Las medidas del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, como la última “oleada de detenciones injustas”, representan una “amenaza” para la seguridad de Estados Unidos, afirmó este martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
El sábado oenegés y medios de prensa nicaragüenses en el exilio denunciaron el arresto de una decena de personas en Nicaragua, entre ellos un periodista, durante una redada policial en los departamentos de León (noroeste) y Masaya (suroeste).
Los arrestos se produjeron tras la aprobación de una reforma constitucional que da poder absoluto a Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“Las acciones de Ortega/Murillo, incluida otra oleada de detenciones injustas durante el fin de semana, siguen suponiendo una amenaza” para la seguridad de Washington, denunció Nichols en un mensaje en la red social X.
El viernes el presidente demócrata Joe Biden ordenó prolongar por un año la declaración de emergencia nacional por la “amenaza” que representa la situación en Nicaragua para “la seguridad nacional y la política exterior” del país.
En un comunicado Biden, que será sustituido en el cargo el 20 de enero por el republicano Donald Trump, cita “la respuesta violenta” a las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018.
Hace hincapié asimismo en “el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho”, el “uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles”, así como la corrupción “que conduce a la desestabilización de la economía”.
Por este motivo decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 siga en vigor una vez que expire este miércoles.
Las protestas antigubernamentales de 2018, que se prolongaron al menos tres meses con bloqueos de carreteras y enfrentamientos, se saldaron con más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega las vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al gobierno de Nicaragua por sus medidas contra los opositores, muchos de los cuales fueron detenidos, se vieron obligados a exiliarse o despojados de su nacionalidad. Además Managua ha prohibido más de 5.300 organizaciones.