Estados Unidos advirtió este jueves que la elección popular de jueces planteada por el gobierno de México “amenaza” la relación comercial entre los dos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
“El debate sobre la elección directa popular de jueces (…), así como la política feroz que se va a ver acá (…) amenazan la histórica relación comercial que hemos construido”, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en una declaración a la prensa.
La propuesta del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador también “representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México”, recalcó el diplomático.
Salazar consideró además que la iniciativa podría “hacer más fácil que los cárteles (del narcotráfico) y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador y que asume el 1 de octubre, reaccionó, aunque sin mencionar a Salazar, en la red social X.
“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, zanjó la próxima mandataria, quien ha mostrado su apoyo incondicional a la reforma.
Sin embargo, según medios mexicanos, Sheinbaum se reunió la noche del jueves con los líderes del Legislativo para analizar potenciales modificaciones a la polémica propuesta.
México es el principal socio comercial de Estados Unidos, tras desplazar a China en 2023. Ambos países integran el tratado de libre comercio (T-MEC) junto con Canadá.
El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, también mostró la preocupación que existe entre los inversionistas de ese país durante un encuentro de la cámara de comercio canadiense.
“Mis inversionistas están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”, dijo el diplomático.
La elección de jueces y magistrados por voto popular hace parte de una reforma al poder judicial planteada al Congreso por López Obrador, quien finalizará su mandato el 1 de octubre.
El gobernante envió al Legislativo un total de 23 propuestas de reforma constitucional que abarcan, además, la seguridad social, la salud, el sector energético y el sistema electoral.
Esta agenda será abordada en la legislatura que arrancará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para lograr su aprobación.
Litigios comerciales
Aunque el embajador sostuvo que una reforma de la justicia en México es necesaria, subrayó que la iniciativa actual no ayudará a combatir la corrupción, como promete López Obrador.
La arremetida de Salazar contra el proyecto de reforma supone su más duro pronunciamiento en tres años y medio como embajador en México, durante los cuales ha mantenido una estrecha relación con López Obrador.
La iniciativa ya causó un dolor de cabeza al mandatario, que desde el pasado lunes enfrenta una huelga en el poder judicial en rechazo a la elección de jueces y la posible eliminación de prestaciones laborales.
Las críticas del embajador ocurren un día antes de una decisión clave por parte de la autoridad electoral, que este viernes deberá confirmar si el partido oficialista y sus aliados tendrán supermayoría legislativa, como anticipan las proyecciones oficiales.
Salazar previó que los cambios desaten litigios en el marco del T-MEC, remarcando que las relaciones comerciales “deben tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial (…) no esté sujeto a la corrupción de la política”.
En un informe a sus clientes, analistas del banco privado Citibanamex advirtieron que los cambios a la Constitución darían lugar a “una nueva configuración de las reglas del intercambio social, económico y político” en México, segunda economía latinoamericana.
La posibilidad de que se aprueben esos cambios ya provocó una caída del peso mexicano en su cotización frente al dólar poco después de las presidenciales.
Impunidad
López Obrador argumenta que la reforma apunta a sanear el poder judicial, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios de los altos cargos, además de servir a intereses privados y a la delincuencia.
De cada 100 delitos que se denuncian en México, solo 14 son resueltos, según la oenegé Impunidad Cero.
Pero analistas sostienen que la reforma no propone cambios a las fiscalías locales, saturadas de expedientes y cuestionadas en sus capacidades investigativas y en su transparencia. Diariamente deben atender un promedio de 80 homicidios.
Los empleados judiciales denuncian que la iniciativa de reforma elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder por ejemplo a un cargo de juez federal.
