Fotografía: Telenoticias.
La Fuerza Pública dedica recursos millonarios para frenar la actividad minera ilícita en una de las zonas más conflictivas de Costa Rica
La minería ilegal en Crucitas: un problema creciente
La minería ilegal en Crucitas, específicamente en las más de 900 hectáreas de los cerros Botija, Fortuna y Mirador, sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales y de seguridad en Costa Rica. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, esta actividad ilícita continúa expandiéndose, involucrando a coligalleros que, utilizando herramientas rudimentarias, extraen oro de forma ilegal, causando graves daños ecológicos y sociales.
El subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, ofreció un panorama alarmante sobre el costo de los esfuerzos de seguridad en la región durante una reunión en la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Según sus estimaciones, el Estado costarricense invierte cientos de millones de colones mensuales para hacer frente a la minería ilegal.
El impacto económico: $1 millón al mes
Los esfuerzos policiales en la zona de Crucitas no son baratos. El costo mensual de mantener la presencia de la Fuerza Pública en la región asciende a más de 500 millones de colones (aproximadamente $1 millón de dólares), lo que incluye gastos de salarios de los oficiales, alimentación, combustible y mantenimiento de vehículos especializados.
Valenciano explicó que la zona está dividida en 36 puntos de extracción de oro, que son utilizados de manera constante por los mineros ilegales. En total, 100 policías trabajan en un área de solo 3 km², con 25 oficiales por turno, lo que limita la capacidad de respuesta y hace que el desafío de frenar la minería ilegal sea aún mayor.
Incautaciones y detenciones: una lucha constante
Desde 2022, las autoridades han llevado a cabo más de 1,900 detenciones relacionadas con la minería ilegal. Estas incluyen 877 arrestos por violaciones de la Ley de Migración, 600 detenciones por delitos vinculados a la minería, y 129 por consumo y tenencia de drogas.
Una de las principales preocupaciones de la Fuerza Pública ha sido el creciente número de coligalleros nicaragüenses, quienes constituyen el 80% de los detenidos, a menudo trabajando de manera irregular en el país.
Las incautaciones de herramientas y materiales relacionados con la minería ilegal han sido constantes, destacando el decomiso de 222 tómbolas de hierro, 49 vehículos, más de 23 millones de colones, 145,277 dosis de marihuana y 6,812 gramos de mercurio.
El costo de los insumos: un gasto significativo
Uno de los mayores costos derivados de la lucha contra la minería ilegal en Crucitas es la adquisición de insumos para la Fuerza Pública. Según Valenciano, los gastos más elevados incluyen:
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Salarios de los policías: ₡308 millones por mes.
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Alimentación: ₡93 millones mensuales.
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Combustible: ₡53 millones para vehículos tipo pick-up.
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Transporte en busetas: ₡11 millones.
La situación es aún más compleja debido a la estrategia de los mineros ilegales, quienes, ante la presión de las autoridades, han comenzado a traer materiales y herramientas a través de ríos desde Nicaragua, eludiendo los operativos de control.
Los costos de los materiales decomisados: una cifra alarmante
Pablo Rodríguez, regidor de la Municipalidad de San Carlos, destacó el valor significativo de los materiales incautados. El total de las 222 tómbolas y rotomartillos decomisados supera los $3.5 millones de dólares, lo que resalta la magnitud de los recursos que están siendo utilizados por los mineros ilegales en la región.
Progreso y retos: ¿cómo avanzar en la lucha?
A pesar de los esfuerzos y las inversiones millonarias, la lucha contra la minería ilegal en Crucitas aún enfrenta grandes retos. Desde marzo de 2024, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, había señalado que los costos operativos para controlar la minería ilegal ascendían a ₡60 millones mensuales, cuando solo se contaba con 25 oficiales en la zona.
Sin embargo, con el aumento de los recursos destinados a este combate, las autoridades continúan enfrentando obstáculos significativos, especialmente en lo que respecta a la coordinación transnacional y el tráfico ilícito de materiales.
