Un nuevo capítulo se suma al conflicto por el acceso a las playas Blanca y Mantas, en el Pacífico Central costarricense. El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea acogió una medida cautelar provisionalísima interpuesta por Real de Punta Leona y otra sociedad privada, ordenando a la Municipalidad de Garabito abstenerse de intervenir en una propiedad donde se ubican estructuras que restringen el ingreso vehicular.
Esta resolución judicial detiene, al menos de forma temporal, el intento de demolición de las denominadas “agujas” colocadas en la entrada de la finca matrícula 6-25531-000, una vía de acceso que se mantiene bajo dominio privado.
¿Qué implica esta medida judicial?
La decisión se enmarca dentro de las medidas que un tribunal puede tomar cuando hay riesgo inminente de daño irreparable mientras se resuelve el fondo del caso. De acuerdo con Punta Leona, esta acción busca proteger el derecho a la propiedad privada conforme a la Constitución Política y el Código Civil, permitiéndoles conservar el control sobre los accesos internos del complejo, sin excluir el uso conforme a derecho.
“Con esta medida, se garantiza que no se tomen decisiones unilaterales sin un debido proceso legal”, señaló Punta Leona en un comunicado oficial emitido la noche del martes.
Origen de la disputa: accesos vs. propiedad
El enfrentamiento legal tomó fuerza el pasado 2 de julio, cuando Francisco González, alcalde de Garabito, se apersonó al lugar con la intención de remover las estructuras que –según su criterio– obstaculizan el acceso público a las playas. Punta Leona reaccionó rápidamente presentando documentación legal y solicitando la intervención judicial.
Según Miguel Fernández, gerente general del complejo turístico, el Gobierno local fue advertido con antelación mediante documentos legales. Sin embargo, alega que solo recibió una orden verbal sin respaldo técnico, lo que motivó la acción judicial.
Dos posturas enfrentadas
Punta Leona: “El acceso existe”
El representante de Punta Leona afirma que sí existe una ruta pública hacia la playa, y que las acciones del gobierno local han sido infundadas. Además, sostiene que las estructuras en cuestión están dentro de una propiedad privada, compartida con otros propietarios que también defienden sus derechos legales.
“No se impide el libre acceso a la playa, simplemente se protege el ingreso privado”, declaró Fernández.
Municipalidad: “No se puede cerrar lo que es de todos”
Por su parte, el alcalde insiste en que el acceso está bloqueado por construcciones ilegales, y que su intención es “liberar la playa” para garantizar el uso público. Incluso aseguró que si no se puede ingresar a través de Punta Leona, se explorarán otras rutas públicas alternativas.
“No vamos a invadir propiedad privada, pero si ellos cercan un espacio público, deben dejar el acceso abierto”, sostuvo González.
¿Qué sigue en este proceso?
El Tribunal otorgó un plazo para que la Municipalidad de Garabito responda por escrito a la medida cautelar. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del gobierno local. Se espera que este proceso avance hacia una audiencia formal donde se discuta a fondo la legalidad del acceso y el derecho a la propiedad.
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