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PROPUESTA TÍTULO: Crisis por ola de homicidios: ¿Qué medidas se deben tomar? Autoridades opinan
Costa Rica enfrenta una ola de homicidios que genera gran preocupación en la ciudadanía y en las autoridades gubernamentales. Las cifras de asesinatos aumentan cada día y las proyecciones apuntan a que el 2025 podría ser el año con más asesinatos en la historia.
A pesar de que el 2025 solo lleva 37 días, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha contabilizado 93 homicidios al 7 de febrero, 10 casos más que en el 2024.
Se ha registrado un aumento significativo en el fallecimiento de mujeres, con 11 incidente más en comparación que el año anterior.
Los asesinatos han sido enumerados en San José (29), Limón (16), Puntarenas (15), Alajuela (15), Guanacaste (8), Cartago (6) y Heredia (4).
Además, durante enero, el OIJ registró 2 muertes colaterales por semana.
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Los recientes casos de víctimas colaterales han causado una gran conmoción en los costarricenses.
Jeyron Parra (18 años), Sebastián Esquivel (23 años) y Luis Aguirre (11 años) son 3 incidentes de personas inocentes que murieron tras un ataque que no iba dirigido hacia ellos.
Solo eran ciudadanos que estaban en un espacio público y que un balazo les arrebató la vida. A causa de gatilleros que sin ningún remordimiento hacen correr sangre inocente.
Ante esto, crhoy.com consultó a varios jerarcas sobre qué medidas debe tomar el país para hacerle frente a esta crisis.
Líderes del OIJ, Poder Judicial, Ministerio Público e incluso de la Asamblea Legislativa, dieron sus opiniones.
Randall Zúñiga, director del OIJ
El jerarca de la Policía Judicial aseguró que en primera instancia hace falta unión nacional y tener un discurso cohesionado desde los actores que tienen incidencia en la toma de decisiones de este país.
Zúñiga dijo que la criminalidad es el principal enemigo del país actual.
“Tener claridad de que la criminalidad es el principal enemigo y dejar cualquier cálculo, interés personal o grupal para luchar por Costa Rica y por mejorar las condiciones que tenemos todos”, indicó.
En segundo lugar, deben fortalecerse las capacidades de la policía y no solamente con recursos y personal, sino también con instrumentos para combatir como armas, chalecos y patrullas.
Otra de las medidas es el control territorial y penitenciario, debido a que “muchas de las situaciones que están ocurriendo en la actualidad” son por esta carencia.
Zúñiga considera que hay un vacío regional y es necesario “tener la presencia de los cuerpos policiales en las calles“.
En el caso del tema penitenciario, el director reveló que a pesar de que los reos están en la prisión, pueden comunicarse con el exterior de manera sencilla.
La cuarta medida es el tema de las leyes, donde el jerarca es claro en que Costa Rica “ya tiene una cantidad impresionante de leyes”. No obstante, estas no van a generar un impacto inmediato hasta que haya un fortalecimiento general de las otras medidas.
Finalmente, el director de la Policía Judicial considera que otro punto que necesita atención es la exclusión social, lo cual se trata de jóvenes que en este momento no están en escuelas y colegios debido a que han abandonado sus estudios.
“El OIJ ha detenido en los últimos meses más de 350 personas de grupos criminales que se han desarticulado. A pesar de que están ya desarticulados y en prisión preventiva, pues tenemos más y más homicidios. En este momento tenemos una cifra histórica nunca antes alcanzada de homicidios. A pesar de todas esas detenciones, pues sigue habiendo homicidios”, explicó.
Randall Zúñiga expone que no se puede “dar solución coyuntural a problemas estructurales”, ya que hay un tema de fondo como lo es la falta de oportunidades en educación.
A causa de esta falencia, no logran obtener empleos formales por no tener un bachillerato o un grado específico del colegio. Por lo tanto, terminan reclutados por grupos criminales.
“Aquí es cuando vemos que aumentan también las muertes colaterales (…) Son personas con inexperiencia en el uso de arma y cuando empiezan a utilizarla, pues evidentemente van a aumentar las muertes colaterales”, comentó.
El OIJ ha contabilizado 7 muertes colaterales en este inicio de 2025.
“Aquí hay un tema de fondo que no estamos trabajando, que es la parte de la educación, el acceso a oportunidades de trabajo formales y que las empresas puedan trasladarse a estos lugares y tengan mano obra calificada”.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Para el máximo jerarca del Poder Judicial, “la inseguridad no se limita a la represión del delito“.
Aguirre resaltó que crearon la Jurisdicción Especial en Crimen Organizado, lo cual ha permitido un enjuiciamiento más ágil y efectivo de estructuras delincuenciales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia expone que se necesita una “inversión social integral”, para garantizar educación, empleo y programas de inclusión.
Esto con el fin de “mejorar las condiciones de vida” en comunidades vulnerables, para romper el ciclo de pobreza y delincuencia.
“La seguridad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva punitiva; es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, ratificó.
Desde la institución consideran que es fundamental avanzar en la discusión y aprobación de la Ley de Ejecución de la Pena, para fortalecer la aplicación de la justicia.
