exfiscal general y exdirector del OIJ reprochan gestión de Chaves con la UEI

Foto: MSP
Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del Organismo de Investigación Judicial y Francisco Dall’Anese Ruiz, exfiscal general de la República, descalificaron la gestión del mandatario Rodrigo Chaves Robles con la Unidad Especial de Intervención (UEI), grupo táctico adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Los experimentados exfuncionarios judiciales expusieron su descontento, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, al conocer que Presidencia había negado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), prestar este grupo de oficiales para participar en allanamientos.
Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, emitieron un decreto el 21 de noviembre del año pasado, para modificar los alcances de la labor de la UEI, dándole potestades de investigación que antes no tenía.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, reveló el miércoles 8 de enero que en los últimos meses, cuando trabajaron en diligencias relacionadas con la detención de sujetos vinculados a crimen organizado, no contaron con el apoyo de la UEI, pese a que históricamente ese cuerpo policial ha ofrecido ayuda al OIJ.
“Simplemente, dicen que no pueden (…) Yo prefiero no pensar cosas que no debería estar creyendo. Yo me mantengo neutral”, respondió el funcionario, al ser consultado sobre el sentir con la decisión de la UEI de Casa Presidencial.
Las negativas han provenido del jefe de la UEI, quien en la actual Administración (Chaves Robles, 2018-2022) ha sido el funcionario Jeffry Cerdas.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, ha señalado a Cerdas como uno de sus colaboradores más cercanos y ha citado que incluso “pasa con él todo el día”.

Guillén calificó dicha acción de Presidencia como decepcionante y caprichosa, pues en medio de una situación de crisis de inseguridad donde los asesinatos son noticia diaria, lejos de existir ese distanciamiento, se debería buscar diálogo para solucionar el problema en conjunto.
La policía tiene que unirse cuando el país está en emergencia y hoy el país está en emergencia. Casi 900 homicidios en el 2024, no hay duda que estamos en una emergencia, entonces yo quisiera saber cuál es la razón de fondo para negar la colaboración oficial, no particular.
Eso sí es un error atribuible a quien niega esos servicios y una muestra de una división extraña, pero tiene que haber una solución, conversando nos entendemos, si no seguimos en decadencia, y la población es la que sufre, los que mueren, especialmente las víctimas inocentes, los niños que han muerto a causa de esta guerra de pandillas y todavía nos ponemos con delicadezas para decir que no van a prestar colaboración (al OIJ).
Eso me parece muy reprochable y altamente decepcionante. ¿Para qué entonces están las policías? ¿Para trabajar cuando quieren, en lo que quieren o por lo que alguien quiere? De manera que ahí está el problema, falta de cohesión.
Parece que existen caprichos, orgullosos o no sé qué para no contribuir no con el OIJ si no con el país que es el que está pidiendo a gritos resolver estos problemas.

Por su parte, el exfiscal general reconoció que en el pasado existieron diferencias entre cuerpos policiales, pero siempre se resolvían hablando y de estos acercamientos más bien surgían medidas positivas para tomar decisiones.
“Yo tuve muchísimas diferencias con don Jorge Rojas, el exdirector del OIJ y siempre los logramos zanjar en muchos de los casos con la mediación de don Gustavo Mata, pero aun así en momentos de mucho conflicto sobre como hacer las cosas, el OIJ quebró el récord por dos años consecutivos porque resolvió todos los homicidios cometidos en dos años y eso no ha pasado en ninguna parte del mundo.
La discusión puede servir para crecer, pero si es para sacarse clavos personales, eso debe ser erradicado, de todas formas el país debe cuestionarse la existencia de entes a cargo del presidente que se pueden utilizar para fines políticos y no para seguridad del país.
Me parece gravísimo que se siga a cualquiera, sobre a todo a personas que tiene inmunidad“, dijo.

Decreto ilegal
El decreto ejecutivo firmado por Chaves y Fernández reforma la estructura operativa de la UEI y le amplía algunas funciones.
El texto deroga uno existente desde 2005, para agregar y detallar que el departamento de Operaciones de la UEI tiene como funciones planificar, supervisar y participar en los diferentes operativos policiales de alto riesgo, en los cuales se requiere de la del equipo policial.
Entre estos, se citan textualmente: allanamientos; vigilancias especiales por motivos de narcotráfico, terrorismo; operaciones encubiertas y de montaña. Protección a los miembros de los Supremos Poderes y dignatarios que estén visita oficial dentro del país, atender las acciones de violencia, fuga de reos; búsqueda y rescate de rehenes; persecuciones que sean espontáneas y generen un alto grado de violencia; colaborar en la detección y desactivación de explosivos; buscar y rescatar en caso de calamidad y/o conmoción pública, a personas y bienes en coordinación con grupos organizados de ayuda humanitaria.
Dall’Anese Ruiz se refirió al respecto y fue enfático en que esa orden de Chaves y Fernández riñen con la legislación del país.
“El decreto es ilegal e inconstitucional porque las funciones policiales tienen reserva de ley, ya había pasado estando yo en la Fiscalía con un viceministro de Seguridad del gobierno de don Óscar Arias, al emitir un decreto que le daba prácticamente las mismas facultades a la policía del Poder Ejecutivo que las tiene el OIJ, hasta el conserje rechazó el proyecto, porque es totalmente ilegal que por decreto que se creen funciones que rocen con la Constitución Política, por eso solo puede ser por ley.
Si es extraño lo que pasa en este país, que el presidente tiene una policía bien formada para hacer cosas, investigar, seguir personas, hacer lo que se le ocurra, como la DIS y la UEI, que no contribuye para nada con las garantías constitucionales de los ciudadanos.
 

La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia.
Se especializa en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.
A través de un video, Casa Presidencial alegó en noviembre que la “UEI siempre ha realizado investigaciones y planificado allanamientos”. No obstante, antes del decreto firmado por Chaves, la palabra “planificar” allanamientos no estaba contemplada entre las funciones asignadas a la UEI.

Source
Carlos Castro

Show More

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button