar es una potestad de los diputados, y no manifestó su negativa a la opción que se valora acerca de que la solicitud pueda ser planteada solo por el Ministerio Público y que la CGR, Hacienda y el ICD actúen como coadyuvantes.
En su exposición, Fernández dijo a los diputados que el proyecto de ley en discusión es necesario para fortalecer el sistema para la persecución de bienes no obtenidos lícitamente, pues tras la aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada la medida cautelar solo se pude interponer una vez interpuesta la denuncia, es decir, es necesario denuncia formal y que se solicite.
“Establece que antes de la denuncia se presente medida cautelar. Esto es válido desde el punto de vista procesal, es correcto, es conforme al ordenamiento, ” dijo Fernández.
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Carlos Mora