“A inicios de este año, la Corte Plena aprobó un proyecto de reforma al régimen sancionatorio del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer los controles internos, garantizar la probidad y transparencia, y aplicar sanciones más efectivas a quienes incumplan la normativa”, añadió.
Gloria Navas, diputada y miembro de la comisión de Seguridad y Narcotráfico
La legisladora fue clara en que Costa Rica afronta una situación “muy gravosa” ante la cual la ciudadanía tiene temor.
“El país está sufriendo mucho, la ciudadanía está desamparada y los recursos son esenciales”, comentó.
Para la diputada es importante reforzar en la prevención, no solo es importante fortalecer en leyes o en la ejecución de las penas.
Con esto se refiere a que el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas en cuanto a las políticas públicas enfocadas en cómo evitar que suceda un delito y en que los jóvenes participen en estos hechos delictivos.
“Prevención que tiene que ver con la educación, prevención que tiene que ver con bajar todas las situaciones de desigualdad”, aseguró.
La congresista reiteró en que Costa Rica es un país “muy desigual” como casi toda Latinoamérica. Ante esto, se debe considerar que un alto grupo de menores no está terminando la escuela o el colegio.
Esta problemática está generando que los jóvenes no tengan una profesión, una especialidad o función técnica para laborar, con lo cual, terminan involucrándose con el crimen organizado.
Gloria Navas considera que en el ámbito de leyes ya muchas han pasado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, estas son para sancionar cuando ya sucedió un crimen.
No obstante, ella indicó que “no hay ninguna estadística que acredite que sancionando o metiendo gente a la cárcel muchísimos años, vamos a parar la delincuencia”.
Su tercera medida ronda en cuanto a los recursos pertinentes para hacer la lucha, tanto desde la Policía Judicial, los fiscales, jueces y policías.
A pesar de los esfuerzos, la diputada es consiente en que son requeridos salarios adecuados, recursos técnicos, equipos, botas, medios de transporte, tecnología y armas. Todo lo que sea necesario para evitar los crímenes.
“Mientras eso no se logre con buenos recursos, es muy difícil que mejoremos la situación”, sentenció.
La congresista explicó que el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de delegación de Pococí del OIJ, “es un tema simbólico gravísimo que demuestra hasta dónde estamos llegando”.
Navas valora que cuando se ataca a la policía, el hecho de terrorismo del crimen organizado “es más que evidente”. Por lo cual, es necesario un reforzamiento de todas las policías, tanto la administrativa como la judicial.
“Es una confrontación frente al crimen, pero la confrontación también necesita del apoyo de la ciudadanía. Que la ciudadanía denuncie hechos (…) que no tengan temor a esos niveles, porque la lucha ciudadana es eficaz y eso puede prevenir la consumación de delitos tan gravosos como los que tenemos en estos tiempos”, finalizó.
Carlo Díaz, fiscal general
Para el jefe del Ministerio Público, actualmente se pueden implementar 5 acciones para combatir la ola de homicidios que enfrenta el país.
En primer lugar, deben identificarse las zonas de mayor incidencia de asesinatos y las organizaciones criminales que se vinculan con esos hechos. Una medida que el MP y el OIJ ya han comenzado a trabajar en conjunto, según reveló Díaz.
Como siguiente punto, es requerido incrementar la presencia policial para tener un mejor control territorial en esas zonas conflictivas.
El tercer paso se enfoca en aumentar la capacidad de los cuerpos policiales de investigación de homicidios y narcotráfico.
Además, el fiscal general reiteró que son necesarias acciones contra el microtráfico, como el Plan Escudo.
Donde ellos buscan atacar a las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas a pequeña escala.
También se coordina la desarticulación de bandas criminales y labores preventivas de detección y decomisos de arma de fuego que se encuentran en las calles sin permisos.
La medida final se basa en fijar objetivos de persecución policial relacionados con hechos de delitos contra la vida, narcotráfico y crimen organizado.
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública
Se invitó a Mario Zamora, ministro de esa cartera, para que compartiera sus opiniones o posibles medidas tal como los otros jerarcas.
No obstante, su oficina de prensa solo brindó el documento referente a la “Política Nacional y Plan de Acción de Seguridad Pública Costa Rica“.
De acuerdo a la respuesta brindada, el eje 3 de dicho plan son las medidas que buscan implementar desde ese ministerio.
El cual tiene como objetivo: “Garantizar la Proactividad Policial, de los cuerpos especializados, ante los delitos de crimen organizado, sicariato y narcoactividad mediante el uso de tecnologías policiales de última generación, inteligencia y cooperación internacional”.
Según el escrito, estas son las acciones estratégicas:
Reformar el modelo de gestión de la policía de control de drogas
Integrar de manera funcional a los cuerpos policiales especializados
Diseñar e implementar una estrategia de intervención de frente policial de lucha contra el fenómeno criminal de préstamos gota a gota y el tráfico ilegal de armas de fuego.
Desarrollar operaciones conjuntas en contra del financiamiento ilegal del crimen organizado.
Ejecutar operaciones combinadas desde el trabajo interpolicial: policías del poder ejecutivo.
Desarrollar una plataforma de coordinación y desarrollo de política criminal, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Source
Daniel Córdoba
