Martha Rodríguez, directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció que desde la institución se insiste en mantener los contratos que dieron origen al caso Barrenador.
Durante la sesión de la Junta Directiva de este jueves, cuestionó que la Gerencia Médica haya solicitado en múltiples ocasiones ampliaciones al criterio de la Dirección Jurídica, el cual recomienda anular los contratos adjudicados a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
Rodríguez afirmó que se está “tratando de salvar una licitación con sobreprecios”, pese a que no cuenta con la razonabilidad de costos.
“No puedo pensar que le estemos diciendo a la Dirección Jurídica que cambie su opinión, yo eso no lo puedo aceptar, por mantener la privatización de servicios a cualquier costo. Ya me extrañaba tantas consultas en este tema, lo veo con claridad que lo que quieren es de alguna manera continuar. La Contraloría fue clarísima, la Fiscalía también y no tengo la menor duda de que lo que se está tratando de hacer, no sé si es de la Gerencia Médica, pero me parece que no quieren aceptar de que hay una nulidad absoluta de que había sobreprecios así establecidos por los criterios técnicos”, manifestó Rodríguez.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, intentó silenciar a Rodríguez al señalar que sus declaraciones eran “una simple opinión”.
La adjudicación del caso Barrenador abarca la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
Las cooperativas a las que se adjudicaron contratos con presuntos sobreprecios son Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
La Fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo sobre el cual habrían ejercido control. Además, se les señala por haber influido sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones en beneficio de las cooperativas.
Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo que pudo haber generado una ventaja indebida para estos.
Asimismo, se investiga el plazo de contratación del servicio adjudicado, ya que la Ley de Contratación Pública establece un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, en este caso se otorgó por 10 años.
Entre los detenidos en los allanamientos del pasado 23 de septiembre figuran la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez; María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la Junta Directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; así como Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y, tras quedar en libertad, se les impusieron medidas cautelares.
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Ambar Segura
