Sin explicaciones oficiales: Araya queda fuera de EE. UU.
Johnny Araya Monge, exalcalde de la capital costarricense y excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que su solicitud para renovar la visa estadounidense fue rechazada por la embajada de Estados Unidos en Costa Rica. El político indicó que tramitó la renovación desde mediados del 2024, pero aún no ha recibido una respuesta formal con los motivos de la negativa.
“Tenía que renovarla desde el año pasado y aún no me la han aprobado. No me han dado ninguna razón”, declaró Araya en una entrevista con CR Hoy.
El hecho se suma a una tendencia creciente de cancelaciones o rechazos de visados a figuras políticas, exfuncionarios públicos y representantes de empresas con vínculos estratégicos.
Nueve figuras políticas sancionadas en lo que va del 2025
Durante los primeros meses de este año, el gobierno de Estados Unidos ha revocado o rechazado la visa a al menos nueve personas influyentes en la política costarricense, incluyendo al expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. A él se suman diputados en funciones como Francisco Nicolás (PLN), Johana Obando y Cynthia Córdoba (ambas del Partido Liberal Progresista), así como Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Las decisiones, aunque amparadas en disposiciones del Código de Inmigración de EE. UU., no han venido acompañadas de explicaciones públicas, lo que ha generado suspicacia en distintos sectores sociales y políticos del país.
¿Una política silenciosa contra vínculos sensibles?
Además de figuras políticas, funcionarios y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también han sido objeto de estas medidas. Entre ellos destacan:
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Ana Sofía Machuca, auditora general
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Jaime Palermo, exgerente de Telecomunicaciones
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Douglas Quesada, exjefe de Construcción de Red
También fue incluido en la lista Yang Peng, representante de la empresa tecnológica china Huawei en Costa Rica. Si bien las razones oficiales no han sido reveladas, varios analistas especulan que las acciones podrían estar relacionadas con cuestiones de ciberseguridad y geopolítica tecnológica, particularmente frente a la presencia de compañías chinas en el ámbito de las telecomunicaciones regionales.
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