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La Defensoría de los Habitantes recalcó que la emergencia de las lluvias ocurrida durante las últimas 2 semanas evidenció el problema de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo como ríos y laderas.
Ese fue uno de los hallazgos que comunicó el ente defensor como parte de una serie de inspecciones a comunidades afectadas por las fuertes lluvias como Carrillo y Santa Cruz de Guanacaste y Chacarita de Puntarenas.
La Defensoría alzó una falta de ordenamiento territorial por la ausencia de planes reguladores, como fue el caso del cantón de Santa Cruz, el cual resultó ser de los más afectados por las fuertes precipitaciones.
A través de un pronunciamiento enviado este jueves 28 de noviembre, la emergencia visibilizó una insuficiencia de recursos para conservación y mejoramiento de la red vial nacional a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Personas que estuvieron en albergues se quejaron de los criterios utilizados por las autoridades locales para ordenarles desalojar y regresar a sus viviendas, a pesar de que sus casas no estaban aún en condiciones de ser habitadas o están ubicadas en zonas de riesgo. La mayor disconformidad se manifestó en el albergue de Filadelfia de Carrillo, donde más de 200 familias fueron desmovilizadas entre el 19 y el 20 de noviembre anterior”, indicó el comunicado.
De acuerdo con la Defensoría, en albergue con presencia de adultos mayores no se tenía de pañales ni de productos alimenticios que estuvieran acordes con las necesidades de la población, entre sopas, atoles, jugos e insumos para dietas blandas en general, el cual lo denunció el albergue de La Guinea en Carrillo.
Según la Defensoría, la representación del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) en el Pacífico Central alertó sobre una insuficiencia en los albergues de productos como sillas de ruedas.
En Carrillo, entidades relevantes en la atención de emergencias carecen de sedes u oficinas, mientras que se encuentran asentadas en cantones vecinos. Por lo tanto, su integración al Comité Municipal de Emergencias lo realizaron como recargo y con una menor regularidad que en sitios donde sí hay presencia.
Algunos de estos casos ocurrieron con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
“También considera necesario que la CNE defina con claridad los criterios de desmovilización-desalojo- de población alojada en albergues y divulgar de forma amplia, asertiva y oportuna esa información entre la institucionalidad y la población que vaya a ser desmovilizada en próximos eventos.
“A la CNE (Comisión Nacional de Emergencias) se le recomendó además exhortar a los comités municipales de emergencias para que dispongan, como parte de sus protocolos de atención de albergues temporales, los canales y responsables de proveer información veraz y oportuna a las personas ingresadas”, precisó la Defensoría.
Source
Greivin Granados
