El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) cuestiona el presupuesto educativo de 2025.
De acuerdo con el documento Análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto 2025 del Ministerio de Educación Pública (MEP), elaborado por el Colegio, este presupuesto carece de una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo.
Por el contrario, solo muestra un enfoque fiscalista, donde el objetivo es cumplir con los límites presupuestarios establecidos por el Ministerio de Hacienda, “aunque eso signifique presupuestar menos recursos de los técnicamente correctos”.
La inversión pública en educación de Costa Rica enfrenta una clara tendencia a la baja, cruzando un máximo histórico de ₵2.670.018 millones en 2020, a ₵2.580.414 millones en el proyecto de ley de presupuesto de 2025. Esto representa una reducción nominal cercana a los ₵6.000 millones con respecto al presupuesto inicial de 2024, detalla el análisis de Colypro.
El informe destaca que, además de la afectación al sistema educativo, la reducción en el presupuesto es una violación a lo que establece la Constitución Política, pues para el 2025, la inversión en educación será del 4,92% del PIB (sin contemplar el INA), la más baja en los últimos 20 años y lejos de lo que establece la Carta Magna, que es un 8% del PIB.
Se muestra una reducción sistemática de la inversión en programas de equidad, infraestructura y equipamiento educativo, alerta el órgano colegiado.
¿Recortes porque se reduce la matrícula?
Las autoridades educativas han expuesto en reiteradas ocasiones en la Asamblea Legislativa que la disminución del presupuesto se debe a la reducción de la matrícula de estudiantes.
Ante esta situación, Colypro asegura que dicha tesis es incorrecta, ya que el sistema educativo ha sido excluyente debido al debilitamiento de varios programas, lo que genera que los estudiantes terminen fuera de las aulas.
El MEP ha planteado la tesis de que la reducción en la tasa de natalidad conlleva una reducción en la demanda de los servicios educativos, argumento suficiente para explicar el estancamiento y reducción del presupuesto en educación.
Sin embargo, al observar una serie histórica desde 2013, puede concluirse que la matrícula inicial de 2024, aunque muestra una reducción con respecto a los años previos, es similar a la matrícula de 2013, expone Colypro en el documento.
Asimismo, el colegio agrega que esta reducción de matrícula no es más que una evidencia de un sistema educativo excluyente.
“Mostrar, tal y como lo han afirmado las autoridades, que la matrícula de medio año de 2024 valida esa tesis —dada la reducción de más de 100.000 estudiantes con respecto a la matrícula inicial—, no es más que una evidencia de un sistema educativo excluyente, que mediante la reducción de los programas de equidad, el debilitamiento de las actividades extracurriculares (juegos deportivos, festival de las artes), el constante atraso en los nombramientos docentes y las condiciones deplorables de la infraestructura educativa, promueve la expulsión de los y las estudiantes”, se detalla en el documento.
Sobre este tema se consultó al MEP; sin embargo, al cierre de la nota no se ha obtenido una respuesta.
División presupuestaria
El presupuesto para Educación se divide en un 70% al MEP, el 24% a las universidades públicas, el 4 % al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el 0,7 % restante al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y a los Colegios Universitarios de Cartago (CUC) y Limón (Cunlimón).
Lo que determinó la Contraloría General de la República en su informe sobre el presupuesto educativo del 2024 se repetirá en el 2025. En ese momento, la Contraloría determinó que ese presupuesto era el más bajo en los últimos 10 años.
Para 2022, el sector educativo en total tenía un presupuesto de ¢2.816 millones. Para 2023 hubo una reducción del 1,2 %, ya que el monto destinado a la educación fue de ¢2.781 millones.
El incumplimiento del 8 % constitucional para educación cobra factura a distintas áreas educativas. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expuso hace varios meses en conferencia de prensa que alcanzar el 8 % del PIB para educación era inalcanzable y que, para lograrlo, habría que desfinanciar otras áreas sociales.
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Rachell Matamoros
