Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de Costa Rica está conformado por distintos sectores, tanto educativos como sociales.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y otros sectores se pronunciaron en contra del Poder Ejecutivo y lo acusaron como responsable de la ausencia de diálogo y pérdida de la agenda social del país.
Según exponen en el pronunciamiento, el Ejecutivo ha abandonado pilares importantes en la democracia del país, con la profundización de la crisis educativa y el incremento de la ola de violencia.
“Los sectores sociales y productivos externamos nuestra profunda preocupación y reprobamos las recientes acciones y omisiones del Poder Ejecutivo, las cuales reflejan un abandono del diálogo social y constituyen un ataque directo a la educación pública y seguridad ciudadana en Costa Rica”, exponen.
A esto, añaden el congelamiento que hizo el Ministerio de Hacienda de los ₡7.710 millones destinados al programa de becas Avancemos, donde dicha situación afectará aún más a los estudiantes en pobreza extrema.
Por su parte, señalaron que este año se inició con una escalada sin precedentes de violencia contra las mujeres en menos de 24 horas el pasado lunes 27 de enero, donde se registraron tres femicidios en Heredia, San Carlos y Talamanca.
Es evidente la falta de atención y estrategias efectivas por parte del Poder Ejecutivos, de recursos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, así como la evidente consolidación del crimen organizado.
Tal y como lo menciona el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, que no cuenta con los recursos suficientes para frenar esta ola de femicidios, agregaron los sectores en el pronunciamiento.
La Mesa Nacional de Diálogo Social exige lo siguiente al Poder Ejecutivo:
Implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, dotando de los recursos necesarios a las instituciones claves encargadas de la seguridad y protección de las mujeres.
Liberar de inmediato los fondos destinados a becas estudiantiles e instituciones en materia de inversión social, garantizando el acceso a la educación pública de calidad, para el estudiantado en situación de vulnerabilidad económica.
Restituir los programas de educación afectiva y sexual integral, así como los como protocolos contra el bullying, basados en evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos.
Respetar la independencia de los poderes del Estado, fomentando el diálogo.
Abrir los mecanismos de diálogo y consulta con aquellas comunidades y sociedad civil organizada, que demandan afectaciones ante instrumentos de planificación, como planes reguladores u ordenamiento territorial, que no se adecuan a las realidades del territorio.
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Rachell Matamoros
