Gilberth Alfaro, director jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), comentó que actualmente están a la espera de información por parte de la administración activa para analizar si le dan el aval al proyecto de venta de medicamentos que ha sido impulsado por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva suspendida.
Durante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS, Alfaro explicó que la primera propuesta que recibieron tenía información “muy raquítica, muy poca, sin sustento técnico, sin criterio técnico, sin costos, sin hoja de ruta“, por lo que debieron rechazarla.
La segunda propuesta también fue rechazada, ya que se pretendía utilizar la figura de alianzas estratégicas, pese a que la CCSS no está autorizada a utilizarla. Alfaro explicó que esta vez el proyecto era “un poquito más sólido”.
Cuando se les presentó esta segunda versión, la Dirección Jurídica consideró que el modelo no resultaba viable por medio de alianzas estratégicas, ya que la CCSS no está autorizada porque no es ni una empresa, ni un comercio, según la Ley General de Contratación Pública.
Las alianzas estratégicas se encuentran exceptuadas de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley General de Contratación Pública cuando se trate de lograr ventajas competitivas, conforme con el giro de negocio de cada parte y lo regulado al respecto en la ley que las autoriza (…)
(…) se procede a devolver sin el visto bueno desde el ámbito legal la propuesta (…) así como la propuesta de contrato, al no constar los informes y documentos que permitan considerar que la Institución se encuentra habilitada legalmente para proceder a aplicar la excepción señalada (…), concluyó la dirección., indicó la Dirección Jurídica.
Recientemente, les presentaron una “propuesta más ajustada, más madura, más cerca de una posiblidad de hacerse. La Dirección Jurídica hizo una serie de señalamientos de objeción, por lo que la administración activa debe enviarles “unos requisitos y unas formalidades” que se solicitaron para analizar el aval.
El jueves 30 de mayo se presentó en sesión de Junta la propuesta para vender medicamentos a la población y a empresas distribuidoras, “para reducir el precio de las medicinas”.
La propuesta ha sido criticada por diversos sectores por ser una promesa del actual gobierno. Algunos sectores la consideran una manera de privatizar la Caja.
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Ambar Segura
